Durante la madrugada de este jueves, y tras más de 10 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley de Glaciares (26.639), una normativa que data del 2010 pero que, tras el visto bueno del Congreso, tendrá ahora importantes cambios.
En febrero, durante el período de sesiones extraordinarias, el proyecto oficialista había obtenido media sanción en el Senado. Las dudas recaían sobre la jornada de ayer, tras semanas de acalorados debates en comisión y una férrea oposición desde varios sectores. Así todo, con el apoyo clave de los gobernadores -incluso del propio peronismo-, La Libertad Avanza logró imponerse con 137 votos afirmativos contra 111 negativos y 3 abstenciones.
Los discutidos cambios de esta normativa giran en torno a brindarle mayor autonomía a cada provincia en la gestión de sus glaciares y habilita la realización de actividades productivas en zonas de reservas hídricas, celosamente protegidas por la ley original.
El pedido fue del sector minero, apoyado por las provincias involucradas en la actividad. En concreto, la nueva normativa sólo obliga a seguir protegiendo aquellos bloques con una “función hídrica comprobable” -es decir, que aportan a las reservas de agua dulce y las cuencas internas- y permite avanzar sobre las zonas periglaciares y glaciares de escombros que no la tengan.
Esa decisión recae ahora sobre cada jurisdicción, en vez de ser exclusivamente nacional, como se establecía originalmente en la ley. Ya no es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) el que tiene un rol central, sino que se lo limita a una función de registro.
Para ello estará el Inventario Nacional de Glaciares, que, aunque será de consulta obligatoria, no evita que cada provincia pueda establecer qué áreas proteger. y con qué parámetros hacerlo. Dejarán de regir para ello una serie de estándares científicos homogéneos y mínimos comunes a todo el país, que de acuerdo con el gobierno, generaba “arbitrariedades” y dañaban el federalismo.
“La reforma aprobada devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos”, señaló el presidente Javier Milei en un comunicado difundido tras la sanción.
En efecto, eso fue lo que garantizó el apoyo de los gobernadores de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (que integran además Mendoza y San Juan), los vistos buenos que ayudaron a inclinar la balanza a favor del gobierno.
Sin embargo, la nueva normativa sí sostiene un “principio precautorio”, lo que establece que, hasta que los posteriores estudios y mediciones demuestren lo contrario, todos los glaciares y formaciones periglaciares incluidos en el Inventario Nacional seguirán protegidos.
Del mismo modo, una vez que un área de glaciares o periglaciares es habilitada para llevar adelante proyectos productivos -un aspecto que antes estaba completamente velado-, dejará automáticamente de estar protegida por la Ley de Glaciares pero seguirá bajo el marco de la Ley General del Ambiente y otras normativas vinculadas.
Eso establece que, previo a comenzar su explotación, será necesaria además una aprobación previa de esos planes. El procedimiento de evaluación establecerá si cumple con los parámetros de impacto ambiental, y otorga la última decisión a las provincias.
Tras la aprobación del proyecto, desde la oficina presidencial celebraron que se eliminan así “distorsiones ideológicas” y “trabas artificiales que impedían el progreso” y ratificaron que “el cuidado genuino del medioambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.
En particular, en Casa Rosada agradecieron el apoyo de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), mandatarios “amarillos”, “violetas” y peronistas que habían negociado la letra chica de la reforma por su particular interés de dar vía libre a los proyectos mineros de sus provincias.
