La provincia de Córdoba cuenta desde este jueves con una nueva ley de caminos rurales. Se trata de una actualización de la que estaba vigente hasta ahora, que databa de 1978.
En una sesión realizada el miércoles, los legisladores provinciales dieron luz verde al proyecto de ley que establece el Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados; normativa que viene a reemplazar la histórica Ley 6.233.
La normativa que propone un nuevo esquema de mantenimiento para los caminos rurales de todo el territorio cordobés. Se trata de un sistema que articula esfuerzos entre productores, consorcios, entidades y el Estado para mejorar la red secundaria y terciaria.
El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo provincial, a pedido de los Consorcios Camineros y las entidades agropecuarias de la provincia. Según indicaron las autoridades provinciales, el objetivo es conservar, proteger y mejorar los caminos rurales, a través de una articulación público-privada con foco en potenciar el desarrollo del interior provincial.
El texto contempla que el Ministerio de Bioagroindustria será desde ahora la autoridad de aplicación de la ley. Además, la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios Camineros, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único integran el sistema de gestión.
El financiamiento del nuevo esquema es a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural. También comprende ingresos por obras realizadas, aportes, subsidios, donaciones, recursos extraordinarios y las multas por daños en los caminos, que se destinarán al FDA. Específicamente, se aplicará el modelo que ya se viene desarrollando con el Consorcio Caminero Único y el Fondo de Desarrollo Agropecuario.
La medida fue celebrada tanto por el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, y por los productores agropecuarios.
El funcionario destacó: “Trabajamos más de un año en este proyecto de reforma con la Mesa de Enlace, los consorcios, los legisladores del oficialismo y la oposición y técnicos. Lo más importante es tener buenos caminos y una política pública construida con diálogo, respeto y visión de futuro”.
Asimismo, Gabriel De Raedemaker, productor agropecuario y dirigente ruralista, consideró que se trata de un avance que podría llegar a ser modelo a exportar a otras provincias.
Desde ahora, el cambio más radical es que la autoridad máxima encargada de administrar los fondos, es el propio Ministerio de Bioagroindustria, a diferencia de lo que se establecía hasta ahora, donde el contralor era el de infraestructura a través de Vialidad Provincial.
“Ahora Bioagroindustria pasa a ser autoridad de aplicación exactamente, tiene la supervisión, tiene el poder de policía y tiene la responsabilidad de gestión, del mantenimiento, de la mejora y de la traza en general de los cambios secundarios y terciarios”, graficó el productor.
A su vez, De Raedemaker cree que esto es un paso positivo para la ruralidad cordobesa: “Había allí un choque de Ministerios, ahora Bioagroindustria va a ser el administrador de los fondos que pone el campo en concepto de impuesto inmobiliario rural. Los propios productores estamos en el en el gobierno con los consorcios camineros, y el consorcio caminero único, que es el que tiene la responsabilidad de obras mayores, de mejoras o de pavimentación, incluso de los caminos rurales”.
“Para nosotros es un una evolución, un avance, una mejora en un sistema que necesitaba esta actualización, porque ahora lo gestionamos los productores”, celebra el cordobés.
El ex vicepresidente de CRA cree que esto se puede llegar a replicar en otras provincias: “Es un ejemplo claro de gestión público privada. Y es una conquista gremial para nosotros. Hay quienes dicen, ¿por qué tenemos que hacernos responsables de algo que le corresponde al Estado? Bueno, nosotros creemos que nos hacemos partícipes de la gestión de un recurso económico y de un recurso de infraestructura que para nosotros es vital”.
Resumiendo, el dirigente ruralista también señaló: “Sabemos que los caminos, así como la seguridad rural, constituyen elementos neurálgicos en la vida del producto agropecuario. Qué mejor que poder tener garantía de que lo que nosotros ponemos como recurso económico llega al lugar que realmente hace falta y por pedido de los propios productores. De esta forma quitamos, el manto de estilo político al uso de los recursos que nosotros mismos estamos aportando al sistema. Pasa ser realmente gestionado por el por el propio productor”.
