Roberto Feletti insiste con armar un fideicomiso con aportes adicionales de los exportadores del trigo y el maíz para subsidiar los costos de la industria molinera, las fábricas de fideos secos, y posiblemente también a la industria avícola, que produce carne de pollo. La Mesa de Enlace rechaza ese mecanismo porque descuenta que el dinero lo terminará poniendo el productor. El resto de la cadena agrícola lo rechaza porque es una invitación a la corrupción (como ya sucedió otras veces) y porque cree que esos subsidios terminarán llegando a quien no los necesita.
El fideicomiso es una como una gran alcancía donde unos ponen plata para gastar en un fin específico. En este caso, Feletti quiere subsidiar el trigo que utilizan molinos y fábricas de fideos. Ese grano está subiendo en el exterior, como casi todos los commodities, y Feletti no quiere que eso impacte en los precios internos. Es razonable la preocupación del secretario de Comercio, pues ese es su trabajo.
Todavía no se sabe cuánto dinero habrá que poner, porque no está claro el alcance del subsidio (por ejemplo, si se compensa el costo del trigo solo a los paquetes de 1 kilo de harina o también a las bolsas mayoristas de 25 kilos). Fuentes del negocio indican que serían unos 25 millones de dólares anuales, para arrancar, pero todavía falta ver el alcance de las resoluciones. Pero ya está claro quienes recibirían ese subsidio: unos 20 molinos harineros que hace paquetes de harina Triple Cero para consumo minorista y un puñado de fábricas de fideos secos.
Feletti también tiene claro de dónde sacará el dinero que necesita: de los exportadores de trigo y maíz, que son siempre los mismos, unas 15 compañías aceiteras/cerealeras. Ese sector dice oponerse, pero la verdad es que, aunque a regañadientes ya participa de otro fideicomiso para subsidiar las botellas de aceite y por el cual transfiere unos 180 millones de dólares que termina descontando de los productores de soja. El mecanismo que se propone ahora sería bastante similar.
Por eso la Mesa de Enlace salió a denunciar una “retención encubierta”, es decir otro impuesto a la exportación oculto, que será descontado de los precios que cobren los productores a la hora de vender su trigo o su maíz.
El peronismo a lo largo de su historia, y mucho más el kirchnerismo, no ha renegado nunca de usar el dinero publico para subsidiar a tal o cual sector cuando cree que lo merece o lo necesita. Siempre lo hace alegando Justicia social y otros menesteres superiores. Por ejemplo, en este momento se utilizan miles de millones del Presupuesto para subsidiar las tarifas de luz o los pasajes de colectivos en el AMBA, porque al parecer hay una necesidad. Y donde hay una necesidad hay un derecho, dicen.
Nada le impediría a Feletti utilizar pues el dinero del mismo presupuesto para subsidiar a las industrias alimenticias mencionadas si lo cree razonable.
Pero Feletti no usará la plata que ya recaudó el Estado por vías convencionales sino que apelará finalmente a la creación de un fideicomiso. Es decir será dinero adicional que se descontará a los productores, además del de las retenciones y otros impuestos.
El Estado ya recauda bastante plata del trigo y del maíz que se exporta, e incluso recauda más a medida que los precios de esos cereales suben, como está sucediendo ahora. Las retenciones vigentes para ambos cereales son de 12%. Ahí ya habría plata suficiente como para subsidiar a quien Feletti quiera.
Pero si sumamos las retenciones a la soja, que son las que aportan el filón de la recaudación nacional por tributos al comercio exterior, y que provienen de los mismos productores que siembran trigo y maíz, es incalculable lo que está recaudando el Estado. En total, las retenciones representaron en 2021 ingresos al Estado nacional por 963.117 millones de pesos, un 148,5% más que en 2020, y significaron el 8,75% de todos los ingresos tributarios.
