José Martins, el presidente de la Bolsa de Cereales, actúa además como el vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el bloque de cámaras que se puso como meta lograr un plan de mediano plazo para el sector productivo. Mientras espera que algún día se transforme en ley, en el mientras tanto la coyuntura aprieta y se cierne la amenaza de una intervención oficial sobre los mercados agropecuarios. El cierre de las exportaciones de maíz fue la primera seña.
Por esa razón, y para poder desactivar esa medida, el CAA también se involucró en las últimas dos semanas en la conformación de una Mesa Intersectorial de Maíz, que ya se reunió varias veces con las autoridades nacionales para buscar soluciones menos dañinas que el cierre de las exportaciones. Esa decisión, tomada el 30 de diciembre pasado sin ninguna consulta previa con el sector privado, fue la gota que colmó el vaso y llevó a las entidades de productores de decidir el reciente cese de comercialización de granos.
En diálogo con Bichos de Campo, Martins contó que la primera acción que llevó a cabo el CAA fue explicar al gobierno que no había un problema en el stock de maíz y que no estaba en riesgo el abastecimiento interno. Consideró el directivo que esta posición ayudó a que se levantara la restricción a anotar nuevos embarques.
Pero el objetivo ahora está en lograr una armonización de los intereses de la cadena y las soluciones a los problemas para evitar que la política se involucre con esas soluciones drásticas a las que nos tiene acostumbrados, y que terminan empiojando todo.
Martins explicó que hay sectores del consumo interno de maíz, algunas industrias transformadoras como la avícola, que “van comprando de a poco (el grano) pues no tienen capacidad para hacerlo a lo largo del año. Con lo cual nos pusimos a trabajar en herramientas en el interior de la cadena” que están vinculadas a la posibilidad de asegurar precio y abastecimiento a través del mercado de futuros (Matba/Rofex).
Pero al mismo tiempo, desde el Gobierno se les propuso organizar un fideicomiso que sirva para “desacoplar” el precio interno, con unos actores de la cadena maícera subsidiando a otros cuando hiciera falta.
“Es complejo, porque hay un montón de empresas y de sectores y no sería nada sencillo de lograr. De ninguna manera (el fideicomiso) fue una propuesta de la Mesa ni dijimos que lo va a pagar el productor ni mucho menos. Es una propuesta del gobierno, hay que desarrollarla mucho y no la terminamos de entender y hay que ver si es viable”, aclaró el coordinador del CAA.
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Por ahora, así, son más las dudas que las respuestas respecto de este posible instrumento que ayude a que los consumos accedan al maíz a un precio que no acompañe al internacional, para así evitar una presión sobre los costos de los alimentos y al mismo tiempo que no se vea afectado el precio al productor.
“Se nos tiró el título, pero hay que ver cómo se fondea, quién lo fondea, cómo se distribuye, a quién y en qué momento. Es tan complejo, no es de fácil resolución”, aclaró el presidente de la Bolsa de Cereales.
Con respecto al origen del dinero que lo conformaría, Martins sugirió que el gobierno podría destinar recursos propios para cumplir con ese objetivo y subsidiar el consumo interno de maíz. “Hoy el Gobierno recibe muchos más dólares de los que previó, porque los precios de los granos se dispararon. Ahí podría haber un monto para atemperar cosas”, dijo Martins, en sintonía con Gustavo Idígoras, del Ciara-Cec, que también dijo a Bichos de Campo que una chance era armar un fondo anticíclico con la recaudación extra por retenciones.
Como sea, la intención del Consejo sería ayudar a cerrar el cerco para evitar nuevas intromisiones de la política en el mercado de maíz, que sean más perjudiciales. Por caso, un nuevo cierre de exportaciones o el incremento de los derechos de exportación, actualmente del 12%.
“Está en nosotros la posibilidad de neutralizar eso. El agro tiene una altísima carga impositiva, cuando es el que puede generar divisas, empleo y reducir la pobreza. Si subimos la carga tributaria vamos en contra de ese propósito”, alertó Martins frente a la posibilidad en lo inmediato el Ejecutivo eleve de 12 a 15%, como autorizó el Congreso en 2019, los derechos de exportación.
A tal efecto, y previendo que la situación que se dio con el maíz se repita con los demás granos, desde el CAA se decidió también armar la Mesa del Trigo, ya que en esta cadena también hay sectores que están complicados y sienten la presión oficial. El eslabón que peor la pasa es la molinería, que tiene precios cuidados en la harina mientras el trigo dio un salto importante. De esta situación dio cuenta en Bichos de Campo hace pocos días Diego Cifarelli, el presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM).
También en este caso se pretende evitar medidas que más que soluciones significan problemas en el sector.
Por eso Martins consideró: “Nos movilizamos en tratar de generar propuestas e inmediatamente armamos la mesa de maíz y del trigo y ahí están representados todos a través de las cadenas y las entidades con activa participación y consenso. Lo que hemos hecho hasta ahora fue presentar una batería de herramientas que estamos trabajando para que bajemos la espuma”. explicó.
