Ricardo “Ricjy” Miccino conoce bastante bien las dos caras de una discusión que suele resultar incómoda cuando aparece en los pueblos agropecuarios. Antes de llegar al gobierno municipal de Chascomús integró organizaciones ambientalistas que discutían, entre otras cosas, la gestión de los residuos y el uso de agroquímicos. Después, el partido vecinal al que se incorporó ganó las elecciones y tuvo que pasar de reclamar soluciones a intentar instrumentarlas.
“Nos hacemos cargo de lo que proponíamos”, resumió Miccino durante una entrevista con Bichos de Campo en la que recordó que su llegada a la política estuvo vinculada con el colectivo Basura Cero y con un partido vecinal que tenía una fuerte impronta ambiental. “Nos llaman el Partido Verde en Chascomús”, explicó. Esa fuerza ganó las elecciones municipales a fines de 2015 y todavía sigue discutiendo las cosas públicas.
“Nosotros hacemos cosas. Muchas salen bien y algunas, por supuesto, salen mal, pero lo reconocemos y tratamos de mejorarlo. Yo siempre digo que es una mentira que no haya problemas. El tema es si uno, cuando hay un problema, lo quiere resolver o lo quiere tapar”, afirmó.
Mirá la entrevista completa:
Uno de esos problemas de tono ambiental que se encontraron fue precisamente qué hacer con las aplicaciones de agroquímicos en un distrito con una importante actividad agropecuaria. Según relató Miccino, el debate tomó fuerza a partir de la actividad de la asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús y derivó en la discusión de una ordenanza dentro del Concejo Deliberante.
No fue un trámite rápido. “Fue todo un proceso de un año de discusión”, recordó. Según explicó, durante ese período participaron sectores con posiciones muy diferentes, desde quienes defendían la posibilidad de realizar aplicaciones hasta quienes proponían directamente prohibirlas.
El resultado fue una normativa que estableció distintas zonas y condiciones de aplicación. “La ordenanza planteó zonas de exclusión, zonas donde se puede aplicar con cierta clase de productos y zonas libres, y nos dio al municipio el poder de policía en todo el distrito”, explicó Miccino.
Ese último punto, a su entender, es una de las particularidades del esquema de Chascomús, porque permite al municipio controlar las aplicaciones no solamente en las denominadas zonas sensibles.
El funcionario destacó además que la normativa intenta distribuir las responsabilidades a lo largo de toda la cadena. “No solamente hicimos hincapié en el aplicador, que evidentemente es un responsable de la cadena pero termina siendo un empleado o un contratista del verdadero responsable, que es el productor, el dueño del campo o quien lo alquila”, señaló.
Por eso, agregó, “nuestra ordenanza pone responsabilidad en las aplicaciones tanto en el productor como en el aplicador y podemos accionar sobre los dos”.
Otro de los puntos centrales del sistema es la receta agronómica. Miccino recordó que la legislación bonaerense exige la intervención de un profesional para determinadas aplicaciones y que desde 2017 el procedimiento puede realizarse de manera digital. “Así como cuando yo voy a la farmacia y pido un antibiótico necesito una receta, para cada aplicación tiene que haber una receta agronómica”, comparó.
Fue entonces cuando aportó uno de los datos más fuertes de la entrevista. Según Miccino, en la provincia de Buenos Aires solamente alrededor del 15% de las aplicaciones cumpliría efectivamente con ese requisito. “Por cada 100 aplicaciones solamente 15 registran y hacen la receta agronómica”, sostuvo.
Ese porcentaje, aclaró, sería bastante mayor en Chascomús como consecuencia de los controles municipales. “Nosotros, con el tema del poder de policía y estar controlando, hemos elevado esta cifra alrededor del 70%”, afirmó.
El funcionario reconoció que todavía falta camino por recorrer, pero aseguró que la situación mejoró considerablemente. “Hemos podido resolver un problema. No se fumiga cerca de una escuela, no están los aparatos aplicadores circulando libremente por el centro de la ciudad”, ejemplificó.
