Cuando no existían retenciones, en la época de la convertibilidad de Carlos Menem, ya existía el diferencial de retenciones: En efecto, en los años 90 a los productores de soja se les aplicaba un derecho de exportación de 2,5%, que castigaba solo al poroto y no a sus derivados, el aceite y los pellets. De este modo se incentivaba a la industria aceitera, la más poderosa del país, a industrializar el grano dentro de la Argentina y exportar sus subproductos.
Con el regreso de las retenciones agrícolas en 2002, en plena expansión de la soja, ese diferencial creció a tres puntos porcentuales, agrandando la brecha. Así, cuando la soja llegó a pagar el 35% de derechos de exportación, en la peor época de Cristina Presidenta del “vamos por todo”, sus subproductos tributaban el 32%.
En el gobierno de Mauricio Macri este diferencial se mantuvo hasta que Luis Miguel Etchevehere, que venía de la Sociedad Rural, asumió como ministro de Agroindustria. A instancias de su jefe de Gabinete, Santiago del Solar, esa gestión eliminó el diferencial histórico de retenciones, provocando el primer gran enojo de la industria aceitera, el sector que aporta de 25 a 30% del total de divisas que ingresan a la Argentina.
Cuando Alberto asumió la Presidencia en 2019 necesitaba financiamiento, y como siempre recurrió a las grandes exportadoras. Por eso en una primera instancia el ex ministro Martín Guzmán, volvió a aplicar en octubre de 2020 el diferencial de dos puntos, distinguiendo el poroto que tributaba el 33% de la harina y el aceite, que pagaban el 31%. Es decir que a los productores de soja siempre les descontaron del precio el máximo posible, pero una vez que la exportación era realizada luego del proceso industrial, un puñado de aceiteras tributaban un poco menos.
Esa diferencia siempre estuvo muy discutida. Para algunos dirigentes rurales, era un robo a los productores por parte de una industria concentrada. Para los industriales, en cambio, era una devolución razonable por el agregado de valor.
El error de unos y otros fue instalar una encarnizada lucha pública por esos recursos, que significan en un año normal unos 400 millones de dólares al año sobre un aporte total de la soja que es de unos 8.000 millones. ¿Por qué un error? Porque a partir de esa visibilización los sucesivos gobiernos se dieron cuenta que podrían usar ese dinero en provecho propio.
Por eso, en octubre de 2022, necesitado de dinero urgente, el propio Guzmán volvió a anular el diferencial histórico, y mandó la plata a rentas generales.
En marzo de 2023 ya había asumido Sergio Massa como nuevo ministros, y necesitaba dinero para seguir financiando el fideicomiso más escandaloso, el Fondo de Estabilización del Trigo Argentino (FETA), un sistema que había inventado Roberto Feletti, el ex secretario kirchnerista de Comercio, para transferir recursos públicos a Molinos Cañuelas.
La mega empresa dominaba el 20% de la molienda del cereal, pero no contaba con capital de trabajo porque había caído en concurso de acreedores en septiembre de 2021, con una deuda tanto más grande que la de Vicentin, de unos 1.300 millones de dólares. Por eso desde el Estado se inventaron giros de dinero a los molinos que muy pocas empresas aceptaron, que no detuvieron la escalada de los precios de la harina (subió más que la inflación) y que en un 60% del total fueron destinados a esa firma. Este año, del diferencial de retenciones se destinado 31.500 millones de pesos a ese grupo.
Las aceiteras, que finalmente han perdido ese beneficio desde hace tres años, no levantaron tanto la voz cuando esta decisión de Massa. Pero ahora sí lo hacen porque el FETA se extinguía el 31 de diciembre próximo y ellas anhelaban a partir de ahí recuperar el diferencial perdido. Por eso un comunicado de Ciara-CEC, que las agrupa, dijo que la decisión oficial de reorientar ese dinero a compensar la baja de recaudación que sufrirá por exceptuar a las economías regionales de la suba de retenciones al 15%, “es una muy mala noticia para la economía del país”.
“La principal industria exportadora se verá castigada por la suba de impuestos y eso va a limitar severamente el flujo de divisas y atentará contra el empleo industrial de la soja. La industria siempre pidió igualdad tributaria y esos 2 puntos eran un reconocimiento de esa condición fiscal, que ahora el gobierno rompe”, se explayó la cámara empresaria, con algo de razón.
Lo cierto es que la política, sea macrista, kirchnerista o de Milei, se avivó que ese diferencial histórico puede ser utilizado para diversos fines que no son los que justificaban su existencia, defender el agregado de valor. Ahora se manosean peor que una bailarina de cabaret. Se pueden usar para subsidiar tanto a un grupo concentrado como a diversidad de economías regionales.
