Está por terminar noviembre y todavía ningún productor ha cobrado la devolución de retenciones a la soja que el gobierno prometió en marzo para pagar primero en julio, luego en septiembre y más tarde durante el último bimestre del año. El último 3 de noviembre, el ministro Luis Basterra afirmó que los pequeños chacareros cobrarían esa suerte de compensación en dos cuotas -noviembre y diciembre- siempre y cuando hubieran vendido su soja antes del 30 de septiembre. Para el resto los pagos se desplazarían a los primeros meses de 2021.
La plata todavía no apareció en el CBU de ninguno de los beneficiarios, pero queda una semana para que finalice este mes y deba cumplimentarse el desembolso de la primera cuota. De todos modos, por una entrevista que el propio Basterra concedió este domingo al diario Página/12, ya sabemos que el gobierno finalmente destinará mucho menos dinero del que había proyectado inicialmente. Ahora el ministro dice que los pequeños productores de hasta 400 hectáreas de soja “recibirán devoluciones por 6.754 millones de pesos en total”. Esto es casi 5.000 millones de pesos menos de los mencionados hace apenas tres semanas.
El 4 de noviembre, entre los ministerios de Economía y de Agricultura publicaron la Resolución 1/2020, que en su primer artículo creaba este “Programa de Compensación y Estímulo” a los productores de soja más chicos, basado en la devolución de algunos puntos de las retenciones adicionales que les cobraron cuando aumentaron ese tributo a las exportaciones del 30 al 33%, en marzo pasado.
“El Programa implementado por el artículo 1º de la presente medida podrá destinar hasta la suma de 11.550.000.000 pesos a las compensaciones detalladas en el artículo precedente, imputable a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 52 (el Ministerio de Agricultura), sujeta a disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente a su ejecución”, decía el siguiente artículo.
En la promoción de esta norma el gobierno habló todo el tiempo de esa cifra: 11.550 millones de dólares. Pero no era casual que se incluyera en la resolución la palabra “hasta”, que establecía un límite hacia arriba de los fondos asignados a cumplir con esta promesa, pero no representaba un límite para abajo. Así, ahora Basterra da a conocer la cifra real que estaría en juego, luego de los cálculos realizados por la AFIP.
Serán 6.754 millones de pesos los que se devolverán al sector y no los 11.550 millones que se proyectaron a principios de noviembre. Son cerca de 5.000 millones de menos.
“Estamos cumpliendo con lo que prometió el Presidente Alberto Fernández desde el primer momento”, se ufanó Basterra en el reportaje con Página/12. Luego explicó que “se asumió un compromiso inédito, al menos nunca se había hecho por ley: la devolución y compensación de retenciones a pequeños y medianos productores. Que es lo que ahora estamos haciendo efectivo”.
En realidad, este procedimiento que alguna vez debería llegar a los bolsillos de unos 40 mil productores pequeños de soja, no fue -como dijo Basterra- un “compromiso inédito” del gobierno sino una orden del Poder Legislativo al Ejecutivo. En efecto, cuando asumió Fernández y se discutió en el Congreso una nueva Ley de Emergencia Económica, uno de los capítulos fue habilitar al gobierno a subir las retenciones a la soja del 30% vigente en ese momento al 33%, mientras que las de trigo y maíz podrían pasar del actual 12% al 15% si las autoridades lo consideraban necesario. Esa fue la Ley 27.541.
En marzo, el Ejecutivo hizo uso de esa opción para la soja: subió la retención al 33% y con eso se aseguró una recaudación por retenciones adicional de unos 400 millones de dólares.
En su artículo 52, la Ley de Emergencia se dedicaba a establecer el nuevo esquema de derechos de exportación. Entre otras cosas definía que “se prohíbe que la alícuota supere el33% del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja” y que tampoco podían superar el 15% “aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018”, es decir los cereales.
Pero inmediatamente, en el artículo 53, el Congreso ordenó al gobierno de Alberto una serie de cosas que jamás se cumplieron, o se cumplirían a medias como es el caso de la devolución parcial de retenciones. ¿Cuáles eran esos mandatos?
- “El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación y establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización.
- La modificación de las alícuotas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo, deberá ser informada por el Poder Ejecutivo nacional ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto.
- Las alícuotas que sean aumentadas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo no serán aplicadas en los distritos que sean declarados en emergencia agropecuaria de conformidad con la ley 26.509 -Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios”.
Claramente los puntos 2 y 3 de este artículo de la ley fueron desobedecidos por el gobierno: ni se formó una comisión para discutir o informar el aumento de las retenciones sucedido en marzo y mucho menos se excluyeron de esa suba a los productores declarados en Emergencia Agropecuaria, algo que es prácticamente imposible de aplicar.
Respecto del primer punto, la devolución de las retenciones, el cumplimiento será parcial y se ajustará a estos 6.754 millones anunciados ahora por el ministro Basterra y pendientes de ejecución. ¿Por qué parcial? En el mejor de los casos, esa cifra equivale ahora a 84 millones de dólares (tomando un dólar oficial de 80 pesos), que es apenas la quinta parte de lo que el Estado recaudó por al suba adicional de 3 puntos en las retenciones a la soja definida en marzo.
A principios de noviembre, cuando el Gobierno oficializó este esquema de devolución, en Bichos de Campo escribimos este párrafo para aclarar bien las cosas: “Para empezar conviene poner las cosas en su dimensión justa. Se produjeron en la campaña 2019/20 unas 50 millones de toneladas de soja que se vendieron a un valor (FOB) promedio de 350 dólares. Esto da un valor bruto de 17.500 millones de dólares sobre los cuales se aplicó una retención del 33% a todos los productores, sin excepción. Esto implicó una recaudación por retenciones de 5.775 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial, serían algo así como 460 mil millones de pesos. De esa suma, se devolverán “hasta” 11.500 millones de peso. Esto es solo el 2,5% de los recaudado”.
A fin de noviembre, ahora deberemos reescribir ese párrafo del siguiente modo: “Para empezar conviene poner las cosas en su dimensión justa. Se produjeron en la campaña 2019/20 unas 50 millones de toneladas de soja que se vendieron a un valor (FOB) promedio de 350 dólares. Esto da un valor bruto de 17.500 millones de dólares sobre los cuales se aplicó una retención del 33% a todos los productores, sin excepción. Esto implicó una recaudación por retenciones de 5.775 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial, serían algo así como 460 mil millones de pesos. De esa suma, se devolverán “solo” 6.754 millones de pesos”.
Esto es solo el 1,4% de los recaudado.
