Funcionarios, sindicalistas y empresarios firmaron un compromiso para lograr la “reactivación definitiva y sustentable” de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas, que en los últimos meses viene registrando importantes problemas financieros.
El documento se firmó este lunes en una reunión realizada en la ciudad de Buenos Aires en la que participaron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker, el secretario General del gremio Atilra Héctor Ponce, José Urtubey de Celulosa Argentina, Marcelo Figueiras del laboratorio Richmond, el abogado Leandro Salvatierra, el consultor lácteo Jorge Estévez y, por supuesto, el presidente de SanCor CUL José Pablo Gastaldi.
La cuestión es que el texto del compromiso –cuya propuesta final debe ser aprobada por la asamblea de socios de SanCor– deja más dudas que certezas.
¿En dónde quedó parada la cooperativa SanCor luego de la crisis que casi la borró del mapa?
El documento indica que “es voluntad de los presentes crear un patrimonio de afectación, el cual sería administrado por personas físicas y jurídicas designadas por el grupo empresario, constituyéndose un fideicomiso, cuya finalidad será facilitar el desarrollo de la actividad industrial y comercial del conjunto y que tenga entre sus objetivos principales generar un negocio empresarial sustentable”.
Y luego se expresa que se propone “destinar partidas específicas implementadas por el Estado nacional, consistentes en fondos con destino exclusivo a la adquisición de materia prima y los respectivos insumos para su elaboración y transformación industrial, con el objeto de lograr un equilibrio operativo que permita una transición hasta el arribo de las líneas de crédito que por intermedio del Ministerio de Desarrollo Productivo y los bancos de la Nación y/o BICE permitan que el grupo empresario inicie su actividad”.
Además se señala que “SanCor transferirá al fideicomiso del grupo empresario, una vez que se haya concretado la recepción por parte de dicho grupo de los fondos provenientes de las líneas bancarias oficiales ya mencionadas, aquellos bienes que este último indique como necesarios para cumplir con los objetivos industriales y comerciales del proyecto de puesta en valor de la empresa, consistiendo los mismos, conceptualmente, en aquellos bienes e instalaciones que estén al servicio de la elaboración de la totalidad de los productos que SanCor tiene la posibilidad actual o futura de producir y comercializar”.
Por si faltaba algo más para completar tan exótica ensalada, el compromiso además establece que “Atilra tendrá participación dentro del Fideicomiso, la que se determinará oportunamente y ejercerá el contralor del destino de los fondos provenientes de las herramientas financieras provistas por el Estado nacional a fin de asegurar que los mismos no sufran desvíos de los objetivos trazados”.
Además el acuerdo indica que el gremio verificará que el “producido de la venta por parte de SanCor de los activos accionarios que posee de otra u otras empresas” se destine “a colocar a la empresa en un nivel de equilibrio operativo, el que se encuentra en los aproximadamente 1.000.000 de litros diarios promedio, nivel que deberá alcanzarse en el menor plazo posible”. Por supuesto, mientras todo eso sucede, SanCor no deberá despedir a ni uno solo de los 1450 trabajadores afiliados a Atilra.
Repasemos. Para salvar la situación de SanCor, se creará un fideicomiso que recibirá fondos estatales –no se indica de dónde ni en qué condición– y que será administrado por un grupo de “empresarios” y auditado por los sindicalistas de Atilra.
Luego SanCor recibiría créditos oficiales (aparentemente los “empresarios”, más bien “empresaurios”, no pondrían un solo peso de la suya en la cooperativa láctea). Y en el siguiente acto –¡chan!– SanCor tendría que vender activos para capitalizar el fideicomiso que, recordemos, sería gestionado por los “empresaurios” y los dirigentes de Atilra.
¿Y los socios de SanCor? Obviamente, deberían seguir entregando leche a la cooperativa calladitos y sin decir ni “mu”.
La cooperativa, luego del proceso de reestructuración encarado entre 2017 y 2019, que incluyó la venta de buena parte de sus activos y un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para abonar una porción de una enorme deuda comercial, actualmente dispone de seis plantas industriales que procesan diariamente 650.000 litros de leche, que son empleados para elaborar leche fresca y en polvo, manteca, crema, dulce de leche y quesos. Cuenta con unos 1700 empleados que vienen cobrando sus salarios con importantes atrasos.
La cuestión es que, debido a sus antecedentes, SanCor no cuenta con financiamiento bancario y comercial, lo que le impide capturar un mayor volumen de leche, algo necesario para licuar los elevados costos fijos que tiene y tornarse en una unidad industrial competitiva. De hecho, los directivos de SanCor apuntan a procesar al menos 1,2 millones de litros diarios de leche, casi el doble que en la actualidad.
Los directivos de SanCor estuvieron buscando socios y financiamiento sin mayor éxito, hasta dar con la propuesta diseñada por el gobierno nacional, que implicaría perder por completo el manejo de la cooperativa láctea.
La última vez que SanCor hizo negocios con el Estado nacional no le fue nada bien. La cooperativa cuenta con una importante deuda dolarizada generada por operaciones impagas que se realizaron en el marco de un acuerdo firmado a fines de 2006 con la entidad estatal venezolana Bandes, por medio del cual, además del envío de partidas de leche en polvo a modo de pago de un crédito de 80 millones de dólares concedido por esa entidad bolivariana, SanCor se comprometía a abastecer con ese producto al gobierno venezolano.
La cuestión es que el cobro de esas exportaciones no se efectuaba de manera directa, sino a través del fideicomiso “Néstor Kirchner”, el cual era gestionado discrecionalmente, en el marco del programa “petróleo por alimentos”, por funcionarios kirchneristas y bolivarianos. Buena parte de las exportaciones de leche en polvo destinadas a Venezuela se hacían además con sobreprecios superiores al 50%.
