La marcha atrás del Parlamento Europeo respecto de una norma que podía complicar el ingreso del biodiésel argentino fue recibida con alivio por los gobiernos de Santa Fe y Córdoba, que salieron a celebrar una decisión que consideran clave para proteger una de las principales cadenas de valor agroindustriales de la Región Centro.
La votación realizada este miércoles rechazó la propuesta de la Comisión Europea que pretendía mantener a la soja dentro de la categoría de materias primas con “alto riesgo” de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC), una clasificación que amenazaba con dejar al biodiésel argentino fuera de los objetivos de energías renovables del bloque. Ahora la Comisión deberá volver a redactar el reglamento.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro atribuyó el resultado a “un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el Gobierno nacional y el sector privado”. “Juntos defendimos a nuestra soja, a nuestro campo y a nuestra industria del biodiésel”, sostuvo el mandatario, quien recordó que la provincia había presentado ante la Cancillería un informe técnico con evidencia científica y económica para respaldar la sustentabilidad de la producción argentina.
Hoy el Parlamento Europeo rechazó la norma que clasificaba a la soja como cultivo de alto riesgo y perjudicaba la exportación de biodiésel argentino. Esto es el resultado de un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el gobierno nacional y el sector privado.
Juntos,… https://t.co/aN6Sa2JRS8
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 8, 2026
El gobierno santafesino destacó que el riesgo era concreto: si prosperaba la propuesta europea, podían quedar comprometidas exportaciones de biodiésel por unos 390 millones de dólares anuales. No se trata de un dato menor para una provincia que concentra históricamente más del 80% de la capacidad instalada del país para producir ese biocombustible.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “este resultado demuestra que cuando el Estado provincial asume un rol activo puede obtener logros que impactan directamente en el empleo, las inversiones y las exportaciones”. Según explicó, el dossier presentado ante las autoridades europeas permitió demostrar que la producción argentina de soja no impulsa el avance sobre bosques nativos y que el biodiésel elaborado en el país reduce cerca del 70% de las emisiones respecto del gasoil fósil.
Pero en Santa Fe aprovecharon el respaldo europeo para volver sobre un reclamo que vienen sosteniendo desde hace tiempo puertas adentro. La provincia insistió en que el Congreso avance con una nueva Ley Nacional de Biocombustibles que eleve el corte obligatorio de biodiésel al 15%, con una transición al 20% cuando resulte competitivo frente al diésel importado, además de incorporar incentivos para nuevos combustibles renovables como el HVO y el SAF y redefinir el reparto del mercado interno entre plantas integradas y no integradas.
“La oportunidad no pasa solamente por consolidar las exportaciones, sino también por sustituir importaciones de combustibles fósiles”, señalaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, recordando que Argentina importa cada año alrededor de 1.500 millones de litros de gasoil que podrían reemplazarse por producción nacional.
En Córdoba también hubo satisfacción. El gobierno provincial sostuvo que la decisión del Parlamento Europeo “ratifica que Córdoba no está equivocada en su defensa de los biocombustibles” y remarcó que el rechazo a excluir al biodiésel como energía renovable permitirá sostener las exportaciones de biodiésel, aceites y harina de soja, fortaleciendo a toda la agroindustria de la Región Centro.
Hoy el Parlamento Europeo rechazó la norma que clasificaba a la soja como cultivo de alto riesgo y perjudicaba la exportación de biodiésel argentino. Esto es el resultado de un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el gobierno nacional y el sector privado.
El rechazo a excluir al biodiésel como energía renovable permite sostener las exportaciones de biodiésel, aceites y harina de soja, impulsando la agroindustria de la Región Centro.
— Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba (@MinAgriCba) July 8, 2026
Al igual que Santa Fe, la administración cordobesa aprovechó el momento para reclamar una actualización del marco regulatorio argentino. Según expresaron, ahora es tiempo de modernizar la legislación nacional y otorgar mayor autonomía a las provincias para acompañar el crecimiento de la industria de los biocombustibles.
La decisión europea también fue celebrada por la industria aceitera. Desde Ciara-CEC la calificaron como “una gran noticia” y destacaron el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para evitar que la soja argentina quedara incluida en una suerte de “lista negra” ambiental, que habría complicado las exportaciones de un negocio cuyo principal destino externo sigue siendo Europa.
