Todo aquel que desee indagar o al menos rascar la superficie de la producción de cannabis en la provincia de Jujuy, el famoso “modelo jujeño” que promociona en sus spots el gobernador Gerardo Morales, rápidamente se encontrará con más preguntas que certezas. Lo que entre 2018 y 2019 se presentó como el proyecto más ambicioso y avanzado del país en esta materia, anunciado con toda la parafernalia característica de la política argentina y vinculado a empresas internacionales con vasta experiencia en ese sector productivo, hoy se redujo a en un proyecto estatal que se encuentra sostenido –en apariencia- solamente por el dinero del pueblo jujeño.
Hasta el año 2017, la producción de cannabis en Argentina era totalmente ilegal. Fue luego de la aprobación de la ley 27.350 que se estableció, por primera vez, “un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”. Allí, los privados podrían intervenir solamente en asociación con alguna institución del sector público como el Conicet, el INTA o las provincias.
Esta normativa también abrió paso a la importación de aceite de cannabis por parte de aquellos pacientes que tuvieran indicación médica. Si bien esto representó un gran avance en ese entonces, aún suponía importantes obstáculos teniendo en cuenta que el producto, que se conseguía en el exterior por 50 dólares, podía ingresar al territorio nacional con un valor que rondaba los 500 dólares.
En ese sentido, el anuncio por parte del gobernador jujeño de impulsar la producción local de cannabis, para garantizar el acceso de los ciudadanos a un aceite más económico y de calidad, supuso una gran noticia. De hecho, el presidente de la UCR y actual precandidato a presidente de la nación, sigue mencionando este proyecto junto al del litio, como parte del “modelo Jujuy” que busca instalar ahora en toda la Argentina.
Fue así que en 2018, a través de la ley provincial 6.088, se aprobó la creación de una “Sociedad del Estado bajo la denominación Cannabis Avatãra Sociedad del Estado”, también conocida como Cannava S.E (CUIT 30-71627410-8 y con domicilio fiscal en La Caridad 320, Barrio Chijra, San Salvador de Jujuy). La misma es presidida por Gastón Morales, el hijo del gobernador.
Según se indica en la página web de esa empresa, entre los meses de noviembre y diciembre de 2018 se realizaron las inscripciones correspondientes en AFIP, en la Dirección Provincial de Rentas (DPR) y se procedió con la apertura de las cuentas bancarias necesarias, “para dar inicio en 2019 con las todas las inscripciones correspondientes en los diferentes organismos nacionales y provinciales para la producción de los primeros productos de grado farmacéutico de industria nacional, elaborados íntegramente en la Provincia de Jujuy y comprendiendo todas las etapas del proceso de producción, desde el cultivo de la planta hasta su industrialización farmacéutica”.
En dicha web también se indica que en enero de 2019 comenzaron los desembolsos de dinero por parte de la provincia de Jujuy, que se mantienen hasta la actualidad aunque las cifras solo estén actualizadas hasta 2021, y que las erogaciones de la S.E “han sido respaldadas con fondos públicos de la provincia”.
En función del corte realizado hasta 2021, la provincia lleva invertidos casi 16 millones de dólares distribuidos entre las áreas de Administración, Bienes de Capital, Comercial, Comunicación, Donaciones, Impuestos, Intangibles, Investigación, Laboratorio y Producción.
Ahora bien, ¿son estos los únicos fondos que recibió la empresa dirigida por el hijo del gobernador? Todos los antecedentes indican que no.
Según fue anunciado por el propio gobierno jujeño a fines de 2018, Cannava S.E firmó un acuerdo comercial con una importante empresa norteamericana. Se trató de Green Leaf Farms (CUIT 30-71628186-4 y con domicilio fiscal en Paraná 586, CABA), una firma subsidiaria del grupo Player’s Network, dirigida por su CEO Mark Bradley.
Esta vinculación -que se firmó en la histórica finca estatal El Pongo en 2018, en presencia de Gerardo Morales y su hijo- no fue la única, sino que fue parte de una serie de “join ventures” o convenios que distintas empresas extranjeras -vinculadas a la producción y comercialización de cannabis a nivel mundial- firmaron con Cannava S.E en esos meses.
¿Qué otras empresas formaron parte de esos joint ventures? Entre las principales de las que se tienen datos se encuentran Aphria, una mega empresa canadiense que firmó parte de estos acuerdos a través de su filial APB; y Blueberries Medical, una compañía de capitales canadienses que en 2021 fue adquirida por el fondo de inversiones FLA Ventures, cuyos empresarios son propietarios del Grupo América y poseen relaciones con empresas de medicina prepaga.
Pero el caso puntual de Green Leaf es ciertamente el más llamativo, teniendo en cuenta que meses después de anunciar con bombos y platillos este nuevo proyecto de inversión, la firma se vio en la necesidad de presentar la quiebra. No obstante, es conveniente retroceder unos pasos.