Cuando los inspectores detectan una aplicación sin la documentación correspondiente, explicó, las sanciones alcanzan tanto al aplicador como al productor. “Se hace una multa muy grande al productor y al aplicador y, si no se emitió la receta agronómica, también lo informamos al Ministerio para que actúe”, explicó.
Para Miccino, buena parte del problema con las normas vinculadas a las buenas prácticas agropecuarias aparece precisamente cuando falla el control. Pero su postura no consiste solamente en restringir las aplicaciones. El municipio creó además una Dirección de Agroecología y Biodiversidad para fomentar modelos productivos que disminuyan el uso de insumos químicos.
“Siempre tiene que haber un sí. Primero tiene que estar el proceso en marcha. No podés decir a todo que no porque no podés hacer nada. Evidentemente la producción es importantísima”, señaló.
Miccino insistió varias veces en que su posición no debe interpretarse como un enfrentamiento con el sector agropecuario. “Muchas veces cuando uno controla dicen que está en contra del campo. Mentira. No estamos contra el campo, queremos un campo sano y que produzca alimentos”, afirmó.
Su planteo avanza además sobre una discusión económica. El funcionario cuestionó la dependencia de insumos de los sistemas agrícolas convencionales y sostuvo que la rentabilidad no debe medirse solamente por los ingresos obtenidos sino también por los costos necesarios para producir.
“El negocio agropecuario tiene que autosustentarse”, afirmó. Según Miccino, los modelos agroecológicos pueden convertirse en una alternativa porque reducen algunos de esos costos y, además, mejoran determinadas características del suelo.
En ese punto puso como referencia experiencias productivas que conoce de la región, entre ellas establecimientos que desde hace años trabajan bajo esquemas agroecológicos o con ganadería sobre pastizales. Su argumento es que esos sistemas pueden presentar ventajas frente a períodos de sequía o excesos hídricos.
“Cuando hay una sequía, un campo agroecológico, como tiene más materia orgánica, está más esponjoso y conserva más humedad. Entonces tengo un período mayor en el que el campo es productivo”, explicó. Y agregó que algo similar ocurre frente a las lluvias intensas, porque un suelo con mejores condiciones de infiltración tendría mayor capacidad para absorber el agua. “No digo que no se vaya a inundar, porque cualquier lugar es inundable con suficiente cantidad de agua, pero el campo agroecológico tiene esa ventaja”, aclaró.
Miccino también vinculó la discusión productiva con los problemas ambientales que observa en Chascomús, particularmente en sus espejos de agua. Mencionó allí la eutrofización, es decir, el aumento excesivo de nutrientes en lagunas y otros cuerpos de agua, y planteó que parte de esas cargas puede estar asociada al ingreso de nutrientes provenientes de la actividad productiva.
Más allá de esas discusiones, Miccino reconoció que modificar sistemas productivos consolidados durante décadas no es sencillo y que un municipio tiene herramientas limitadas frente a actores económicos con mucha mayor capacidad de comunicación y recursos. “Todo son procesos. Nada cambia de un día para el otro”, reconoció.
A su juicio, el cambio se produce fundamentalmente cuando los propios productores pueden observar experiencias cercanas que funcionan. “Cuando lo empiezan a ver en un vecino y dicen: ‘Che, mirá vos, mi pasto está seco y el de esta persona está verde’, ahí empiezan a mirar qué está haciendo distinto”, sostuvo.
Por eso, frente a la pregunta sobre si realmente es posible dar desde un municipio una discusión tan profunda sobre las formas de producir, Miccino no prometió resultados inmediatos. “Lo estamos intentando y es necesario hacerlo. La batalla que está perdida es la que no se inicia”, respondió.
“Es una batalla por la salud de la gente, por el bienestar de la gente, por la salud del campo y por la producción también”, se despidió.
