Como si la aguja fuera la deuda, el dolor de la pérdida. / Como si el hilo cumpliera el rol de los fondos salvadores, aunque turbios. / Como si los lienzos fueran las empresas lácteas.
Con esa imagen artesanal se puede representar el panorama que enfrentan tres empresas lácteas heridas de la misma forma, que sufrieron un desastre entre desatinos e intervenciones similares. Son tres historias separadas que tuvieron ese destino común y que ahora podrían volver a reunirse en algo que está lejos de ser una pieza de bordado valiosa. Se trata más bien de una artesanía del desastre, donde el golpe de lleno lo reciben los trabajadores.
Contar hoy brevemente las historias de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, de Alimentos Refrigerados SA (ARSA); y de La Suipachense, lleva a un próximo paso con apellidos conocidos, con intenciones sabidas y con mediadores interesados.
ARSA y La Suipachense fueron dos empresas lácteas que terminaron en la quiebra casi al mismo tiempo, dejando un saldo de más de 600 trabajadores afectados, además de un fuerte golpe a la cadena productiva que, a pesar de una paralización de unos dos años, fue más emocional que por los litros caídos.
En el caso de ARSA, el Juzgado Comercial 29 de Buenos Aires declaró la quiebra en octubre de 2025. La firma elaboraba postres, yogures y flanes con la marca SanCor, pero arrastraba años de irregularidades, como salarios pagados en negro, aportes sociales incumplidos y promesas de reactivación que nunca se concretaron.
Su administración pasó por fondos vinculados a Vicentín y finalmente por los hermanos venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también ligados a La Suipachense. La quiebra dejó más de 400 trabajadores sin empleo en las plantas de Arenaza en Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba, con un proceso judicial que se encuentra en la definición de la verificación de créditos y ofertas para nuevos titulares.
La relación de esta firma con Sancor vino con el fondo de inversión BAF, que es a partir del cual cambian de mano los productos frescos que se hacían en la cooperativa, y que se terminan derivando por completo, con pérdida de calidad y mercado que hizo que el deterioro no sea sólo por gerenciamientos fallidos.
La Suipachense, que formalmente figuraba como Lácteos Conosur SA, fue declarada en quiebra en noviembre de 2025 por el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes. La empresa incumplió el acuerdo preventivo con acreedores y acumuló deudas con proveedores, una cesación de pagos superior a tres meses, pasivos de 1.000 millones de pesos y cheques rechazados por más de 8.400 millones. También estuvo envuelta en polémicas como la venta de leche en polvo rehidratada en sachet, prohibida en Argentina.
La quiebra dejó a 120 trabajadores sin empleo y consolidó la caída de un proyecto que había sido presentado como salvación para la planta de Suipacha.
Ambos casos comparten un mismo trasfondo, malogrados gerenciamientos, gestiones empresariales fraudulentas, la administración de los hermanos Fernández y de alguna manera vínculos con Vicentín a través del fondo de inversión BAF.
En el caso de SanCor, quizá más conocido, el huracán destructivo que culminó en el pedido de quiebra hace poco más de un mes, tiene origen en una administración pésima, el despilfarro de fondos, el endeudamiento cíclico, pero también la intervención del fondo BAF Capital y Latam Trade Finance, que intervino en la compra de la línea de frescos para ARSA, que también puso directivos que venían de la fallida experiencia como operadores financieros de Vicentín y que no hicieron más que llevar al colapso a la empresa cooperativa.
Cerrado el Acuerdo Preventivo Extrajudicial y pagada esa deuda en 2015, la presencia de BAF sonaba como clave para encarar un proceso de saneamiento en la Cooperativa, planeándose en ese momento la reducción del plantel de trabajadores de más de 4.000 a 1.800 empleados, siempre con aval gremial. Aunque se creció hasta 600 mil litros en febrero de 2020, el golpe laboral fue enorme y envalentonó la ofensiva que para fines de 2021 ponía a varios apellidos en danza.
Eran presentados en algunos medios como los salvadores de Sancor: “empresarios reconocidos” que desde fines de 2021 comenzaron a operar para que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández les den fondos públicos del Banco Nación, (se habló de 60 millones de dolares) para hacer un gran negocio a través de un fideicomiso muy promovido por otras figuras políticas. Eso no resultó y José Urtubey, de Celulosa Argentina; Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond; y algunos también dicen que el empresario de medios Gustavo Scaglione, quedaron en el camino.
Sin embargo, hay un dúo que sigue intacto en la intención y cuenta con el principal aval que necesitan en esto, el apoyo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).
Ya son muchos los rumores que hablan del reingreso en la escena de Leandro Salvatierra, como parte del Grupo Grassi, y de Jorge Estévez, único empresario ligado al sector y que no pertenece en la actualidad a firma alguna.
Aunque la Nueva Vicentín atraviesa por estas horas el inicio de la definición de los jueces que revisarán la adjudicación de la cerealera, no cesa el objetivo de base, avanzar en el sector lácteo.
Fuentes sectoriales, operadores incluso de la fuerza gremial cuentan sobre visitas de algunos de los referentes mencionados a las plantas no sólo de Sancor sino sobre todo de ARSA, aunque algunos no descartan las intenciones que podrían extenderse a La Suipachense.
El parentesco de la desgracia que une hoy a las firmas, siempre tuvo que ver mucho con la anuencia gremial, esa misma que empujó las crisis, que hizo en algunos casos los listados de despedidos, pero sobre todo que siempre tuvo en claro la ambición del poder, de sentarse en una mesa de directorio a conducir. Pasar de gremialistas a empresarios.
Ya hubo ofertas judiciales, que deberían analizar antecedentes y el inicio de este nuevo proceso se podría dar desde la planta de Córdoba de ARSA.
Para que suceda el mismo trayecto en SanCor falta bastante del proceso formal, pero ya los rumores indican como cierto algo que anticipó Bichos de Campo. Con las plantas paralizadas, con 178 trabajadores incluidos en los esenciales para el gremio en las seis plantas (adeptos o irremplazables), de los 914 activos que había al momento del pedido de quiebra, son 736 los que quedarían despedidos, según lo dispusiera el Juez de la causa, cuando hayan pasado 60 días sin materia prima. Luego de ese potencial despido de los que no fueron anotados en las listas confeccionadas con colaboración de Atilra, la hipótesis es que a partir de ahí, mágicamente, aparecería demanda para hacer productos lácteos y en julio la leche cruda volvería a llegar a las plantas, comenzando por la de Sunchales.
No es ingenuidad lo que hay detrás de todo esto, sino poder y -esta vez si- dinero, para pagar deuda, para convencer productores tamberos y para intentar hacerse de lo fundamental, la marca Sancor, que es lo que abarca tanta ambición.
Estas maniobras fraudulentas son posibles, por obra y gracia del mal que aqueja a este hermoso país: LA FALTA DE CONTROL. Es todos llorar ámbitos sucede exactamente lo mismo. Falta de control.
Ya lo decía “el general”: “los muchachos son buenos, pero controlados son mejores”
Bueno, la sindicalia siempre hizo lo mismo, traición a su creación!