Para lograr la aprobación de la ley ómnibus, y evitar una gran crisis política, el gobierno de Milei desistió de aumentar las retenciones y otras medidas fiscales

“Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases”, es la frase que resume la sorpresiva conferencia de prensa de esta viernes por la noche, en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el gobierno de Javier Milei, para destrabar la negociación con los diferentes bloques de la oposición y lograr la aprobación de la Ley Ómnibus en el Congreso, iba a desistir de la suba de las retenciones al agro, entre otras medidas de índole fiscal existentes en ese proyecto.

“Estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y allanando el camino para la aprobación de la Ley”, aseguró al mismo tiempo el ministro, que enumeró las medidas que saldrán de la discusión impositiva de inmediato, porque trababan evidentemente la aprobación de la primera gran ley enviada por Javier Milei al Congreso. Estos componentes fiscales del proyecto eran el blanqueo de capitales, la moratoria impositiva, el adelanto de Bienes Personales, el retroceso en Ganancias y el incremento de las retenciones.

Este es el anuncio del Ministro de Economía:

En materia agropecuaria, este era un tema crucial, y también uno de los que despertó mayores resistencias en las provincias y sus legisladores: el megaproyecto de ley planteaba recaudar unos 1.500 millones de dólares adicionales en materia de Derechos de exportación (DEX) eliminando el diferencial histórico para la industria aceitera (con lo cual las retenciones al harina y aceite de soja subían de 31 a 33%) y elevando todo el resto del universo de posiciones agropecuarias al 15%. En las negociaciones solo se había logrado exceptuar de ese zarpazo a una serie de economías regionales y a la lechería en crisis.

Caputo dijo que la decisión de desistir con este paquete fiscal, que ahora se intentará negociar por separado y fuera de la ley ómnibus, implicará una resignación de ingresos al Poder Ejecutivo que redundará en una necesidad de mayor ajuste fiscal, en el gasto público, para así lograr cumplir con la meta de déficit cero. Es decir, que el estado gaste lo mismo que tenga de ingresos y no más. En un argumento repetido, el ministro insistió que el exceso de gasto es la causa de la crisis recurrente de la economía argentina en los últimos setenta o cien años.

Con este anuncio, el esquema de retenciones agropecuarias no tendría modificaciones: el poroto de soja seguirá tributando el máximo de 33%, sus derivados el 31%, los cereales el 12%, la carne bovina el 9%, y las economías regionales se mantendrían en el 0%. Claro que este aporte ya es significativo: si se recupera la cosecha como se prevé en la campaña 2023/24, el Estado recaudaría cerca de 8.000 millones de dólares del sector agropecuario. En cambio, si se aplicaba la suba, la recaudación hubiera trepado hasta cerca de 9.500 millones.

“La decisión del ministro Caputo que acaba de anunciar es muy positiva. Como agroindustria exportadora valoramos el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno y la capacidad que ha tenido de revisar esta medida que claramente tenía un altísimo nivel de rechazo de todos los sectores exportadores y también de muchas provincias y legisladores. Creemos que este es el camino correcto y hay que trabajar apoyando al Gobierno para avanzar en un plan económico que permita el crecimiento con un fuerte desarrollo exportador”, declaró de inmediato el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.

Tanto esta entidad, como el Consejo Agroindustrial Argentino, y las cuatro organizaciones que integran la devaluada Mesa de Enlace, habían manifestado su rechazo a este nueva suba de retenciones, y se lo plantearon al ministro Caputo en las reunión que éste mantuvo en las últimas horas con los directivos de las diferentes cámaras empresarias del país.

Un tema incómodo que quedará pendiente en este nuevo escenario es que las actuales retenciones no cuentan con el respaldo del poder legislativo, y por lo tanto lucen “inconstitucionales”. Es que las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo para poder fijar las alícuotas del tributo vencieron ya hace un par de años. El ex ministro Sergio Massa no pudo renovarlas en el presupuesto 2023, y tampoco lo hará el ministro Caputo al retirarse este tema de la Ley ómnibus, que en un artículo solicitaba facultades delegadas para el gobierno de Milei hasta el último día de su mandato, el 9 de diciembre de 2027. Este también había sido un tema de discordia con los diferentes bloques.