El gran peligro de esta discusión es que Vicentin termine siendo un montón de fierros viejos

Escribo tratando de ser objetivo sobre la crisis de Vicentin. Más allá de que sea un salvataje, una intervención o una expropiación, lo primero que habría que pensar -si de buena leche se quiere ayudar a productores y laburantes- es sobre cuáles son las mejores condiciones para que la empresa se reactive. Recordamos que sus plantas están cerradas -o subalquiladas- desde diciembre.

¿Por qué? Porque de nada servirá una Vicentin pública o privada si no se consigue recuperar la confianza de los productores. Vicentin no es YPF que tiene el crudo a disposición, porque tiene la concesión de los pozos petroleros. Vicentin tampoco produce soja. Tiene que conseguir quién quiera vendérsela.

Entonces, más allá de quien sea el dueño, lo fundamental es que el plan de negocios de la firma sea atractivo para los 1.500 productores, acopios y cooperativas a los que clavó con una deuda de 400 palos verdes. Mientras ese pasivo no se pague, difícilmente se logre reactivarla.

Algunos dicen: al ser estatal puede pagar más por la soja. Yo contesto que la Argentina casi no incide en el mercado internacional de granos, es “tomadora” de precios. Desde Chicago nos dicen que la soja vale tanto. Una empresa que maneja 10% del mercado local jamás podría incidir en la configuración de los precios internacionales de la soja o el maíz.

Además, y en esto coinciden todos los expertos, el de los commodities agrícolas es un negocio donde la plata se gana moviendo grandes volúmenes, pues los márgenes son de pocos puntos sobre los granos vendidos. Vicentin deberá trabajar entonces a tope si pretende ser una firma rentable.

Ya contamos que Vicentin tiene “teóricamente” el 22% de la capacidad de molienda del país. Digo teóricamente porque la mitad de eso corresponde a Renova, la planta sojera más grande del mundo. Es una sociedad entre Vicentin y Glencore que por ahora no entraría en la expropiación.

Si el Estado se queda (sin contar Renova) con las otras dos plantas que pertenecen a Vicentin, contaría con una capacidad de molienda de unas 20.000 toneladas día. Es decir que necesitaría por lo menos 600 camiones de soja por día para poner a funcionar sus motores a tope.

¿Cómo hace un Estado que no tiene mucho margen para pagar más por la soja (salvo que subsidie) para tentar a los productores a venderle 600 camiones por día? Sobre todo cuando la inmensa mayoría de chacareros desconfía del kirchnerismo y está en contra de la expropiación…

¿Cómo evitar que las dos plantas que supuestamente el Estado expropiaría (las de San Lorenzo y Ricardone) no terminen siendo fierros viejos y los 1.500 empleados terminen en la calle? Esa debería ser la primera pregunta que tendrían que hacerse quienes quieren expropiar a toda costa: ¿Cómo llenarlas de soja?

En ese sentido, a mi juicio la opción santafesina suena mucho más potable que la expropiación, porque pretende sumar a cooperativas (ACA es la mayor originadora del país) y porque quedaría en cabeza de YPF Agro, que puede aportar granos del canje por insumos. Adempas la nueva firma mixta podría ser capitalizada por otros actores del sector privado.

Todas estas preguntas son pertinentes por un detalle que marcó bien Martín Melo en una nota de Infobae: acaba de terminar la cosecha de soja 2019/20 y nadie -pero nadie- extrañó la ausencia de Vicentin en el mercado. Esto señala que pese a ser importante, no hace falta.

¿Qué quiere decir que no hace falta? Que a pesar de que Vicentin tenga una elevada capacidad industrial para moler soja, que esté en actividad no ha sido necesario y que la rueda puede seguir girando sin ella. No es claramente un servicio esencial. Podemos prescindir de ella.

Los números son contundentes: A trazo grueso, la Argentina cosechó 50 millones de toneladas de los cuales exportó 10 millones como porotos en 2019. A los 40 millones que ingresaron a la industria se le suman 3/4 millones más de Paraguay y Bolivia. Muele unos 45 millones de toneladas, con mucho empuje.

Frente a esta oferta de 45 millones de toneladas de soja para alimentar plantas como la de Vicentin, el conjunto de la industria oleaginosa cuenta con una capacidad para procesar 65/70 millones de toneladas. Sobra capacidad para 20 millones aproximadamente. La capacidad ociosa es muy alta.

Dicho de otro modo, si las dos plantas de Vicentin necesitan para funcionar 600 camiones de soja por día, o el doble de camiones si se suma la planta de Renova, ¿cómo espera el Estado atraer esos camiones si la capacidad instalada es de 7.000 camiones/día?

La industria más poderosa de la Argentina puede moler unos 7.000 camiones de soja por día

Por eso es muy endeble el proyecto oficial de expropiación y también es débil cualquier proyecto de salvataje: la capacidad ociosa de la industria aceitera es muy elevada y nada garantiza que Vicentin sea atractiva (y segura) para los dueños de la soja, que son los productores.

Entonces ahí, si siguieron este razonamiento hasta aquí, aparecen todos los temores… ¿Qué podrá hacer la Vicentin estatal para conseguir soja? ¿Saldrá a expropiar campos para producirla ella misma? ¿Obligará a los productores a venderle con otros artilugios y presiones?

Mi recomendación a los que impulsan este proyecto, entonces, es que más allá de discutir sobre soberanía alimentaria empiecen a contarnos realmente cómo harán para reactivar la empresa. Porque si no tienen un plan lo más probable es que las plantas terminen cerradas y la gente en la calle.