El recambio generacional en el campo es un tema espinoso por estos días. En muchos casos la tradición ruralista de las familias se ve interrumpida por no tener quien continúe las tareas de antaño. Esto se evidencia mayormente en la lechería, que es una actividad que requiere de compromiso, y los jóvenes mayormente son reacios a esto. También las condiciones de vida de los establecimientos, la falta de acceso a una conectividad firme atenta contra el proceso de legado familiar.
Esto sucede en Argentina y el mundo. Europa, que se caracteriza por tener una población entrada en años, y más el sector agrícola, está tomando nota de esto y puso manos a la acción para evitarlo.
En España esto es también una asignatura pendiente. La diferencia es que en el país europeo las autoridades tomaron cartas en el asunto de los principales motivos de esta situación y están buscando soluciones para evitar que los jóvenes abandonen la producción agropecuaria. Mientras, en Argentina, las políticas destinadas al sector alejan a jóvenes o veteranos por igual.
Comparándolo con la necesidad de avanzar en la transición a una producción más ecológica, el Estado español está trabajando para garantizar el relevo generacional, uno de los desafíos más apremiantes dentro del sector agrícola, según declaraciones de Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación a Efeagro.
Convencida de que “la actividad agraria en España necesita a la juventud”, García Bernal contó que desde su cartera llevan adelante distintas líneas de trabajo para derribar los principales obstáculos que le impiden a los jóvenes españoles continuar vinculados a la agricultura.
En este sentido, la funcionaria hizo referencia a la creación de un grupo de trabajo para estudiar las alternativas y posibles soluciones para recuperar tierras abandonadas y promover su aprovechamiento. Todo esto sin perder de vista las principales causas por las que las nuevas generaciones no desean continuar en la agricultura. Entre ellas la dificultad de acceso a la tierra, problemas para encontrar financiación adecuada y la necesidad de formación y conocimiento sobre las particularidades del sector.
A tono con estos proyectos, se destaca el caso concreto de Aragón, que ha lanzado una convocatoria para incentivar a los jóvenes productores. Vigente hasta el 5 de febrero próximo, la política consiste en destinar 18 millones de euros, para subvencionar a jóvenes que quieran o recientemente hayan empezado a emprender en el negocio agrícola. asi como ayudar aquellos que tengan la intención de modernizar sus establecimientos productivos. Exactamente al revés de lo que sucede en Argentina.
Según publicó el sitio local Agrodigital.com el presupuesto total está dividido de la siguiente forma: 14 millones de euros para el establecimiento de los jóvenes agricultores, mientras que los 4 millones restantes serán distribuidos entre los que soliciten un subsidio para modernizar la tecnología en sus explotaciones agrícolas. El monto se entregará en tres mensualidades por año y se extenderá hasta el 2027, fecha en la que debe concluir el plan estratégico.
Además detallaron que el monto mínimo subvencionable es de 6.000 euros, mientras que el máximo alcanzaría los 200 mil euros. No obstante, los jóvenes productores podrán incrementar este valor hasta en un 25% dependiendo de ciertos factores. Por ejemplo la ubicación en zonas de montañas.
Por otro lado y como parte de las estrategias para mantener la productividad e incentivar a los jóvenes a mantenerse trabajando la tierra, el gobierno español trabaja en la adopción de una ley de agricultura familiar pensada para abordar esencialmente la problemática del relevo generacional y hacerle frente al envejecimiento de la población agraria.
Asimismo, la Secretaría de Agricultura de este país, ha puesto en valor la necesidad de informar a los jóvenes sobre las ayudas a las que tienen acceso. Para eso han creado la guía digital Tierra Firme, cuyo contenido repasa las facilidades que están a disposición de este grupo etario, ya sea dentro de la Unión Europea, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
