En una jornada en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA) cinco profesionales se refirieron a los pros y contras de cambiar la legislación actual, algo que reclaman muchos actores de la cadena agrícola. En Bichos de Campo iremos publicando cada una de las presentaciones que fueron resumidas por el sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
“La Ley 20.247 abarca dos cosas que no tienen casi nada que ver entre sí: lo relativo al comercio de semillas y lo referido a la propiedad intelectual de la creación de nuevas variedades vegetales. En el resto de la jurisprudencia argentina, estos temas están separados, pero esta Ley los junta”, puntualizó Miguel Rapela, Director de Vinculación del Centro Integrado de Genómica y Mejoramiento de UBATEC y Director Ejecutivo del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral.
Luego indicó que “al examinar los 11 proyectos presentados al Congreso (para modificar aquella ley) no se ven diferencias en nuevas ideas sobre la comercialización de semillas. El punto urticante está en la parte de la propiedad intelectual”, precisó.
Según Rapela, el punto central de la discusión sobre la modificación de la Ley vigente es cómo manejar el uso propio de la semilla. Poder guardar semillas de una campaña a otra está permitido casi en todo el mundo, con regulaciones para no afectar a quienes obtuvieron la variedad inicial. Este control no existe en la Argentina. En consecuencia, los mejoradores de especies autógamas —o sea, que se pueden conservar luego de producidas—, tanto de la faz pública como de la privada, se ven perjudicados al no obtener un retorno por lo que invirtieron en su trabajo.
“Por otra parte —agregó Rapela—, está el tema del monopolio. Las tres o cuatro empresas semilleras internacionales que dominan el mercado mundial poseen posiciones muy fuertes en el mercado de semillas híbridas en la Argentina, pero son casi inexistentes en el mercado de autógamas, que es el mercado del problema”.
“En este sector, la empresa líder absoluta en nuestro país es Don Mario, que es argentina. Por otra parte, el mercado de forrajeras está totalmente dominado por empresas argentinas, al igual que el sector hortícola. Entonces, respecto al monopolio, yo opino que ni de casualidad se da en la Argentina”, añadió el especialista.
“Otro problema es que dentro de los alcances de la modificación de la ley propuesta se incluyen a los descubrimientos, es decir, semillas que ya están presentes en la naturaleza y que no han resultado de ningún desarrollo tecnológico ni trabajo intelectual”, anumeró.
También aquí parece haber contradicciones, porque “los eventos biotecnológicos están hechos por seres humanos en laboratorios, no existen en la naturaleza, por lo que son protegibles por la Ley de Patentes 24.481. Y aquí se da una situación particular: una variedad vegetal se protege por la Ley 20.247 y dentro de esa variedad puede haber un transgén que está patentado por la Ley 24.481”, indicó Rapela.
Para el experto, entonces, “los alcances de cada normativa son muy diferentes, y casi ningún país del mundo logró resolver esta situación en la que se juntan dos cosas en un mismo individuo. Por ahora, en la Argentina no pasamos ni del ABC en esa discusión, pero no encontrar una solución no le sirve absolutamente a nadie”, remarcó Rapela.
