El Ministerio de Agricultura cerró en las últimas horas el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), en el cual las cerealeras declaran al Estado sus operaciones de exportación de granos y derivados, congelando los tributos que deberían pagar por ellas. Este cierre es el indicador más claro de que el gobierno de Alberto Fernández se apresta a subir nuevamente las retenciones que tributa la soja, el principal producto de exportación del país.
El cierre del Registro de DJVE fue dispuesto por el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Javier Preciado Patiño, y comunicado a la cadena agrícola mediante este comunicado:
El cierre rige a partir de las cero horas del 26 de febrero y “hasta nuevo aviso”. es decir que ya esta mañana del miércoles los exportadores no podían anticipar más negocios, y por lo tanto no tendrían chancs de anotar ventas con la posición previa de retenciones. Se especula que el registro quedará cerrado hasta por lo menos el lunes.
Desde hace algunos días, voceros del oficialismo (pero ningún funcionario) hablan de que el gobierno había decidido hacer uso del aumento adicional de retenciones a la soja que le autorizó el Congreso a fines del año pasado. Esto implica subir la presión en soja y sus derivados otro 10%. La alícuota ya había subido en diciembre de 24,7% al 30%, y ahora lo haría del 30% al 33%. Con este retoque, el productor sufrirá una rebaja adicional en cada tonelada de soja que venda de 10 dólares: hasta ahora le pagaban 235 dólares y le descontaban 100 por retenciones. Ahora le retendrán 110 dólares, y con la soja cotizando hacia la baja.
Las versiones echadas a rodar por periodistas cercanos al oficialismo que citan fuentes de la Casa Rosada indican que para aliviar esta suba de retenciones (que implicaría una recaudación adicional de unos 550 millones de dólares) al complejo sojero, el Gobierno ofrecería a la Mesa de Enlace mantener sin cambios los derechos de exportación que triubutan los cereales, el trigo y el maíz, y que ya habían subido en diciembre de 6,7% a 12%. Con esto, se optaría por no aplicar el adicional de 3 puntos.
Otra migaja para convencer a las entidades de no realizar medidas de protesta sería colocar las economías regionales que hoy no están contempladas (como el arroz o algunas legumbres) en el renglón de retenciones más bajo, del 5%.
La carne y la leche en polvo, así como algunos otros cultivos regionales, seguirían en el 9% que tributan desde diciembre.
Junto con la suba de los derechos de exportación al poroto de soja se habría decidido elevar el tributo también a la harina de soja y al aceite de soja, dos productos que se exportan más que el grano. Por lo tanto, se mantendría la eliminación del diferencial histórico de retenciones dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri en agosto de 2018. De todos modos, nada de esto pudo ser chequeado por ahora.
Una nueva versión es que el gobierno ofrecería a los dirigentes rurales un mecanismo de eliminación gradual de estos 3 puntos de retenciones aplciados sobre la soja, que iría reduciendo paulatinamente el peso del tributo a razón de 1 punto anual, para volver al 30% a fin de este mandato presidencial, en 2023.
Estos temas serían discutidos en una reunión que los dirigentes de la Mesa de Enlace mantendrían con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, posiblemente mañana jueves a las 16,30. La hora y el día no han sido oficialmente confirmados. Luego de ese encuentro, el sector agropecuario deberá decidir si realiza protestas o no lo hace. Muchos productores autoconvocados ya se pronunciaron a favor de movilizaciones y en Tucumán hasta se lanzó un paro de una semana de duración, en el cual no se venderán carnes ni granos.