A partir del acuerdo con Cannava, para 2019 la nueva sociedad entre Jujuy y Green Leaf contaba con permisos para “cultivar, extraer, fabricar y exportar productos a base de cannabis a otros países donde dichos productos son legales”.
“Este nuevo joint venture será el mayor proyecto legal de cultivo de cannabis en el mundo”, aseguró Mark Bradley a los medios en aquellos meses. Incluso en las redes de la empresa el norteamericano caracterizó al negocio como uno que estaba “haciendo historia”.
¿Y a qué se comprometía cada empresa en el marco de este acuerdo? Allí es donde comienzan a surgir muchas preguntas para las cuales el gobierno de Morales se niega a dar respuesta. Sin embargo, durante la época de los anuncios oficiales, varios portales jujeños recopilaron algunos puntos del proyecto que ciertamente sirven para reconstruir el escenario.
Según se indicó en 2018, se planificaba la implantación de los primeros cultivos para 2019, cuya siembra sería al aire libre. En principio se harían parcelas de prueba y luego se efectuaría cultivos de invernaderos a gran escala, en función de la demanda del mercado. Además, Green Leaf construiría un campus de apoyo y expansión con varios edificios, en donde se verían contenidas las distintas etapas de la producción, que emplearía nada menos que a más de 1.000 trabajadores.
En efecto, en las redes de Green Leaf se observan fotos de 2019 en las que se registró la construcción de varios invernaderos de considerable tamaño, aunque poco se observa de la producción a realizar, que supuestamente para enero de ese año ya debería haber estado en marcha. Tampoco existen registros oficiales del dinero que la firma norteamericana aportó dentro de este acuerdo a la provincia, algo que fue anunciado desde el propio gobierno, ni el destino que se le daría a eso. Lo que es más, ni siquiera se encuentran publicados los compromisos comerciales asumidos por la empresa estatal Cannava.
¿Qué responsabilidad tenía cada parte dentro de estos join ventures? ¿Cuánto dinero invirtió Green Leaf en este proyecto? ¿Fue la demora en la concreción de la producción, que recién acusó las primeras 50 presentaciones de aceite medicinal en 2022, el motivo de la quiebra de Green Leaf?
Para intentar entender qué ocurrió con los fondos, Bichos de Campo decidió consultar a distintas fuentes, entre ellas a la propia empresa estatal conducida por el hijo de Morales.
-¿Cómo fueron los acuerdos comerciales con las empresas del exterior, que finalmente ayudaron a apuntalar el trabajo en la finca El Pongo?- le preguntamos al área de comunicación de la firma.
-Nosotros somos una empresa estatal. Todas las inversiones que tenemos son del gobierno de la provincia de Jujuy, son del estado. En nuestra web tenemos la pestaña de Transparencia y ahí se puede hacer un seguimiento de todas las inversiones que se hicieron. Eso se actualiza anualmente, así que en unos meses más estará actualizada.
-Pero los join ventures existieron y fueron anunciados incluso por el propio gobierno de Jujuy.
-Fueron más que nada de transferencia de conocimiento, know how.
-¿Ustedes afirman que no hubo transferencia de dinero por parte de estas empresas? ¿Desconocen haber recibido dinero de otras empresas?
-Lo que tenemos como rendición de cuentas es lo que aparece en la página web. Es la única fuente que tenemos.
Esta respuesta de Cannava llama la atención, más aun si se tiene en cuenta lo que Hernán De Arriba, ingeniero agrónomo y vicepresidente de esa empresa que tiene a su cargo el área técnica del proyecto, dijo en 2019 a este medio en radio. Cabe aclarar que De Arriba fue contactado nuevamente este año pero no respondió.
“El rol de la empresa (por Green Leaf) es básicamente primero la inversión. El estado provincial no tiene que desembolsar ninguna suma importante en todo lo que implica el desarrollo de este proyecto. La función del estado es poner la tierra que es propiedad de la provincia, y en cierta forma regular todos estos acuerdos. Después, a través de distintos equipos técnicos, es adaptar a las condiciones locales todo el know how que traen estas empresas que ya vienen trabajando. Green Leaf es la empresa con la que hicimos el acuerdo ahora y hace más de 8 años que produce aceite”.
-¿De qué inversión estamos hablando?- le preguntó Bichos de Campo en esa ocasión.
-En esta primera etapa es una inversión de 500.000 dólares aproximadamente, pero obviamente es una etapa piloto. Montar el laboratorio puede salir 5 millones de dólares. Y en la medida en que aumentemos la superficie de producción, con todos los costos que eso implica, también será una inversión importante.
Escucha la entrevista completa acá:
-¿Quién se queda con el aceite? ¿Cuál es su dueño?
-Hay un acuerdo comercial con la empresa obtiene el 30% del producto y después hay acuerdos comerciales que tienen que ver con la etapa del proceso de la industrialización.
