“Le he sugerido al presidente de nuestra bancada de diputados mejorar la ley que se está tratando en el día de hoy. Queremos ser claros y transparentes en nuestros propósitos. Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal. Por eso propuse incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”.
Con esas palabras, publicadas en su cuenta de la red social Twitter, el presidente Alberto Fernández jugó una nueva carta, quizás la más previsible de todas, en su partida para imponer retenciones a los granos mucho más elevadas de las que regían en el gobierno de Mauricio Macri. Si entonces las retenciones a la soja (que aporta el 75% del dinero) habían caído entorno al 25%, ahora son de 30% y en el proyecto de Emergencia Económica que discute el Congreso (y que Fernández mandó modificar) se pretende elevarlas al 33%.
Con esta estrategia, está más que claro, el gobierno apunta a dividir la Mesa de Enlace justo cuando había pedidos de varias organizaciones rurales, especialmente confederaciones ligadas a CRA, para que ese bloque agropecuario avance en la definición de un paro agropecuario nacional en rechazo a estos aumentos de retenciones, que también alcanzaron a la leche y las diferentes carnes. Alberto tuiteó horas antes de que la Federación Agraria Argentina (FAA) realice una asamblea en la localidad santafesina de Alcorta. Carlos Achetoni, titular de esa entidad, habría reclamado en varias ocasiones que las retenciones fueran “segmentadas”, para que no tengan tanto impacto en los productores más chicos.
El flamante presidente de la Nación, en su cadena de tuits, duplicó la apuesta, porque habla de compensar también por los aumentos a las cooperativas. Un mensaje directo para que también Coninagro, que representa a ese sector y cuya columna vertebral está formada por la agroexportadora ACA (un subgerente de esa firma fue elegido como nuevo secretario de Agricultura), digiera mejor este paquete de medidas.
Las secuencia (primero subo retenciones y después trato de dividir al frente ruralista) es la misma que se vio en el conflicto de 2008, aunque mucho más atemperada y vertiginosa. Aquella pelea contra las retenciones móviles duró tres meses e incluyó actos multitudinarios y cortes de ruta. Los ruralistas mantuvieron su unidad a pesar de que a mitad de camino la ex presidente Cristina Kirchner prometió incluir un artículo en el proyecto de Ley para “segmentar las retenciones”.
En realidad, técnicamente, segmentar retenciones entre diversas escalas de productores es imposible, pues no son los productores (sino los exportadores) los que depositan el tributo en la Aduana y luego se lo cobran de los productores, descontando ese porcentaje de los precios de los granos. Entonces resulta posible para el Fisco decir que a un productor de 500 hectáreas le cobrará 25% de retenciones y a uno de 10.000 le cobrará 33%. No es viable.
Lo que ha hecho el Ejecutivo en situaciones parecidas, durante la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía en 2014/15 y también en tiempos de Cambiemos con los subsidios a los fletes de granos desde el NOA y NEA, es devolver una suma supuestamente equivalente al descuento directamente en el CBU de los productores a los que quiso beneficiar.
Se trata de un subsidio pagadero luego de un cálculo de la producción de cada productor, reintegrando parte de las retenciones que ese chacarero había perdido al momento de vender sus granos. En abril de 2015, Kicillof pagó esa compensación a productores de hasta 700 toneladas de producción de soja, trigo, maíz o girasol, en función de sus resultados en la cosecha 2013/14. Esto equivalía a productores de hasta 150 hectáreas, aproximadamente. En su momento, se calculó que los beneficiarios habían sido unos 7.700 chacareros.
En este caso, Alberto Fernández habló con corrección de “mecanismos de compensación”, que es la forma viable de devolver a los agricultores parte de lo que pierden con los derechos de exportación. Pero no aclaró ni cuando, ni cómo.
