“Disolver el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), ente de derecho público no estatal”. Eso es lo que propone el único artículo relevante de un proyecto de ley presentado por la diputada del PRO Sofía Brambilla, acompañada por una veintena de legisladores entre los que también figura la reciente candidata del macrismo porteña Silvia Lospennato, que están mostrando cero empatía con la situación de quebranto que viven los pequeños productores de yerba mate desde que se desreguló de facto ese organismo, tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023.
La explicación probable es que la diputada Brambilla proviene de Corrientes, que es una provincia que siempre se ha mostrado opositora a la regulación de esa economía regional. Mientras que en Misiones -donde apoyan el INYM- se produce la mayor cantidad de yerba en manos de miles de pequeños productores, en Corrientes tienen su sede varias de las empresas yerbateras que concentran cerca de la mitad de las ventas totales al consumidor final.
Para la legisladora correntina no parece haber término medio en esta discusión. Por eso su proyecto de ley propone la disolución de INYM, un ente mixto pero que depende de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y que tenía como principal función fijar precios de referencia para el precio de la materia prima, de modo de evitar que los colonos misioneros cobren por esa hoja verde un valor menor a sus costos.
“Durante más de 20 años el INYM funcionó como una estructura burocrática que lejos de potenciar al sector, lo ahogó con regulaciones innecesarias, superposición de funciones y costos que nunca se tradujeron en beneficios para los verdaderos protagonistas de la yerba mate: los productores, los industriales y los exportadores. Además la falta de rendición de cuentas generó desconfianza en todo el sector y puso en duda la eficacia del mismo”, afirmó Brambilla en los justificativos de su iniciativa.
El proyecto contempla la derogación de la Ley 25.564, su decreto reglamentario y normas conexas, la disolución del INYM y la transferencia de todos los recursos del instituto a la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería. Luego, con el patrimonio y recursos del INYM se conformaría un Fondo provisorio, que será administrado por la Secretaría y se destinararía exclusivamente a los integrantes de la cadena productiva.
“Con este proyecto, se busca dar respuestas a las reiteradas demandas de quienes todos los días trabajan la tierra, industrializan y exportan uno de nuestros productos más representativos”, afirmó la legisladora PRO, que obtuvo el respaldo de otros 20 diputados como Damián Arabia, Gerardo Millman, Sergio Capozzi, Karina Bachey, José Núñez, Aníbal Tortoriello, Germana Figueroa Casas, Alejandro Bongiovanni, María Inés Quiroz, Martín Ardohain, Ana Clara Romero, Nancy Ballejos, Paula Omodeo, Beltrán Benedit, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, María Sotolano y Alida Mónica Ferreyra.
Este es el proyecto:
Mientras tanto, en Misiones hay sectores que dan por descartada la reanimación del INYM (que en los hechos no funciona porque el gobierno de Javier Milei nunca designó a un presidente que convoque a las reuniones) y exigen al gobierno provincial la conformación de un organismo semejante, pero a nivel provincial. Este Instituto Misionero de la Yerba Mate retomaría la fijación de regulaciones, en defensa del sector de pequeños productores.
Este viernes, detrás de este objetivo, habrá una asamblea en la localidad de San Vicente, donde se analizará la posibilidad de retomar medidas de protesta, ya que los colonos misioneros vienen cobrando por la yerba mucho menos de sus costos productivos. Estos fueron calculados por el INYM residual en unos 380 pesos por kilo de hoja verde puesta en secadero, cuando la mayor arte de los productores están cobrando 280 pesos o menos.
