En una visible estrategia de victimización de Cristina Kirchner tras el atentado que sufrió la semana pasada, y en una cacería de los fantasmas que sus propias políticas fomentando la grieta pudieron haber creado, el gobierno nacional puso en la mira a un productor agropecuario, acusándolo de fomentar el odio.
El Ejecutivo nacional (nada menos) presentó una denuncia penal contra el productor agropecuario de Pergamino, Román Gutiérrez, quien el 30 de agosto pasado (es decir, horas antes del ataque) “publicó un mensaje y video incitando públicamente a ‘fusilar’ a la vicepresidenta de la Nación”.
Román fue uno de los autoconvocados que conducía los destartalados tractores que ingresaron a Plaza de Mayo en abril pasado. Es dueño de unas pocas hectáreas en Pergamino, donde además realiza algunos negocios de venta de maquinaria agrícola.
Un comunicado oficial que desde el título vincula este caso con el “intento de magnicidio” que conmueve a los argentinos, informó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, presentó el lunes “una denuncia penal por el delito de instigación a la violencia contra Román Gutiérrez, productor agropecuario y ex candidato a concejal de Pergamino, quien publicó un mensaje y video incitando públicamente a ‘fusilar’ a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y a sus seguidores”.
Expone el comunicado del gobierno: “En el caso de Román Gutiérrez, la denuncia se basó en un video que publicó en su cuenta de Twitter el 30 de agosto de 2022. Allí, Gutiérrez afirma: ‘Ahí los tienen a los negros planeros hijos de mil puta defendiéndola a la cara de verga la conchuda hija de mil putas, hay que fusilarla a ella y a todos estos hijos de mil puta también… son cuatro pelotudos, ya se van a morir todos’. Estas expresiones fueron realizadas por Gutiérrez mientras filmaba una manifestación en apoyo a la vicepresidenta de la Nación”.
Consultado por Bichos de Campo, el productor autoconvocado de Pergamino reconoció que el 30 de agosto compartió en las redes sociales un video que no era de su autoría y del que no sabe ni siquiera quién sería su autor, “Nunca pensé que iba a hacer tanto lío. Era un video que no sé quien hizo, seguro que algún ciudadano recontra caliente de esos que ponen tanto video en Twitter recontra puteando a todos . Lo subí y ya está hecha la cagada”, relató el denunciado.
Lo cierto es que ese video agresivo que Román compartió como podrían haber hecho la mayor parte de los productores agropecuarios que suelen ser muy críticos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con quien la inmensa mayoría del agro sostiene una pelea interminable que nació con el conflicto por las retenciones móviles de 2008.
Pero en este caso tuvo un mayor impacto político, no por su contenido repetitivo sino por quién había dado el clic que lo continuó difundiendo en las redes sociales. Román Gutiérrez es bastante conocido en Pergamino entre otras cosas porque en enero de 2020, fue el organizador de una masiva marcha de tractores por las calles de esa ciudad del norte bonaerense. Recién después de eso intentó incursionar sin demasiada suerte como candidato a concejal por Juntos por el Cambio. Y comenzó a participar de la Sociedad Rural local, de donde ahora incluso analizan su expulsión.
Según relató el productor, el posteo en Twitter donde alguien pedía “fusilar” a la vicepresidente lo levantó un diario de Pergamino, Primera Plana, que suele estar alineado con el kirchnerismo. La nota en cuestión, sin embargo, fue levantada del sitio web de ese diario luego de que Gutiérrez explicara allí que no era él quien hacía esas afirmaciones. “Pero como hay gente (por los militantes del oficialismo) no tiene otra cosas más importante que hacer, llamaron en Pergamino a una asamblea del Concejo Deliberante, aunque no les dieron pelota, se suspendió. Esto es política, es más para hacerle daño al PRO. Porque acá me conocen todos y vos crees que no saben si yo lo hice. Me están matando en las redes sociales”.
El propio Gutiérrez borró el video ofensivo de su cuenta personal y pidió disculpas. Pero ya era tarde porque sectores del gobierno vieron en este caso la posibilidad de machacar con que la violencia política tiene origen en la oposición, victimizar la figura de Cristina y además echarle toda la responsabilidad del “odio” a otros sectores.
Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, se subió a esta movida oficial, que tiene mucho tufillo a caza de brujas. “Si bien el deseo público de Gutiérrez fue explicitado de forma previa al intento de magnicidio del que fue víctima Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre, y no hay ningún elemento para unir ambos hechos, la denuncia penal presentada por la Secretaría advierte que es precisamente este tipo de mensajes de odio los que ponen a la vicepresidenta en el lugar de ‘odiada’, a quien en este caso hay que ‘fusilar’”, explicó en el comunicado.
En el escrito de la denuncia penal además el funcionario sostiene que “no puede pasarse por alto que estas expresiones fueron vertidas en las redes sociales por una figura pública, que se desempeña como concejal Suplente en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino por Juntos por el Cambio desde diciembre de 2021 y es un activo impulsor de protestas contra las medidas económicas del actual gobierno”.
Por cierto, Román Gutiérrez suele ser un crítico constante de la política agropecuaria de Alberto y Cristina, y desde esa posición fue uno de los productores autoconvocados que se ocupó de organizar la marcha de tractores a Plaza de Mayo de fines de abril pasado, realizada al margen de las decisiones de la Mesa de Enlace y que contó con un nutrido apoyo de la ciudadanía porteña. Allí fue que lo entrevistó Bichos de Campo para conocer los motivos de su molestia:
Increíble, esta movida del gobierno que intenta salpicar a este productor de Pergamino nos costará dinero a todos los argentinos, en el trámite judicial que deberá intentar demostrar si Gutiérrez es o no el autor del video que compartió en sus redes sociales, y que ya borró. La denuncia de Pietragala, curiosamente, recayó en el Juzgado Federal 7 a cargo de Sebastián Casanello, el mismo juez federal que se hizo conocido por investigar y procesar al santacruceño Lázaro Báez y otras 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero obtenido de sobreprecios de la obra pública en Santa Cruz.
https://twitter.com/GustavoPeirano1/status/1564624880557084673?s=20&t=99Amius40BSVdGdyzPuNtA
Como atenuante a semejante delirio, el comunicado oficial aclara que “las denuncias presentadas por Pietragalla (hay otra contra un presunto agente de la CIA) aclaran que si bien la Secretaría de Derechos Humanos no desconoce que estos tipos penales pueden entrar en colisión con el derecho a la libertad de expresión -lo que requiere ser sumamente rigurosos en su aplicación-, es su deber institucional formular estas denuncias penales frente a discursos de odio que no están amparados por la libertad de expresión y que atentan contra la democracia de nuestro país”.
