Tal como anticipó Bichos de Campo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) corrigió este lunes el listado de países considerados “equivalentes” por la Argentina para poder vender con mayor facilidad y sin necesidad de tramitar registros aquí sus insumos y medicamentos veterinarios. Con la inclusión de los países de todo el Mercosur al listado inicial, ahora sí está latente la posibilidad de que se pueda concretar alguna importación de vacuna contra la fiebre aftosa a menor precio, algo con la que el gobierno libertario viene amagando desde hace por lo menos un año sin éxito.
Con la Resolución 338/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Senasa enmendó la torpeza inicial (intencionada o no, no lo sabemos) en que había incurrido al dictar el viernes la Resolución 333/2025. Allí se dispuso que Argentina a partir de ahora aceptará que los insumos veterinarios aprobados por los Estados de una serie de países desarrollados no tengan que pasar también por el filtro del Senasa para venderse en el país. Ese listado, incluía a Estados Unidos, Japón, Suecia, Israel, Canadá, Austria, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Dinamarca, España e Italia, y Uruguay, como única nación latinoamericana.
Si el objetivo de esta medida, como alardearon los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, era finalmente destrabar la posibilidad de que ingrese vacuna contra la fiebre aftosa a un valor menor al del mercado, donde el gobierno afirma funciona un “monopolio” que infla los valores pagados por los ganaderos, aquella resolución no cumplía con tal objetivo, porque excluía a Brasil y Paraguay, los dos únicos países del Mercosur que tienen posibilidad real de producir aquella vacuna para introducirla en la Argentina.
El laboratorio Tecnovax, que fue hasta aquí el que ofreció importar la vacuna a mitad de precio, tiene firmado un contrato con su par paulista Ourofino. Pero esa dupla mal podría aprovechar esta “excepción” que se abre para los países “equivalentes” si en ese listado no figura Brasil.
Eso es lo que -como anticipó este medio- corrigió ahora el Senasa en su nueva resolución, que puso a muchos funcionarios -en especial a Sturzenegger- muy nerviosos durante este fin de semana para revertir la situación.
En el artículo 4° de la nueva normativa correctiva “se incorpora al Anexo de la mentada Resolución 333 a los países socios fundadores del Mercosur con estándares equivalentes a la República Argentina, en reemplazo de la República Oriental del Uruguay. A tales fines el referido Servicio Nacional dictará la normativa complementaria para establecer los requisitos para cumplir la referida incorporación”, se prometió.
Esta modificación, ahora sí, abre las puertas a las operaciones de operaciones de importación tan anheladas por el gobierno de Milei para “generar mayor competencia” en el mercado local de vacuna contra la fiebre aftosa, que es atendido por dos laboratorios nacionales, Biogénesis Bagó y CDV. Si retoman la producción, el atajo para vender en la Argentina -por equivalencia y sin un registro local- las vacunas de Brasil podría ser aprovechado tanto por Ourofino/Tecnovax como por Ceva, que también manifestó cierto interés.
Pero no es lo único. Según el folleto de la Fundación que se ocupa de la vacunación en Paraguay, Fundassa, también hay otros jugadores que podrían apelar a esta equivalencia. En esa lista figuran Galafto, que es elaborada por los Laboratorios paraguayos Galmedic; la vacuna Oleolauda del laboratorio Lauda SAP, también de ese país; y también la vaucna Bovicel, del grupo paraguayo Covepa, que cuenta con el respaldo de la multinacional MSD.
La resolución correctiva de Senasa, además de este ajuste clave en materia de fiebre aftosa (que podría tener su correlato en muchísimos otros productos veterinarios elaborados y aprobados en los países vecinos), además establece algunas otras condiciones para “obtener una autorización por equivalencia de productos veterinarios”. Para empezar, condiciona con los plazos al propio Senasa, que no podrá demorar más de 30 días en aprobar o rechazar cada pedido.
