Las restricciones que la Unión Europea (UE) analiza aplicar a los residuos de pesticidas en productos agrícolas importados podrían complicar el acceso de las exportaciones de las Américas al mercado europeo y poner en riesgo operaciones comerciales por miles de millones de dólares.
Así lo advierte un nuevo estudio encargado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que identifica un comercio agroalimentario anual de US$ 44.200 millones expuesto a posibles cambios regulatorios.
Uno de los principales aportes del trabajo es la cuantificación del valor comercial potencialmente expuesto a las nuevas exigencias. Las estimaciones se calcularon sobre la base de los valores comerciales promedio registrados entre 2022 y 2024.
América del Sur concentra la mayor parte de ese intercambio, con unos US$ 29.700 millones anuales expuestos a posibles cambios regulatorios. Le siguen América del Norte, con US$ 10.800 millones, América Central, con US$ 4.810 millones, y el Caribe, con US$ 427 millones.
Sin embargo, el grado de vulnerabilidad no depende únicamente del volumen exportado. También influye la importancia que tiene el mercado europeo para cada país y para sus distintas cadenas productivas.
América Central aparece como una de las regiones más expuestas en términos relativos, ya que el 28,1% del valor de las exportaciones agrícolas analizadas tiene como destino la UE. En América del Sur esa proporción alcanza el 16,9%, mientras que en América del Norte se ubica en el 6,7%.
Dentro de América del Sur, la Argentina figura entre los países con mayor valor comercial potencialmente afectado. El estudio estima en US$ 4.620 millones anuales el valor en riesgo asociado a las exportaciones agrícolas argentinas que podrían verse alcanzadas por los cambios propuestos.
Brasil encabeza el listado regional, con US$ 15.400 millones, seguido por Estados Unidos, con US$ 7.680 millones. Detrás de la Argentina aparecen Perú, con US$ 2.840 millones; Canadá, con US$ 2.000 millones; Colombia, con US$ 1.970 millones; Chile, con US$ 1.830 millones; Costa Rica, con US$ 1.630 millones; y Ecuador, con US$ 1.260 millones.
En el caso argentino, la exposición está vinculada principalmente con productos derivados de la soja, el maní, las semillas de girasol, los cítricos y otras exportaciones agrícolas.
De todos modos, el informe introduce una aclaración importante para interpretar las cifras. El denominado valor en riesgo no representa una proyección de pérdidas efectivas ni implica que esos montos dejarían de exportarse si la normativa europea avanzara.
El informe, elaborado por la consultora internacional Bryant Christie Inc. (BCI), analiza las consecuencias que podría tener el denominado Paquete de Simplificación de la Inocuidad de los Alimentos y los Piensos, conocido como Ómnibus X, propuesto por la Comisión Europea.
La iniciativa contempla endurecer los requisitos relativos a los límites máximos de residuos (LMR) de pesticidas en productos agrícolas importados. De prosperar, determinadas sustancias activas podrían quedar sujetas a límites reducidos hasta el umbral de cuantificación, incluso cuando los niveles de residuos admitidos actualmente estén respaldados por estándares internacionales o evaluaciones de riesgo realizadas por los países exportadores.
El IICA advierte que ese enfoque representaría un cambio significativo respecto de los criterios basados en el riesgo que tradicionalmente se utilizan para establecer los límites máximos de residuos. La modificación podría afectar la comercialización de productos obtenidos bajo marcos regulatorios diferentes de los europeos.
En ese sentido, el director general del organismo, Muhammad Ibrahim, sostuvo que el estudio busca aportar herramientas para discutir los cambios propuestos. “Nuestro objetivo es proporcionar a los Estados Miembros sólidos datos técnicos que respalden la toma de decisiones fundamentadas y un diálogo constructivo”, afirmó.
El funcionario también destacó la importancia de promover “medidas basadas en la ciencia y normas internacionales que salvaguarden el comercio agrícola y la seguridad alimentaria mundial”.
El análisis examinó 151 sustancias activas utilizadas en pesticidas y detectó que 63 mantienen actualmente al menos un límite máximo de residuos europeo por encima de los valores por defecto o de los límites de cuantificación. Por ese motivo, podrían quedar alcanzadas por eventuales restricciones adicionales.
Una reducción de los límites permitidos podría obligar a los productores a modificar sus estrategias de manejo de plagas, cambiar productos para la protección de los cultivos o adaptar sus prácticas productivas para cumplir con las nuevas exigencias.
Esos ajustes podrían repercutir en los costos de producción y en la competitividad de las exportaciones, especialmente cuando las alternativas disponibles sean más caras, menos eficaces o insuficientes para determinadas situaciones agronómicas.
El informe también advierte que el endurecimiento de los requisitos podría reducir las herramientas disponibles para los productores que buscan mantener el acceso al mercado europeo.
James Christie, presidente y director ejecutivo de Bryant Christie Inc., señaló que los límites máximos de residuos constituyen uno de los asuntos regulatorios más complejos del comercio agrícola internacional, debido a sus consecuencias directas sobre los exportadores.
El IICA advierte que las consecuencias podrían extenderse más allá de la Unión Europea. El informe menciona las negociaciones en curso entre el bloque europeo y el Reino Unido para alcanzar un acuerdo sanitario y fitosanitario que podría extender al mercado británico los requisitos europeos sobre residuos de pesticidas.
Por eso, el organismo plantea la necesidad de sostener el diálogo internacional y de que las normas sanitarias y fitosanitarias se apoyen en evidencia científica, estándares internacionales y evaluaciones de riesgo.
