Parece surrealista, pero a casi 2 meses de las intensas lluvias que dejaron bajo agua a una parte importante del interior bonaerense, hay zonas que continúan complicadas, con caminos intransitables y pérdidas productivas. Lo que cae de maduro es que ya no es solo a causa del clima sino por la ineficiencia gubernamental.
La revuelta que se gestó en el sur del partido de Carlos Casares es una réplica de lo que ya se vio en otros municipios, como 9 de Julio y Bolívar. En este caso, un grupo de productores decidió conformar su propia sociedad civil para alzar la voz y defender lo propio, cansados de ser relegados por el municipio y de no ver efectos concretos de las tasas que pagan hace décadas.
“Somos chacareros, no estancieros”, aclara Carolina Donegani, que está entre los 8 integrantes de la incipiente asociación que convocó a una marcha frente al Palacio Municipal. Será el próximo lunes 12 de mayo a las 10 de la mañana, y exigirán, una vez más, que se normalice su situación.
En diálogo con Bichos de Campo, la productora, que proviene de una familia abocada hace más de 130 años a la producción agrícola-ganadera, señaló que “es un tema recurrente”, y recuerda haber visto situaciones similares en las últimas 5 décadas. “Sólo quien lo ha vivido puede tener idea de lo que significa, incluso más allá de las pérdidas materiales”, expresó.
La Comunidad Rural de Carlos Casares, que es esa asociación civil en ciernes, denuncia que los productores están sometidos a un aislamiento “político y social”, más que geográfico, y apunta todos sus cañones a la administración municipal. Lo concreto es que mensualmente se recauda toda una batería de impuestos con partidas destinadas a la infraestructura rural, pero hace décadas que no se avanza con obras concretas para evitar que muchos pueblos y campos queden incomunicados con cada lluvia.
La bronca de los productores deriva de que, mientras ellos denuncian el olvido de las autoridades, desde el municipio se difunden videos en redes sociales con otro relato. “La maquinaria que debería estar abocada a la “solución” parcial del problema se exhibe impunemente en la plaza principal mostrándose como trofeo de una guerra o batalla que el municipio no está llevando a cabo”, señalaron desde la entidad.
La experiencia le ha enseñado a Carolina que esta vez también pelea sola. O, al menos, sola junto a sus vecinos. Su agrupación ya ha llevado adelante acciones legales contra el municipio por la inundación de la campaña 2022/23 y la doble imposición por el cobro de tasas locales y provinciales. Ahora, vuelven a la carga para que el dinero de esos tributos, sumado al del impuesto inmobiliario y a los combustibles, vaya a donde corresponda y no se use de forma discrecional.
“Gran parte se usa para pagar sueldos a empleados municipales”, lamentó la productora, que estima que el 10% de la población de Carlos Casares hoy depende de la administración local.
Si le preguntan por las entidades sectoriales, dirá “bien, gracias”. Lo que ha dejado de manifiesto esta problemática es que los productores no ven reflejados sus intereses en representantes propios, y por eso han optado por tomar la lapicera y escribir ellos mismos sus reclamos. “Las bases, los productores del llano, se llevaron puesta a la Sociedad Rural, que sólo sale cuando está todo cocinado”, aseguró Donegani.
El camino que eligieron no es novedoso y, a raíz de la misma problemática, ya se ha visto en otros puntos de la zona núcleo. Su espacio propio, describe la experimentada productora, es “más aguerrido, apolítico y sin otros compromisos más que el bienestar de la ruralidad”, y han demostrado que están dispuestos a hacer ruido para reclamar la infraestructura que hace años les es negada.
De todos modos, están solos. A sabiendas de que los tiempos de la política no son los de la producción, ya han llevado adelante obras por su cuenta para mejorar los caminos y mover sus granos, leche y animales. De ninguna manera pueden quedar incomunicados por semanas y a la espera de respuestas que tal vez nunca lleguen.
El cálculo que hace Donegani es curioso, porque estima que con un año de lo que se recauda por sus tributos, podrían pagarse las obras de los 52 años que llevan acumulados de abandono, según dicen los productores.
“Nos robaron más de 5 décadas”, reclama la productora, a quien no se la ve cansada a pesar de los años, y que asegura que le pondrá el cuerpo a la situación para velar por su tradición familiar.
