“Esto es un organismo técnico y no recibe aprietes de ningún político. Lo que hemos tenido sí son algunas sugerencias por cuestiones comerciales, pero que se analizaron técnicamente y no se consideraron riesgosas”, dijo el presidente del Senasa, Pablo Cortese, ante una delegación de las cámaras de la industria veterinaria local, que está sumamente preocupada luego de la “desregulación” de las importaciones de dichos insumos para una serie de países considerados “equivalentes” por las autoridades nacionales.
De ese modo, Cortese finalmente reconoció lo mismo que quería camuflar: que funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) intercedieron ante Senasa para modificar una normativa técnica al parecer a medida de un solo producto veterinario de interés para el gobierno. No resultó necesario para el funcionario mencionar con nombre y apellido al emisor responsable de dicha “sugerencia”, pues todos en la reunión sabían que hacía referencia a Federico Sturzenegger, el ideólogo de esta reforma mayúscula en materia de importaciones de productos veterinarios contra la que habían ido a quejarse los representantes del sector veterinario.
Desde hace más de un año, incluso con el anuncio formal de parte del presidente Javier Milei en el acto de la Rural de Palermo 2024, este ministro interviene activamente en todos los niveles de gobierno para poder habilitar la importación de vacunas contra la fiebre aftosa, de modo de generar una competencia con los laboratorios que históricamente la proveen al país. El gobierno dice que la vacuna nacional está cara y cree que esto se resolverá trayendo el remedio desde otros países. Esta posición desató una guerra entre laboratorios.
En este contexto, el Senasa resolvió hace unos días modificar toda la normativa sobre importación de insumos y medicamentos veterinarios, incluyendo esas vacunas. En el nuevo sistema, el organismo determinó que hay una serie de países “equivalentes” de la Argentina (Estados Unidos, Japón, Israel y varios de la Unión Europea). Y resolvió que las empresas interesadas en vender sus productos aquí tendrán vía libre para hacerlo si los mismos provienen de dichos países, ya que se considerará válido el registro otorgado por cada uno de esos gobiernos.
Aunque tanto Sturzenegger como el ministro Luis Caputo anunciaron esta desregulación como otro pasó para ganar competitividad, es indisimulable la ligazón de esta reforma general en el negocio veterinario con la disputa existente n el mercado de la vacuna antiaftosa, en el que el ministro desregulador ya se ha anotado claramente en el bando de quienes impulsan la importación como medio de terminar con el denunciado “monopolio”.
Tanta es la relación entra ambas cosas, que el Senasa debió emitir el lunes pasado una resolución correctiva, porque en la primera (tres días antes) se había “olvidado” de incluir a la lista de países equivalentes a todos los socios del Mercosur: En la lista original estaba solo Uruguay, pero faltaban Paraguay y Brasil, en realidad los dos únicos países con posibilidades concretas de exportar la vacuna hacia la Argentina. Ahora que se los agregó, el laboratorio Tecnovax anunció que comenzará a traer vacuna antiaftosa de Brasil desde octubre próximo.
Los directivos de las dos cámaras de la industria veterinaria (Clamevet y Caprove) habían pedido una reunión urgente con el presidente del Senasa para exponer su profunda preocupación con la nueva norma que habilita no solo la importación de esa vacuna antiaftosa (mediante una excepción, si el gobierno lo consideraba realmente una necesidad, se podía haber resuelto), sino este escenario de apertura para todos los productos veterinarios de naciones falsamente “equivalentes”.
¿Por qué falsamente equivalentes? Bichos de Campo ya expuso las quejas de todas estas empresas porque no es cierto que se trate de naciones “equivalentes” con la Argentina, pues ninguna de ellas concederá a los productos veterinarios nacionales un trato recíproco cuando se intenta exportar a esos países. Por el contrario, sacar un registro en Estados Unidos o Europa para los medicamentos argentinos podría demorar varios años o ser directamente una misión imposible. Aquí, en cambio, el Senasa promete resolver los pedidos de los importadores en un plazo máximo de treinta días.
“Este tramite exprés es solo para importados, ya que los nacionales se comen ante Senasa el tiempo de una resolución anterior para la evaluación documental (90 días, mas 90 días por cada aclaración, 270 días en total) mas las pruebas de eficacia, inocuidad, etcétera. No seria raro que se judicialice el tema y creo que se exponen a problemas legales serios porque es muy obvio que lo de los biológicos esta hecho a medida”, dijo a este medio un conocedor de la letra chica dentro del Senasa, remarcando que esta desregulación empujada por Sturzenegger ni siquiera es “equivalente” para con las empresas locales.
Es lo que le dijeron los empresarios que el viernes visitaron a Cortese en su despacho, para que les brinde alguna explicación. Las cámaras anticiparon que podrían presentar amparos ante la justicia ya que, además, con esta resolución generalista se habilitaba el peligro de que, mediante una “sencilla triangulación” entre países, “cualquier tipo de amenaza sanitaria termine impactando en la ganadería y en la producción”.
“Ustedes están en todo el derecho de poner todos los amparos comerciales y legales que consideren, pero desde el punto de vista técnico, nosotros no tenemos más que agregar que darle la tranquilidad que no va a entrar ningún producto que esté por debajo de los estándares argentinos, que hoy queremos justamente preservar e incluso mejorar”, fue la respuesta de Cortese, tratando de llevar tranquilidad a los veterinarios. El funcionario tiene una larga trayectoria dentro del organismo, y se ha sostenido en el cargo de presidente por su visible cercanía con Sturzenegger, quien lo bancó frente a una avanzada de las huestes de Juan Pazo en Economía, que pretendían su cabeza.
Tratando de buscar una justificación a las extremas facilidades que se abren ahora para importar productos veterinarios sin registro, el funcionario técnico también reconoció que el Senasa estaba fallando en la autorización de nuevos productos, ya que la obtención de un nuevo registro podía llegar a demorar varios años. También admitió que el organismo hacía mucho más agua en la fiscalización. “Después lo que se vendía en la calle era cualquier cosa. No digo que ustedes lo hicieran, pero estoy cansado de ver cómo pasan en internet productos sin el sello de Senasa, venden en los hipódromos productos veterinarios sin autorización”, describió, como si no se tratase de su responsabilidad.
La queja de los laboratorios locales de productos veterinarios quedó planteada. Y también quedó expuesta la frágil situación institucional dentro de Senasa, un organismo que debería ser intachable (pues es el garante sanitario de todos los productos agropecuarios de la Argentina), pero que por ahora luce bastante improvisado y permeable a las “sugerencias” de la política de turno.
Dale. Que la fiebre aftosa tenga más posibilidades es una buena noticia.
Total el campo banca todo….