No hay resultado del mundial que pueda hoy cubrir las malas sensaciones en lo que fue Sancor. Este lunes 22 de junio es una fecha particular en esta larga crónica, ya que se cumplen los 60 días que había dispuesto el juez de la quiebra para desvincular a todos los trabajadores que no fueron incluidos en el listado que hace unas semanas se armó con evidente acuerdo con el gremio Atilra. En esa nómina quedaron 178 nombres de los 914 trabajadores que estaban activos al momento de decretar el final de la cooperativa láctea.
Con un apuro llamativo, aquel 22 de abril, el juez Marcelo Gelcich resolvía dictar la quiebra pedida por la entonces conformación empresarial, incluso ocho días antes de una asamblea extraordinaria que corroboraría esa solicitud. Con ello, ya no quedaban dudas del poder que el gremio ejercía en cada decisión de la justicia de Rafaela.
Sin haber consultado a los responsables de plantas para elaborar las listas, en las que además se incluyó a gente que hace años no estaba en sus cargos por licencias gremiales, dejando en puestos clave sólo a quienes los saben realizar, es que se compuso la nómina de 178 personas. Estos se repartieron en Gálvez con 19 personas; Devoto con 12; Balnearia con 10; La Carlota con 6; el mismo número para San Guillermo; y sugerentes 101 empleados para Sunchales.
Allí, en la sede central de Sancor, no había nadie de guardia el domingo 7 de junio, cuando se desató un incendio presuntamente intencional en esa planta que barrió con el sector de leche UAT, según describieran las autoridades intervinientes.
Esta lista se suma a otra elaborada con la cooperativa a mediados de enero de 2025, cuando fueron despedidas 450 personas, a dos semanas de la solicitud de apertura del concurso de acreedores. De este modo, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) carga con casi 1.200 despidos sobre sus espaldas, contrariando por completo los fundamentos de lo que debería ser su representación. Muestra de ello es la falta de reclamo por los casos planteados.
Si la cuenta se quiere ampliar, mirando casos como la paralización de Lácteos Verónica, con tan solo un “acompañamiento” a los 700 trabajadores, o silencio absoluto en la quiebra de ARSA, con 400 afectados, la falta en la defensa de los derechos de los trabajadores lácteos trasciende lo imaginable.
Los nuevos 736 despedidos de este tanda ya tienen las liquidaciones de sus indemnizaciones al 50% informadas hace algunas semanas por el Juzgado y en sus sistemas de ARCA. En muchos casos, además, comenzaron a recibir información para tramitar ayudas dinerarias temporarias por desempleo, mientras sobreviven con changas y sin cobertura de salud.
Mientras tanto, el juez Gelcich se apuró por clausurar este proceso, al poner un número cercano a los 55 millones de dólares para la venta de activos (tangibles o no) de SanCor, una suma que no está ni cerca de cubrir la deuda de 185 millones de dólares. Pero en este trámite no tiene aún plazo para la presentación de pliegos licitatorios para las ofertas totales o parciales de los interesados por dichos activos, las plantas y las marcas.
En la letra chica del detalle para el análisis de ofertas, llamativamente es el propio Juez el que dice que en la venta “el precio se abonará íntegramente en dólares estadounidenses, mediante depósito o transferencia a la cuenta judicial, dentro del plazo máximo de veinte días corridos contados desde la notificación de la Resolución Judicial, sin admitirse compensación con créditos verificados”. Si ese se s}cumpliera, habrá una adjudicación inmediata tres días hábiles después de la acreditación del pago.
Es particular el pedido para que los fondos lleguen de esta manera, teniendo en cuenta los problemas que siguen existiendo para la compra de moneda extranjera por parte de las empresas en nuestro país.
En este tránsito, donde la marca ha cobrado una relevancia excepcional con más del 40% del valor, ahora apareció en uno de los medios del cual es propietario el empresario Gustavo Scaglione, una novedad particular.
Luego de conocerse una intención de fideicomiso, que fue detallada con particulares orientaciones y que fuera rechazada por el Juez Gelcich a partir del dictado de la quiebra, con representación del estudio jurídico Regalli, en los últimos días se supo que uno de los síndicos del concurso y posterior quiebra de Sancor presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Santa Fe en la que acusa a Gelcich de montar un esquema para neutralizar el control independiente de la sindicatura y concentrar facultades en una coadministración afín al Juzgado.
Si bien en el texto de Rosario 3 no se explicita si es Oscar Epstein o Juan Tomat el síndico de la denuncia, se detalla que la designación directa de la contadora Lucila Prono como coadministradora, sin sorteo legal, derivó en la sustitución de funciones propias de la sindicatura, relegando a los síndicos independientes y favoreciendo operaciones comerciales de “dudosa conveniencia”.
La sindicatura en todo momento se vio desbordada por el volumen del caso, pero también habría anticipado información a medios afines a la causa sindical.
Lo que se indica también es el favoritismo del juez por la figura de Ignacio Pacheco Huber, que quedó a cargo de la sindicatura, donde no se habría tenido control sobre los famosos quesos de un warrant, que a pesar de haber sido más de 24 mil kilos, habrían desaparecido y con ellos la posibilidad de cubrir unos 200 mil dólares de deuda.
La acusación que circula en los tribunales de la provincia advierte que estas prácticas comprometen la transparencia del proceso concursal y su quiebra posterior, pero su explicitación mediática también da muestras de una interna entre la iniciativa de la propia Atilra y sus inversores, ligados a Scaglione, donde también se incluye a Leonardo Salvatierra, del Grupo Grassi, y Jorge Estévez. Este es el hombre que promociona al proyecto como una futura empresa que dependería, en gran parte con un cambio de gobierno nacional, de licitaciones públicas de lácteos y esquemas de otros tiempos ya conocidos.
De todos modos, hay algunos que estiman que estas acciones no hacen más que mostrar poder, seguir consolidando la obediencia judicial y disponiendo a gusto de los plazos, esperando por inversores externos que eviten que sean ellos quienes deben poner en forma directa los fondos, en lo que sería un círculo vicioso como el que terminó desencadenando la última crisis autoinflingida, allá por 2017, cuando BAF Capital dejó un tendal que nunca se pudo remontar.
