Como perros y gatos: Cuáles son los puntos de la reforma laboral que dividen aguas entre las entidades rurales y los sindicalistas de la UATRE

De los trabajadores rurales que tiene la Argentina, se estima que mucho menos de la mitad está formalizado como corresponde. Y eso a pesar de que el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre) es administrado conjuntamente por empleados y sindicalistas, encarnados respectivamente en las entidades de la Mesa de Enlace y la UATRE. Los trabajadores del campo tampoco ganan los mejores sueldos entre los privados sino todo lo contrario, y eso que también aquí hay una negociación paritaria entre ambos sectores en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Que algo falla es evidente, sin dudas.

La discusión de la Reforma Laboral en el Congreso ha venido a dividir aguas en vez de unificar criterios para cambiar la situación. Los dirigentes rurales aseguran que permitirá mejorar la formalización de los trabajadores. Pero los gremialistas retrucan que promoverá la precariedad.

Por un lado, la UATRE lanzó un comunicado en el que advierte que la sanción de esa ley propuesta desde el gobierno significará “retrocesos en el régimen laboral que ponen al trabajo rural en riesgo”, y por lo tanto adhirió al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Pero al mismo tiempo, dos entidades de productores, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Fundación Barbechando, expresaron en Diputados un cerrado apoyo a esta iniciativa.

Como el agua y el aceite: Las agroexportadoras dicen que los sindicalistas tienen “una resistencia corporativa al cambio”; mientras que los gremialistas consideran que la reforma laboral “busca retroceder en el tiempo”

Vamos a un ejemplo concreto de estos desacuerdos.

La reforma laboral propone imponer períodos de prueba de hasta ocho meses para quienes quieran trabajar en un campo. Ángeles Naveyra, de Barbechando, consideró que ese es un periodo más que adecuado para probar a un nuevo trabajador y adquirir confianza en él. Para el sindicalismo, en cambio. ese período tan extenso (actualmente es de tres meses) “en la práctica significaría cubrir cosechas completas bajo condiciones precarias, dejando a miles de familias sin protección real”.

Hay varios puntos más que dividen la opinión entre actores que han trabajado juntos en infinidad de cosas, pero que ahora no logran conciliar posiciones frente al proyecto de los libertarios.

El vicepresidente de CRA, José Colombatto, expuso en Diputados la conformidad con el punto de la ley que elimina la llamada “Responsabilidad solidaria”. Esto implica que un propietario de campo que alquile a un arrendatario no será corresponsable de la registración de la gente que trabaje allí.  “Esto no elimina derechos; elimina incertidumbre jurídica y favorece la formalidad”, explicó el dirigente rural

Para el sindicato, en cambio, en este punto la responsabilidad solidaria entre empleadores y contratistas es útil y la reforma “solo debilitaría controles frente a incumplimientos y prácticas abusivas que aún persisten en el sector”.

Otro aspecto apoyado por los patrones y rechazado por los sindicalistas es la modificación del artículo 17 para reconocer expresamente la naturaleza cíclica y estacional de muchas tareas rurales. Así se evita que la reiteración de contrataciones para una misma campaña del mismo trabajador se convierta automáticamente el vínculo en permanente. Colombatto está muy de acuerdo con eso, porque “cuando la ley reconoce la estacionalidad, no se precariza el empleo; se lo vuelve registrable”, según sostuvo.

Para UATRE, en cambio, esta línea en el proyecto forma parte de “modificaciones que desconocen la realidad del trabajo rural y en lugar de fortalecer el empleo, profundiza la inestabilidad y pone en riesgo derechos básicos y la propia organización del sector”.

El punto más espinoso, de todos modos, es la fijación de salarios. Tanto CRA como Barbechando saludaron el hecho de que “las remuneraciones sean acordadas entre representantes de empleadores y trabajadores mediante negociación colectiva, quedando el Estado como autoridad de aplicación y homologación”, y no como parte activa. Es lo que sucede hoy, que en reuniones de la CNTA el representante del ex Ministerio de Trabajo ha saldado muchas veces las discusiones, generalmente a favor de los trabajadores.

Según la UATRE, esta medida “le quita facultades a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, herramienta clave para fijar salarios y sostener el equilibrio en la negociación colectiva”.