Mientras los excesos de lluvias y el riesgo de inundaciones mantienen en vilo a productores del Litoral, el Ministerio de Seguridad de la Nación llevó la problemática de El Niño a su mesa de trabajo con los directivos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el Centro de Corredores, en pleno centro porteño.
Según indicaron desde la entidad privada, la reunión incluyó medidas preventivas frente a posibles anegamientos, aunque también dedicó buena parte de la agenda al contrabando de granos y a la cooperación entre el Estado y el sector comercial agroindustrial.
La reunión se dio mientras la situación en el NEA se complica por la crecida sostenida de los ríos Paraná y Uruguay, alimentados por las lluvias en las cuencas altas de Brasil y el aumento de los caudales. En Corrientes, el avance del agua ya afecta sectores ribereños, caminos y zonas bajas, mientras localidades como Empedrado registran evacuaciones y familias que debieron abandonar sus viviendas. En Chaco también crece la preocupación por la evolución del Paraná, con las autoridades en alerta ante la posibilidad de que los niveles sigan aumentando en los próximos días.
El impacto sobre la ganadería es inmediato. En Corrientes, los productores se encuentran trasladando hacienda desde las islas y los campos inundables hacia terrenos más altos, en una carrera contra el avance del agua. Las estimaciones de las entidades ruralistas como la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes ubican en alrededor de 60.000 las cabezas que deben evacuarse en las zonas de Goya y Bella Vista, una operación que requiere arreos, barcazas y una logística compleja.
Algunos animales salen a nado hacia tierra firme, mientras otros deben ser embarcados. La falta de transporte fluvial y de campos secos disponibles dificulta las maniobras, justo cuando se espera que la crecida siga avanzando.
La urgencia también tiene un costo económico. Sacar los animales implica fletes, conseguir pasturas o campos de destino y, en algunos casos, vender anticipadamente parte del rodeo para evitar pérdidas mayores. En zonas como Empedrado, la falta de una barcaza llegó a complicar el traslado de unas 1.800 cabezas pertenecientes a alrededor de 50 productores. Mientras el agua gana terreno, los ganaderos intentan poner a salvo su capital antes de que las islas queden cubiertas.
Con ese panorama a miles de kilómetros, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva encabezó el encuentro con representantes de las dos entidades vinculadas al mercado cerealero. Según informó la cartera nacional, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó las acciones que se llevan adelante ante el fenómeno climático y el riesgo de inundaciones en la Cuenca del Plata.
Entre las medidas mencionadas figuran el monitoreo conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la coordinación con las provincias y el despliegue preventivo de fuerzas federales en las zonas que podrían resultar afectadas.
El comunicado oficial, sin embargo, no detalló qué localidades productivas se encuentran bajo mayor riesgo, qué recursos concretos se destinarán a las zonas comprometidas ni cuáles son los mecanismos previstos para asistir a los productores que sufran pérdidas por las inundaciones. La información difundida se concentró en describir la coordinación entre organismos y las acciones preventivas anunciadas.
La otra parte de la agenda tuvo como eje el contrabando de granos. El director nacional de Estadísticas, Marcos González, presentó un relevamiento sobre las incautaciones registradas entre 2024 y mediados de 2026, del que surge que en 2025 las intervenciones con decomisos disminuyeron un 70%, mientras que la caída llegó al 83% en el caso de la soja.
De acuerdo con el informe, no se detectaron cambios relevantes en las modalidades delictivas ni desplazamientos hacia otras rutas que explicaran esa reducción. El análisis también vinculó la evolución del contrabando con las condiciones económicas. Según los datos presentados, por cada reducción de 10 puntos porcentuales en la brecha cambiaria se registra una caída promedio de siete intervenciones mensuales con incautaciones de granos y cereales.
El documento señaló además a los derechos de exportación como otro de los incentivos económicos relevantes para esta actividad ilegal.
Así, en una misma reunión, la cartera de Seguridad abordó dos cuestiones que atraviesan al agro, aunque desde perspectivas muy distintas. Por un lado, la prevención de una emergencia climática que puede comprometer la producción y la infraestructura rural en la Cuenca del Plata. Por el otro, el control del comercio ilegal de granos y las variables económicas que, según el propio informe oficial, inciden sobre ese fenómeno.
