Tal como venían anunciando hace meses todos los conocedores del mercado cárnico argentino, finalmente llegó la fase de recomposición del valor de la hacienda que, inevitablemente, empezará a trasladarse a los valores minoristas de la carne vacuna.
Si bien el gobierno nacional hizo este año grandes esfuerzos intervencionistas orientados a planchar los precios de la hacienda y concentrar la demanda, al final del día una situación de faltante de oferta con demanda constante termina sí o sí con una actualización de precios.
Ante la novedad –que de novedad no tiene en realidad nada porque la actualización estaba más que anticipada– el gobierno empleó a la agencia oficial de noticias, Télam, para enviar una advertencia a los integrantes de la cadena cárnica.
“Desde el gobierno nacional salieron este miércoles a advertir que no permitirán que se concrete ‘ningún tipo de abuso’ con los precios de la carne vacuna, ante la importante suba que registraron en los últimos días los valores de la hacienda en el mercado de Liniers”, asegura el cable de Télam.
“Está claro que desde el gobierno no se va a habilitar ni permitir ningún tipo de abuso hacia los consumidores y consumidoras”, dijeron esta tarde a Télam fuentes oficiales no identificadas, aunque, ciertamente, muy respetuosas del lenguaje de género.
Las mismas fuentes anónimas confiaron que, si bien todavía no existe una decisión al respecto, vienen siguiendo el tema con la preocupación lógica del impacto que puede tener en los bolsillos de los consumidores.
Luego de la instrumentación del “cepo” exportador cárnico, el gobierno de Alberto Fernández logró contener el alza de los valores de los cortes vacunos populares en un contexto de aceleración inflacionaria. Pero esa victoria se corto plazo se hizo a costa de un proceso de desinversión que, en los hechos, retrasa por demás la terminación de los animales, además de impedir que los corrales operen a plena capacidad por resultar inviable la actividad del feedlot.
La restricción de oferta, que arrastra problemas estructurales desde la primera intervención kirchnerista instrumentada entre 2006 y 2015, junto con un crecimiento de la demanda interna por factores estacionales, no puede tener otro resultado que una recomposición de precios que venían muy atrasados.
