Mientras en el ámbito de los equipos económicos del gobierno nacional existen –luego del fracaso de la herramienta diseñada por el Banco Central (BCRA)– diferentes opiniones sobre cómo incentivar la comercialización de soja para incrementar las prácticamente nulas reservas de divisas, los productores siguen con escaso apetito por desprenderse de la única “moneda” fuerte presente en el mercado argentino.
Eso porque el poroto de soja sigue operando como un instrumento de reserva de valor ante la creciente inestabilidad monetaria, económica y también política presente en el país.
Al 24 de agosto pasado, los productores argentinos –según los últimos datos oficiales informados hoy martes– habían vendido 22,7 millones de toneladas de soja 2021/22, una cifra que representa un 51,6% de la cosecha estimada por el Ministerio de Agricultura (44,0 millones de toneladas).
Se trata una cifra 10,3 puntos más baja que la del promedio de los tres ciclos inmediatos anteriores, que a la fecha registraban una media de soja comercializada del 61,9% de la producción total.
Vale tener en cuenta que el último año climático normal fue el 2018/19 con una cosecha argentina de soja de 55,2 millones de toneladas. Luego, se lograron 49,0 millones de toneladas en el ciclo 2019/20 y los números fueron aún más “flojos” con la llegada de la fase “Niña”: 46,0 millones en 2020/21 y apenas 44,0 millones en 2021/22 (la mala noticia es que viene en camino una tercera campaña “Niña”).
Es decir: el verdadero drama, más allá del retraso relativo en la comercialización, es la falta de volumen físico de soja generada por restricciones hídricas provocadas por dos años consecutivos de una fase “Niña” que recortó la cosecha lograda de soja tanto en 2021 como en el presente año.
Sin ese condicionante climático, se habría logrado una cosecha abundante de soja y muy seguramente, aun con retención de mercadería por parte de los productores, el volumen comercializado a la fecha sería suficiente para abastecer las necesidades del BCRA en lo relativo a contar con divisas para abonar deuda pública e importaciones.