Son cerca de 10.000 millones de dólares a valores oficiales. Los 25 millones que necesita Feletti ahora no son nada frente a esa suma.
Alberto Fernández comenzó su gobierno con una soja que en el mundo valía 350 dólares, y que ahora -por diversas razones -incluyendo la sequía en el Mercosur y la guerra en Ucrania – está por encima de los 600 dólares por tonelada. De ese valor internacional el Estado recauda el 33%. Es decir que por cada dólar que aumentó la soja en estos meses, el Fisco se quedaba con 33 centavos de dólar adicionales. Si la soja valía 350 dólares, Alberto recaudaba 115 dólares. Y ahora que la soja llega a 600, Alberto recauda 198 dólares.
La inmensa mayoría de las veces sucede que el Estado, por el solo hecho de cobrar retenciones tan elevadas a la soja, se apropia de una mayor cantidad de plata de la que recibe finalmente el productor, que tiene que vivir y volver a sembrar al año siguiente. Dejamos fuera de este análisis el impacto de la brecha cambiaria, que genera otra retención adicional encubierta, porque el productor cobra su soja en pesos al tipo de cambio oficial, pero a la hora de ir a comprar muchos insumos se los cotizan al doble, es decir al dólar billete.
No es la idea de este artículo hablar del productor, sino mostrarle a Feletti que simplemente apelando a lo que ya recauda el Estado de retenciones a la soja tendría dinero suficiente como para subsidiar todo el trigo que se consume en el mercado interno, sin armar complejos fideicomisos (pases de manos) que son una invitación a la corrupción, constituyen una retención adicional encubierta y además terminan subsidiando a quien no lo necesita, como bien argumentan los privados.
Lo dijimos, por cada dólar adicional que ha venido subiendo la soja, el Estado recauda 33 centavos. La soja subió en tiempos de Alberto unos 250 dólares por toneladas, y por lo tanto de cada tonelada el Fisco recaudó unos 75 dólares adicionales por tonelada.
Imaginando una cosecha malherida por la sequía, que se aproxime a 40 millones de toneladas de soja, el adicional que recibiría el Estado respecto de 2019 sería de 3.000 millones de dólares. Allí habría dinero suficiente como para que Feletti compre el trigo necesario para hacer el biscocho más grande del mundo. Quizá hasta pueda entrar al libro de los Guinnes por fabricar la “medialuna de los sueños” o algo por el estilo.
Por estás horas un paquete de harina de primera marca estaba valiendo en el mercado minorista unos 60 pesos en promedio, precio final con IVA. Con cada dólar que aumenta la soja, el Estado recauda 33 centavos de dólar, que son el equivalente a 33 pesos (groseramente, a la cotización oficial de 100 pesos), pero que serían el doble, unos 66 pesos, si se tomara la cotización del dólar libre.
Es decir que con cada dólar que sube la soja Feletti podría comprar 1 paquete de harina de trigo para distribuir entre quienes realmente necesitan ese alimento, porque son pobres. Por mucho menos, podría subsidiar parte del costo mayorista del trigo que utilizan avícolas, molinos y fábricas de fideos. Por cierto, el trigo impacta solo en un 10 o 15% del precio final del pan. El maíz lo hace 20% en el kilo final del pollo.
Imaginemos que Feletti quisiera utilizar todo el aumento de la recaudación adicional obtenida por la suba de la soja, los mencionados 3.000 millones de dólares, en comprar trigo para regalárselo a la industria. Al tipo de cambio oficial podría comprar cerca de 2.500 millones de paquetes de harina de trigo de 1 kilo. Eso le permitiría regalar casi 62,5 kilos de harina a cada argentino. Es más que el consumo interno de harina y todos sus derivados, incluyendo el pan francés.
Pero no, Feletti insiste en crear otro mecanismo, quiere recaudar más. La “suya” no la tocan y siguen sumando presión a un sector privado que a esta altura tiene razones sobradas para sentirse fastidiado.