En algún momento del presente año comenzará a funcionar el “Banco de Tierras para la Agricultura Familiar”, el cual, si bien fue creado en 2015 por medio de la Ley Nº 27.118 de Agricultura Familiar, aún no efectivizó porque la norma no fue reglamentada.
Pero las autoridades de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena están terminando de reglamentar esa ley con el propósito de que el “Banco de Tierras” pueda ser una realidad en el transcurso del presente año.
“Esta vuelta al campo, como nosotros la llamamos, se tiene que dar con los que hoy producen y no tienen acceso a la tierra”, aseguró el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, en un artículo publicado por la agencia oficial Télam.
“La agricultura familiar, campesina, indígena es un camino viable para la producción de alimentos, para abastecer de alimentos sanos a nuestro pueblo y que en la pospandemia puede jugar un rol muy importante en el abastecimiento local”, añadió el funcionario y dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
El “Banco de Tierras” estará conformado por terrenos fiscales cedidos por el Estado nacional, las provincias y municipalidades, además de aquellos campos que ingresen al patrimonio del Estado nacional por mecanismos judiciales, administrativos o impositivos.
La Secretaría de Agricultura Familiar también se encuentra diseñando un plan de “Mercados de Cercanía” orientado a establecer puntos de venta cercanos en los pueblos que ofrezcan los productos de la agricultura familiar.
En este sentido, el funcionario señaló que esa estrategia “articulada fuertemente con los municipios y las organizaciones del sector” apunta a “brindar herramientas que tengan que ver con la logística y con el armado de espacios donde se pueda comercializar para trabajar en la intermediación y en cadenas cortas”, porque “con las cadenas largas se encarece mucho el producto y eso afecta al productor y al consumidor”.
Según los datos del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) hay un total de 179.772 familias productoras registradas, que representan alrededor de 400.000 productores en todo el país.
