Si bien el concurso de Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. (GTA) ingresó en una nebulosa jurídica, ya que el proceso aún no tiene un tribunal asignado, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21, Germán Páez Castañeda, continúa realizando gestiones al tratarse de la instancia inicial en la que se radicó el expediente.
En tanto, el concurso preventivo de Wade S.A, Avex S.A. y Holding Agroindustrial S.A. (esta última controlante de las dos primeras y de GTA), sigue radicado ante el Juzgado Comercial Nº 1 a cargo de Alberto Alemán.
La Sindicatura Liquidadora de la quiebra de Rasic Hnos. S.A. (ex Cresta Roja, luego bautizada Wade cuando se incorporó al grupo avícola de la familia De Grazia), denunció el retiro y traslado de materias primas, insumos, documentación, herramientas, maquinarias y equipos, así como el desmontaje de líneas productivas.
Al tomar conocimiento de esa denuncia, Castañeda decretó la inhibición general de bienes de GTA, Wade y Avex e intimó a las autoridades de esas empresas a que dentro del plazo de 10 días presenten un inventario detallado con todos los bienes integrantes de las mismas.
“En caso de advertirse diferencias, faltantes o cualquier otra circunstancia que evidencie la ausencia de bienes respecto de los inventarios, libros, registros o documentación de las sociedades, deberán informar detalladamente tal circunstancia, acompañando, en su caso, copia de las denuncias formuladas ante las autoridades competentes y de las medidas adoptadas para su esclarecimiento y preservación”, señala el escrito del magistrado.
También requirió que las sociedades concursadas informen “detalladamente las medidas de custodia y conservación implementadas en cada planta, indicando la empresa de seguridad contratada, nómina del personal afectado y distribución de turnos, así como las restantes medidas destinadas a preservar la integridad de los bienes”.
Los representantes legales de GTA solicitaron a Castañeda que interceda para destrabar las medidas cautelares que afectan la operatoria de la empresa avícola. Se trata de 17 embargos trabados en 15 expedientes en trámite ante los juzgados federales de la seguridad social y de ejecuciones fiscales tributarias, 13 de los cuales son promovidos por ARCA y dos por una entidad sindical.
“Esas medidas son de dos clases: 10 de ellas recaen sobre las facturas y pagos que deben efectuar a GTA sus principales clientes, entre ellos Nestlé, Cencosud, Arcos Dorados, Degasa, Fadel, Frigorífico Soychú y Gedrez Recupero, de modo que la concursada ve capturada su cobranza antes que ingrese a sus cuentas; las 7 restantes recaen sobre sus fondos bancarios y, en el caso de las dos ejecuciones de la Obra Social de Petroleros, el mismo importe se encuentra embargado dos y tres veces por haberse comunicado la orden a través del Banco Central (BCRA)”, señala el documento presentado ante el juzgado por GTA. A ese problema se suman dos inhibiciones generales de bienes solicitadas por el Banco Credicoop Coop y ARBA.
Los representantes de GTA advierten que la demora en resolver la competencia del juzgado interviniente en el concurso podría “generar un efecto nocivo irremediable en GTA, que torne ilusorio el remedio concursal perseguido en autos”.
En ese marco, Castañeda solicitó a GTA que “dentro del plazo de cinco días, individualice y se pronuncie respecto de cada uno de los procesos judiciales en los que solicita el levantamiento o adecuación de las medidas trabadas: el monto por el cual se encuentra efectivamente cautelado, el y el alcance del embargo”.
Además, dispuso la indisponibilidad de 13.561.690 dólares que GTA tiene en una cuenta en el Banco de Comercio “para garantizar la continuidad de la actividad de la empresa, como así también cualquier otro fondo de titularidad de la deudora que pudiese existir en la referida entidad”, aunque señaló que la empresa debe “abstenerse de efectuar pagos, transferencias, retiros o cualquier otra operación que implique su disposición, con excepción de aquellas que sean expresamente autorizadas por el juzgado competente”.
También solicitó a GTA que informe “si a la fecha se encuentran siendo abonadas en forma regular las remuneraciones de los trabajadores y cargas sociales y, en caso contrario, individualizar a cada trabajador respecto del cual existan sumas pendientes de pago, indicando el período o concepto adeudado y el monto exacto de cada acreencia, acompañando el detalle correspondiente”.
