El gobierno de Misiones decidió dar marcha atrás con una de las medidas ambientales que más polémica había generado en las últimas semanas. Apenas dos semanas después de haber creado el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), el Ministerio de Ecología derogó la resolución que le había dado origen, luego del rechazo casi unánime de las principales entidades empresarias, forestales y agropecuarias de la provincia.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 248/26, firmada este 17 de julio por el ministro de Ecología, Martín Recamán, que deja sin efecto la Resolución 182/26, mediante la cual se había creado este registro que desde Bichos de Campo definimos como una suerte de “Veraz ambiental”.
En los fundamentos de la nueva norma, el ministerio se limita a señalar que, tras una reevaluación de la medida por razones de “oportunidad, mérito y conveniencia”, corresponde revocar la resolución anterior. No hace ninguna mención a los cuestionamientos legales planteados por las entidades productivas ni al conflicto que la iniciativa había desatado.
El RePIA había sido presentado a comienzos de julio como una herramienta para concentrar en una única base de datos a todas las personas y empresas que incurrieran en infracciones a la normativa ambiental provincial.
Pero no se trataba solamente de un listado. La resolución establecía que quienes figuraran en ese registro quedarían automáticamente impedidos de acceder a nuevos permisos ambientales, subsidios, líneas de crédito, incentivos fiscales y otros beneficios otorgados por el Estado provincial mientras la sanción permaneciera vigente.
Además, el Ministerio había creado un nuevo Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales, documento que debía presentar cualquier persona o empresa que iniciara un trámite ante la cartera ecológica para acreditar que tenía la “foja limpia”. El certificado tendría una validez de apenas seis meses, obligando a renovarlo periódicamente.
La norma también disponía que los infractores permanecieran registrados durante tres años después de cumplir la sanción, plazo que se extendía a cuatro años en caso de reincidencia. Precisamente esas disposiciones fueron las que dispararon una fuerte reacción del sector privado.
La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) presentó una impugnación administrativa y sostuvo que la resolución era inconstitucional porque permitía incorporar personas o empresas al registro con un simple expediente administrativo abierto, sin una sanción firme, afectando el principio de inocencia y el debido proceso.
También cuestionó que la norma habilitara sanciones por incumplimientos de “normas complementarias”, una expresión considerada demasiado amplia, y sostuvo que un ministro no tiene facultades constitucionales para crear, mediante una resolución administrativa, un registro con consecuencias jurídicas para particulares y empresas.
A ese planteo adhirieron la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y otros referentes del sector forestoindustrial.
Aunque el conflicto estalló por el RePIA, las entidades aprovecharon la discusión para expresar un malestar más profundo con distintas políticas impulsadas por el Ministerio de Ecología, entre ellas las demoras en permisos de uso del suelo, las restricciones a las quemas, la prohibición del glifosato y otros aspectos de la política ambiental provincial.
Un retroceso. Era buena esa medida.