El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó el proyecto de ley de biocombustibles impulsado por la senadora Patricia Bullrich y advirtió que, tal como está redactado, provocaría el cierre de las once pymes bonaerenses dedicadas a la producción de biodiesel. “Si es promover un sector, que sea con las empresas grandes, con las medianas y con las chicas. Y eso tiene que quedar plasmado en la ley”, sostuvo el funcionario.
El proyecto en cuestión firmado por Bullrich junto a otros cinco senadores de La Libertad Avanza plantea derogar la actual Ley 27.640 de Biocombustibles para reemplazarla por un esquema de libre mercado, con eliminación progresiva de los cupos que hoy garantizan a las pymes el abastecimiento del mercado interno. El Gobierno nacional lo avaló públicamente, ya que el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que el texto “interpreta la voluntad del Ejecutivo” y que vienen trabajando en esa dirección desde hace dos años.
Rodríguez no cuestionó el objetivo de aumentar los cortes obligatorios —el proyecto sube el biodiésel del 7,5% al 10% y el bioetanol del 12% al 15%—, sino el modelo de mercado que lo acompaña. “El proyecto de Bullrich es un proyecto de promoción de los biocombustibles, estableciendo nuevos cortes. Es decir, que ya hay una acción muy importante del Estado estableciendo un régimen de promoción. Lo que decimos es que ese régimen de promoción no debe beneficiar solo a las grandes empresas y obligar a cerrar a las chicas”, señaló.
El ministro puntualizó que las once plantas pymes radicadas en distintos distritos del interior bonaerense generan empleo y dinamizan las economías locales, y que cualquier reforma debe garantizar “la preservación y el crecimiento de la capacidad productiva existente”. “La continuidad de las empresas existentes y su impacto positivo en las comunidades donde están radicadas no es negociable para la visión de desarrollo que tiene la Provincia”, afirmó.
Uno de los argumentos centrales de Rodríguez apunta a la geografía. El ministro señaló que las diferencias de costos entre las plantas de biodiesel no solo dependen de la escala, sino también de su ubicación respecto de los grandes polos aceiteros y puertos exportadores del litoral del Paraná, donde las multinacionales —Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Cofco— tienen su capacidad instalada.
“Si no se consideran estas variables estaríamos hablando de un régimen que otorga mejores condiciones a determinadas regiones, en perjuicio de otros territorios que también son de nuestro interés fortalecer”, advirtió.
En ese sentido, Rodríguez también planteó una distinción que no aparece en el proyecto oficial, y es que la situación del biodiesel y la del bioetanol son estructuralmente distintas y que una nueva ley podría o bien tratarlos por separado o diferenciar el régimen según el producto. El texto de Bullrich, en cambio, mantiene para el bioetanol una protección implícita —con cuotas fijas para la caña de azúcar tucumana y el maíz cordobés— mientras deja al biodiesel expuesto a la competencia abierta con las grandes plantas integradas del litoral.
“Creemos que la Argentina tiene el potencial para tener más biocombustibles, más agregado de valor en origen y más desarrollo regional. Cualquier cambio regulatorio debe apuntar en esa dirección y no consolidar posiciones dominantes que afecten el empleo y la producción”, concluyó el ministro bonaerense.