¿Cómo es que la empresa estatal hoy niega lo que sus propios representantes informaron cuatro años atrás? Incluso resulta llamativo que en la página web de Prensa de Jujuy ya no existan las notas que mostraban la firma del acuerdo entre Cannava y Green Leaf. También se negaron a responder si la empresa estatal logró recuperar la enorme inversión con la producción obtenida.
Frente a eso Bichos de Campo decidió dar un paso más y buscó contactar a las demás firmas protagonistas de aquellos join ventures celebrados en 2018. Para sorpresa de este medio, una fuente confirmó un negocio similar al realizado por Bradley y un desembolso que superaba los 300.000 dólares.
Incluso pudo acceder a una copia del contrato que Cannava extendía a los inversores interesados, en que la que se arroja algo más de claridad sobre las responsabilidades de las partes en estos acuerdos.
En una clausula dedicada al rol de las partes, se indica: “De acuerdo con lo establecido en los artículos 1449 y 1450 del CCC, CANNAVA actuará como Gestor y LA COMPAÑÍA como Partícipe del negocio. En consecuencia, CANNAVA será la única Parte autorizada para ejecutar cualquier actividad vinculada al Proyecto que requiera permisos o autorizaciones legales específicas en Argentina. La participación de LA COMPAÑÍA se limitará al cumplimiento de los aportes al Proyecto según lo que se establezca en el Plan de Negocio y los Planes de Ejecución”.
A continuación, se detalla que los aportes que Cannava realizaría al proyecto incluyen: “los permisos y autorizaciones establecidas por las leyes y disposiciones reglamentarias aplicables que sean requeridas para el desarrollo del Proyecto”; “la gestión institucional ante la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Semillas, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección General de Aduanas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y los demás organismos nacionales, provinciales y municipales con competencia en la materia”; “los Terrenos de Cultivo necesarios para el desarrollo del Plan de Negocio”; “los servicios auxiliares a los Terrenos de Cultivo”, y el “el vallado y/o alambrado del predio”.
¿Y cuáles serían los aportes de la empresa en ese contrato? Nada menos que “toda la inversión necesaria para el desarrollo del Proyecto de conformidad a lo dispuesto al respecto en los Planes de Ejecución”, “la inversión necesaria para la ejecución del Protocolo de Seguridad”, y “La Propiedad Intelectual y tecnología necesarias para el desarrollo óptimo del Proyecto”, entre otros puntos.
Además se establecía en un siguiente apartado que “la Compañía acuerda dentro de los sesenta (60) días siguientes a la Fecha del Contrato, realizar un primer aporte por el valor de cien mil dólares estadounidenses (US$100,000) en concepto de reserva del Terreno de Cultivo y asignación exclusiva al Proyecto. Una vez que se realice la distribución de Resultados Operativos, dicho importe será reembolsado a LA COMPAÑÍA de los correspondientes a CANNAVA”.
En cuanto a la distribución de los resultados operativos, es decir aquello que surja del negocio de la biomasa y la flor de cannabis, se indica que un 30% de lo obtenido iría para Cannava y un 70% para la empresa firmante
En función de estos puntos, que arrojan la pauta de que al menos buscaron inversores de empresas privadas en el proyecto jujeño, ¿es posible pensar que la demora en los plazos previstos inicialmente para la producción haya sido la causa de la quiebra Green Leef?
Para distintas fuentes empresarias del sector se trata de una gran posibilidad. “El error de Bradley fue salir a comentarle al mercado especulativo que estaba por hacer en Jujuy la producción más grande de cannabis del mundo. Eso genera especulación para que quienes estén invirtiendo le compren acciones, y eso sucedió. Se elevaron mucho las acciones de Player’s Network y al poco tiempo no había aun resultados. En el mercado financiero perdió credibilidad”, indicaron a Bichos de Campo.
“En esta industria, el rendimiento de la producción es por gramo. Si vos haces la cuenta de cuantos joint ventures tiene firmado el gobierno de Jujuy desde 2018 hasta la fecha, sabiendo que la única producción que sacaron arranco el año pasado con 50 frascos de un aceite, es el costo por gramo más caro en la industria en todo el mundo”, agregaron luego.
El 17 de junio de 2020, a menos de dos años de la firma del acuerdo comercial, Green Leaf presentó un procedimiento de quiebra por no haber “presentado informes periódicos a la Comisión de Bolsa y Valores desde el 30 de septiembre de 2018”, según se indicó en un documento oficial.
Aunque oficialmente no está confirmado que el negocio con los Morales haya sido la razón de la quiebra de la empresa norteamericana, distintas fuentes aseguraron a este medio que existió un proceso judicial conducido por esa firma hacia Cannava. Aún así, no se obtuvieron mayores datos al respecto.
Bichos de Campo se contactó con el empresario Mark Bradley pero este no respondió. Seguramente pronto tendremos noticias de él.
Turbio todo.
Felicitaciones a Sofía Selasco y a Bichos de Campo, por el trabajo. Notable la opacidad informativa del los responsables del Estado jujeño y del… ¿cómo llamarlo?… ¿socio del silencio?