El anuncio y posterior concreción de la intervención de Vicentín, que también podría ser expropiada según lo que dicen las máximas autoridades del gobierno, dio lugar a protestas y reclamos en las comunidades de la zona de infuencia de la empresa. Pero también levantaron la voz de alerta muchos actores del sector privado, hubo rechazos de políticos de la oposición y hasta cuestionamientos de abogados. ¿Se trata de una medida legal?
Martín Oyhanarte es un joven abogado constitucionalista que ya tuvo participación en diferentes procesos de concursos y quiebras. Respecto de la intevención de Vincetín evaluó: “Desde el punto de vista jurídico fue de gran improvisación, de una gran torpeza técnica, inconstitucional e ilegal. No se sostiene en lo más mínimo en lo que nuestra Constitución establece para un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o incluso un decreto de ocupación temporaria, como terminaron proponiendo en el proyecto de ley de expropiación que se conoció, que también tiene grandes deficiencias”.
Escuchá la opinión de Martín Oyhanarte:
Oyhanarte dijo que no cabe el recurso del decreto de necesidad y urgencia porque debe actuar el Congreso, que “si bien funciona en forma, está en funciones”.
Además considero que se está violando la división de poderes propia de una República: “La medida es conservatoria de un patrimonio y ni el Congreso podría intervenir una sociedad anónima en detrimento de un juez, porque existe la división de poderes. En este caso el juez del concurso ya está interviniendo”.
Con respecto a la posible expropiación dijo que “el Estado puede expropiar una sociedad anónima, pero tiene que hacerlo bien. La Argentina tiene un triste prontuario, porque expropió mal varias empresas lo que nos costó millones de dólares”.
Puso como ejemplo a AYSA, le empresa de aguas. “En ese caso fuimos condenados a pagar millones de dólares en el CIADI”. Peor también mencionó “el caso de Ciccone, e YPF es el caso más dramático donde todavía no terminó el juicio y Argentina está sometida todavía a la jurisdicción de Nueva York y con un escándalo acerca de quién podría ser el último beneficiario de ese juicio”.
“Todos recordamos la conferencia de Axel Kicillof diciendo que Argentina iba a poder expropiar sin pagar nada, pero aún los más conservadores dicen que puede costarnos miles de millones de dólares”, remarcó.
El abogado dijo que el proyecto de expropiación de Vicentín establece que “se va a pagar con el crédito que el Banco Nación tiene contra la empresa”. Y consideró: “Eso es un error conceptual gravísimo. Si se expropia hay que pagarle a los accionistas y estos no tienen una deuda con el Nación, la tiene la empresa”, estableció.
“Además el Banco Nación no es el Estado. Parece que están mezclando cosas, quizás para sostener el argumento de que esto no nos va a costar nada. La Argentina va a tener que pagar por la expropiación de Vicentín y hay mucha preocupación a la luz de lo que paso con otras expropiaciones”, indicó Oyhanarte. Ese pago, explicó, deberá hacerse en efectivo “a los accionistas y de forma anticipada”.
Finalmente, el constitucionalista consideró que “como sociedad esto nos perjudica, porque si el gobierno de turno cree que se puede llevar por delante las cosas quizás lo logre, pero el mensaje es aterrador para que el invierte y para el que trabaja”.
“Quizás los dueños no reaccionan y los acreedores encuentran una solución, pero a la larga las consecuencias las pagamos todos con menos inversión o tasas más altas” debido el riesgo jurídico que implica inmovilizar capital en el país, remarcó el abogado.
