A pesar de que el pasado viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Ejecutivo desistiría de subir retenciones en el sector (entre otras medidas fiscales) para lograr destrabar a negociación con los diferentes bloques de la oposición, y conseguir así aprobar la Ley Ómnibus en el Congreso, el sector tabacalero insiste en discutir los efectos negativos que la medida tendría sobre esa economía regional.
En un comunicado emitido por la Federación Productiva de Jujuy (Feprojuy) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), bajo el título “que la producción tabacalera argentina no se convierta en humo”, se indicó que el tabaco debe ser incluido dentro del listado de sectores que carecen de derechos de exportación, “ya que no cuenta con márgenes de competitividad”.
Elaborado en las provincias de Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Catamarca, Chaco y Corrientes, el tabaco es un gran generado de empleo.
“En conjunto todas las provincias comprenden a más de 17 mil agricultores, representando en forma directa más de 100 mil puestos de trabajo, sin contar los indirectos, por lo que miles y miles de familias argentinas dependen de esta actividad”, detallaron.
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Que la producción tabacalera argentina no se convierta en humo 🌪️❌#Noalosderechosdeexportación sin importar el signo político de quien gobierne❌#SomosCRA #FeProJuy pic.twitter.com/1cNPKJGIJV
— CRA (@CRAprensa) January 31, 2024
Sin embargo, el aumento en los costos productivos como lo fue el caso de la fertilización, que cotiza en dólares, y el traslado de los derechos de exportación a los productores tabacaleros, “pusieron a la actividad en un momento muy complejo, con productores en condiciones económicas y financieras extremadamente vulnerables”.
“El total exportado de tabaco Virginia (variedad más importante), generó una recaudación cercana a los U$S 25 millones en el año 2022, pero el costo de la medida significa la pérdida de competitividad de la producción en comparación con el principal exportador del mundo que es Brasil. Al calcularse sobre el precio FOB, y debido al alto valor agregado que genera la industrialización del tabaco, el impacto sobre el precio que se paga al productor se potencia llegando al 37%”, detallaron las entidades.
“La instalación de derechos de exportación resultará perjudicial a la producción y las exportaciones, afectando la competitividad a la producción tabacalera y a toda su cadena de valor y el desarrollo de la industria exportadora tabacalera nacional”, finalizaron.
