En las últimas semanas, España se vio convulsionada por una serie de protestas de sus productores agropecuarios, que exigían a sus gobernantes lo mínimo: condiciones para obtener una mínima rentabilidad. No es algo muy diferente a lo que se reclaman aquí al gobierno de Alberto Fernández. La diferencia es que los productores españoles reciben ya ingentes cantidades de subsidios de parte de la Unión Europea (UE) y que aquí se los penaliza con impuestos distorsivos, comenzando por los derechos de exportación.
Los tractores salieron a protestar por las calles de Madrid y de las principales ciudades españolas. Como acá, allá los pueblos van vaciándose y el número de productores va cayendo sin prisa y sin pausa, aunque en condiciones que objetivamente no son las mismas. Tampoco son las mismas las reacciones de los gobiernos. Aquí se suben las retenciones a pesar de que hay evidencias de que los productores de granos y de muchas economías regionales ya no soportan una mayor presión fiscal, pues eso los obliga a trabajar por debajo de sus costos.
En España, en cambio, luego de las protestas se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-Ley 5/2020, mediante el cual el gobierno dispone de una serie de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que incluye la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y prohíbe la venta a pérdidas. Sí, algo que acá es frecuente en la madre patria se prohíbe: que los productores cobren por sus productos un valor que se ubique por debajo de los costos de producción, lo que implica que se descapitalizan.
Pero además de las acciones contempladas en el Real Decreto-Ley, el Gobierno español ha propuesto a las organizaciones agrarias que convocaron a las manifestaciones un paquete adicional para responder a las demandas del sector, que plantea medidas referidas al proceso de formación de los precios a lo largo de la cadena de valor, Seguros agrarios, Presupuesto de la PAC, costo energético de las explotaciones agrarias, Financiación, costos laborales, Reciprocidad de las importaciones de terceros países y Regadíos. Es decir, promete abordar todo el abanico.
Aquí sería un sueño hablar de algunas de estas cosas.
Por lo pronto, el decreto promoverá una serie de medidas que la Argentina bien podría al menos discutir:
- Obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos; prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción.
- Prohibición de la venta a pérdidas.
- Regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios.
- Publicidad de las sanciones para los agentes que hayan cometido infracciones graves o muy graves.
- Reforzar el papel de la Agencia de Inspección y Control Alimentarios (AICA). El Gobierno se compromete a incrementar su presupuesto y dotación de personal.
- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promoverá que las comunidades autónomas cooperen en la realización de controles para el cumplimiento de contratos.
- El Ministerio se compromete relanzar el Observatorio de la Cadena, actualizando los estudios de márgenes de los principales productos. Publicará índices que puedan ser empleados para establecer costes de producción en los contratos.
- En los próximos días se iniciará la tramitación formal de la trasposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales para modificar la Ley de la Cadena en aquellos aspectos que no se han podido modificar por la vía de urgencia, que permitirán ampliar su ámbito de aplicación, prohibir nuevas prácticas comerciales desleales e incluir buenas prácticas en el articulado que hasta ahora eran de aplicación voluntaria.
- En el ámbito del seguro agrario se incrementará sustancialmente el presupuesto destinado a subvencionar la prima de los seguros agrarios en los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
- El Gobierno se compromete a continuar defendiendo el mantenimiento del presupuesto de la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto de la Unión Europea para el período 2021–2027.
- El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tramitará con carácter de urgencia, dos líneas de ayuda, por importe de 60 millones de euros para la instalación de fuentes de energía renovables en agricultura y ganadería, así como para la aplicación de medidas de eficiencia energética en regadíos e instalaciones agrarias.
- El Gobierno se compromete a mantener el sistema de tributación por módulos en agricultura durante toda la legislatura.
- El Gobierno se compromete a mantener las bonificaciones al gasoil agrícola durante toda la legislatura o periodo de gobierno.
- La fiscalidad de las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes que se hacía en un solo pago, pasa a pagarse en cuatro años.
- El Gobierno establecerá medidas de acceso al crédito para los sectores agrícolas y ganaderos, mediante ayudas a la financiación de avales a través de Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
- Bonificación de la cuota empresarial por la transformación de contratos temporales en el sector agrario a fijos o fijos discontinuos.
- El Gobierno se compromete a exigir la aplicación con el máximo rigor, la normativa comunitaria en materia de importaciones de productos agrarios en la Unión Europea. Respeto de precios de entradas, contingentes de importación, así como certificación y control fitosanitario.
- El Gobierno se compromete a impulsar la política de regadíos, como una política irrenunciable, priorizando la modernización de los regadíos basada en la eficiencia y la sostenibilidad.
- El Ministerio realizará una campaña de comunicación e información para acercar a la ciudadanía a la realidad productiva del campo y la dignificación del trabajo de sus profesionales.
