Después del papelón de la licitación de Juan Pazo, el gobierno anunciará el jueves a la Mesa de Enlace sus nuevos planes sobre trazabilidad en bovinos

Este jueves 6 de febrero, por lo que pudo averiguar Bichos de Campo, el ministro de Economía Luis Caputo aprovechará la reunión prevista con los dirigentes de la Mesa de Enlace para anunciar cómo continuará el plan nacional de identificación individual de la hacienda bovina, que quedó en veremos luego de que el gobierno admitiera el fracaso de la insólita licitación convocada por el ex secretario de Producción, Juan Pazo, para comprar 23,5 millones de caravanas electrónicas.

El plan de Pazo y de su concuñado político, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, era comenzar a colocar esas caravanas dotadas con un chip de fácil lectura y digitalización a los terneros a partir del 1 de marzo. Para eso necesitaban al menos la provisión de 10 millones de esos dispositivos en el primer cuatrimestre del año. Pero según anticipó este medio la semana pasada, ese plan fracasó porque la empresa que había ganado la licitación realizada en noviembre, la suiza Datamars, no podrá responder a esa demanda.

Pazo a Pazo, parece que se van al mazo: Analizan suspender la licitación para imponer la trazabilidad individual de los bovinos porque la empresa que ganó no llega con la cantidad de caravanas y el gobierno no reglamentó ni la distribución

No se sabe a ciencia cierta todavía de quién fue la culpa del fracaso de esta licitación internacional, porque la empresa responsabiliza a las autoridades económicas por la falta de atención a sus demandas (por ejemplo, saber con exactitud la fecha de cobro de las caravanas), mientras que en Economía se desentienden del desaguisado y responsabilizan a Datamars de incumplir los tiempos del contrato. Lo cierto es que las caravanas no están y el Banco Mundial, temeroso de posibles repercusiones judiciales, comenzó a dudar de poner la plata necesaria para pagar entre 0,88 y 0,93 dólares cada caravana, por una suma total cercana a los 25 millones de dólares.

Esta era hasta el momento la única política activa que en materia agropecuaria lanzó la gestión de Javier Milei. De tan encaprichado que estaba con el asunto, incluso Pazo fue más allá de los reclamos del sector ganadero, donde nadie pedía un sistema de trazabilidad electrónica individual de los bovinos, como el que se diseñó, y mucho menos que el mismo fuera gratuito para los productores, que iban a recibir sin costo alguno las primeras tandas de caravanas necesarias. Así, desviando un préstamos internacional que debía tener otro uso, el colaborador de Caputo había decidido subsidiar tanto al pequeño ganadero de subsistencia como a la empresa Cresud, que tiene más de 200 mil bovinos entre sus activos. También su propio fondo Invernea, que se dedica a captar inversiones en proyectos ganaderos, iba a recibir las caravanas electrónicas de forma gratuita el primer año.

Se conocieron las ofertas por las caravanas electrónicas y los argentinos pagaremos unos 23 millones de dólares para asegurar una trazabilidad del ganado, que nadie sabe bien para qué sirve

Lo cierto es que la licitación estuvo mal formulada desde el principio, ya que pese a que se dividió el país en once zonas para la distribución de las caravanas, a la hora de abrir los sobres la suiza Datamars se impuso en todo el territorio por ofrecer el precio más barato, desplazando por completo del negocio a los proveedores tradicionales de caravanas plásticas o botón. Ahora la multinacional suiza no puede responder a la demanda, y el gobierno deberá anular la licitación o reprogramar las fechas. Fue lo que anticiparon Pazo e Iraeta la semana pasada a los dirigentes rurales que fueron a verlos por la rebaja de retenciones: anticiparon que la exigencia de la trazabilidad individual sería aplazada posiblemente a 2026.

Pero no hubo más precisiones, y ahora Caputo deberá darlas en la reunión pedida a fines de enero por la Mesa de Enlace. La necesidad de detalles de los productores es perentoria, porque ya empiezan los destetes y la identificación de los nuevos terneros debe realizarse, aunque sea todavía con las caravanas tradicionales que se utilizaban hasta ahora. Con un agravante: como la licitación fallida se realizó en noviembre pasado, desde entonces las empresas tradicionales dejaron de producir también ese insumo, porque directamente iba a dejar de utilizarse para ser reemplazado por los chips electrónicos.

¿Qué puede suceder a partir de ahora? Un escenario es que el gobierno anule la licitación y postergue los plazos de la trazabilidad electrónica hasta 2026, para realizar un nuevo concurso, aunque difícilmente cuenta con el dinero del Banco Mundial, que fue desviado del programa Girsar y debía ser usado en cosas mucho más urgentes, como los impactos del cambio climático sobre el agro. La otra posibilidad es que simplemente se posterguen los plazos del programa sanitario para darle tiempo a Datamars a fabricar en su planta de Brasil la cantidad de caravanas que necesita la Argentina.

Hay una tercera opción, esbozada por el resto de las empresas que quedaron de mal modo afuera del negocio. Frente a la emergencia, los empresarios de firmas como Carreteles Rafaela, Villanueva y Pagano se reunieron la semana pasada y ofertaron a Economía sumar esfuerzos para poder comenzar la colocación de los chips a partir del primero de marzo, como establece el programa original de la Secretaría de Agricultura dictado en octubre pasado. “Si sumamos esfuerzos, nosotros las caravanas las tenemos”, dijo un empresario que está esperando una respuesta.

Como sea, los tiempos apremian, porque marzo está a la vuelta de la esquina. Aunque Pazo se ha convertido en un hombre mucho más poderoso en el gobierno de Milei, ya que fue designado al frente de la ARCA, sus macanas en el área de Producción han quedado visibles, deben ser admitidas y corregidas.