Esta semana, el gobierno nacional dictó el Decreto 640/2024, mediante el cual se reglamentó un fragmento del DNU que el presidente Javier Milei dictó en diciembre pasado con el objetivo de desregular múltiples aspectos de la economía argentina. La norma apuntó a desregular la actividad de los Warrants con el objetivo de impulsar el crédito en el sector privado y sobre todo en el sector agropecuario.
“Los Warrants, aunque no son un término común en la vida cotidiana, representan un instrumento clave para que las empresas, especialmente las Pymes, puedan acceder al crédito y asegurar la liquidez de sus inventarios y activos”, explicó un comunicado oficial explicando esta iniciativa. Un Warrant es un documento que certifica la posesión de cierto bien por parte del poseedor, generalmente un productor rural, que puede “utilizarse como garantía para obtener crédito y reducir los costos financieros”.
La reglamentación tiene mucho que ver con la llegada al gobierno, como flamante ministro de Desregulación, del economista Federico Sturzenegger, aunque la norma fue impulsada también por la Secretaría de Coordinación de la Producción del Ministerio de Economía, a cargo de Juan Pazo. La administración de los Warrant corresponde a la ahora derogada Secretaría de Bioeconomía.
“A partir de esta decisión administrativa, los Warrants pasan a ser de libre emisión, a través de intermediarios interesados en desarrollar este mercado, o de compañías autorizadas específicamente para este fin. Anteriormente, solo podían ser emitidos por una de las 10 empresas autorizadas”, explicó el gobierno sobre el tenor de este desregulación.
Y añadió que además “se liberó su utilización para cualquier tipo de producto, ampliando así las posibilidades de aplicarlos en la industria, minería, energía y otros sectores, más allá de su uso tradicional en el agro”.
Con el objetivo de acelerar la desregulación, también se permitirá que los Warrants se emitan en formatos electrónicos y se comercialicen sin restricciones en plataformas libres, utilizando firmas electrónicas y sin supervisión estatal.
“Estas medidas buscan potenciar las posibilidades financieras de la actividad económica, facilitando la expansión de préstamos en el sector privado y mejorando la valuación de los bienes de uso e inventarios en el proceso productivo, lo que contribuirá a la reducción de costos”, indico el comunicado.
