Comenzó la presión al gobierno para que la rebaja de retenciones se sostenga más allá del 30 de junio y se elimine el sesgo “anti-nacional” que tiene la medida

En una reunión con integrantes del equipo económico -incluido el titular de la ex AFIP, Juan Pazo, que parece mantener la batuta de la política productiva-, los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) iniciaron la segunda fase del operativo clamor. ¿Qué quiere decir? Que si hasta ahora el sector se había manifestado a coro por la necesidad de una rebaja de retenciones, ahora que esa medida su anunció la demanda generalizada es que esa reducción impositiva sea permanente y no temporal hasta el 390 de junio, como se decidió oficialmente.

El CAA es un bloque de entidades y cámaras de diferentes cadenas agroalimentarias y con este pedido seguramente se anticipó a un pedido semejante que el jueves tiene pensado llevar la Mesa de Enlace a un encuentro previsto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sucede que esa “temporalidad” de las retenciones, más la obligación impuesta a las agroexportadoras de anticipar a los 15 días la liquidación de las divisas, esta generando en el sector una creciente desconfianza respecto de que esta medida de reducir las retenciones (de 33 a 26% en el caso de la soja, y de 12 a 9,5% en los cereales) se adoptó realmente para ayudar al productor en un contexto difícil o se tomó para aliviar la escasez de divisas del Banco Central. Por cierto, todavía el impacto de esta rebaja impositiva no se siente como debería ser en los precios de los granos.

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Este fue el escenario que el CAA, presidido por el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, planteó a las autoridades económicas. Además de Pazo, estuvieron el subsecretario de Coordinación de Producción, Santiago Migone, y el subsecretario de Mercados de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Agustin Tejeda, quien conoce perfectamente el panorama porque curiosamente hasta llegar al gobierno se desempeñaba como economista jefe de la Bolsa.

Según un comunicado del bloque agroindustrial, obviamente primó la cortesía y “el CAA ratificó su apoyo a la decisión de baja de derechos de exportación para productos de los complejos cerealero-oleaginoso”, ya que desde su fundación -hace cuatro años- “estuvo realizando presentaciones para lograr llevar a cero los derechos a todo el universo de economías regionales”.

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“Según los estudios realizados por el CAA, la reciente modificación de los derechos de exportación generará un impacto significativo en las exportaciones, incentivando una mayor comercialización de los stocks, especialmente durante el primer semestre del año. Esto permitiría alcanzar exportaciones por 98,1 millones de toneladas, implicando un crecimiento interanual del 11%”, aseveró la entidad. En valor, según estos cálculos, se exportarían en  2025 granos y subproductos por 47.954 millones de dólares, con un incremento de USD 1.738 millones respecto a la estimación previa a la medida.

“Este aumento responde principalmente a la comercialización de stocks acumulados, con ventas adicionales concentradas en el primer y segundo trimestre del año”, se indicó.

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Pero, y aquí lo importante, los representantes agroindustriales solicitaron a Economía que se anuncie “la continuidad de la baja de derechos, así como la profundización” de ese sendero.

“Los estudios del CAA muestran que la continuidad de la reducción de los derechos de exportación enviaría una señal clave de confianza al sector, generando mejores condiciones para la planificación productiva y la adopción de tecnologías. Esto permitiría un incremento de entre 4 y 7 millones de toneladas adicionales, impulsando tanto la producción como el procesamiento interno”, se especuló.

Según este análisis, las exportaciones agrícolas podrían crecer entre 1.500 y 2.400 millones, “con la creación de aproximadamente 60 mil puestos de trabajo”, se exageró.

En el Consejo Agroindustrial, uno de los principales soportes es la entidad agroexportadora Ciara-CEC, que dirige Gustavo Idígoras y que continúan negociando con el gobierno los términos de los anticipos de divisas que se requieren para poder disfrutar de la rebaja temporal de retenciones.

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En este sentido, llamó la atención que el CAA expusiera ante Pazo y sus colaboradores otro punto sensible para el interior de esa entidad que agrupa a las cerealeras y aceiteras. “Se resaltó que resulta necesario ajustar los requisitos de elegibilidad de los beneficios de baja de derechos para productos del complejo-cerealero oleaginoso bajo Ley 21.453, dado que son de difícil cumplimiento para empresas nacionales con bajo acceso al financiamiento internacional”.

Este es un punto crítico que había anticipado Bichos de Campo: no es lo mismo para Cargill, Bunge o Cofco anticipar las divisas requeridas al BCRA que para la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), AGD o Molinos Agro, y mucho menos para los pequeños exportadores. Hay un claro sesgo en contra de las empresas nacionales en esta decisión del Palacio de Hacienda.