La guerra entre laboratorios por el manejo del mercado de la vacuna contra la fiebre aftosa no se detiene y escala hacia impugnaciones judiciales. Biogénesis Bagó, el laboratorio que hasta aquí domina la provisión de 80 millones de dosis anuales los ganaderos, se presentó un mes atrás ante la justicia federal para pedir que se detenga el proceso lanzado por el gobierno nacional para desregular (y así facilitar) la importación de productos veterinarios, incluyendo esa vacuna. Pero la justicia le rechazó ese pedido, provocando un sonoro festejo de parte del ministro Federico Sturzenegger, principal activista en estas reformas.
Toda estas historia tiene más de un año: Comenzó cuando en abril de 2024, el ministro de Desregulación lanzó abiertas críticas a Biogénesis Bagó porque supuestamente ejercía un monopolio en la venta de esa vacuna por unos 150 millones de dólares anuales a los productores. Ese laboratorio, propiedad del poderoso grupo Sigman, ha ejercido históricamente un dominio sobre el negocio: es uno de los líderes a nivel internacional en materia de aftosa e incluso mantiene desde 2001 el banco de vacunas contratado oficialmente por Senasa para Argentina. Eventualmente le ha aparecido algo de competencia en los últimos años, con el laboratorio CDV, que comparte sus posiciones y rechaza el hostigamiento del gobierno libertario.
Aunque siempre fue responsabilidad del Estado Nacional actuar para evitar posiciones dominantes (y en 2015, cuando Sturzenegger fue parte del gobierno de Cambiemos nada dijo sobre estos escenarios), el presidente Javier Milei hizo suya la ofensiva y anunció que se iba a facilitar la importación de la vacuna más barata desde Brasil. Otro laboratorio enfrentado a Biogénesis, llamado Tecnovax, había hecho ese ofrecimiento.
Lo primero que se modificó para ello fue la supuesta “argucia sanitaria” que había diseñado Biogénesis para mantener su supremacía en un mercado cautivo: la exigencia por parte del Senasa de una vacuna con cuatro cepas de la aftosa. Por eso se resolvió comenzar a producir a partir de marzo de 2025 solo la vacuna “bivalente”, contra dos cepas.
De todos modos el Senasa (como organismo responsable) fijó la necesidad de que las nuevas vacunas pasaran por exámenes rigurosos de calidad. A estos se presentaron y los superaron tanto Biogénesis como CDV, mientras que el expediente de Tecnovax no tuvo grandes progresos. Además, cuando ese laboratorio intentó traer un lote de vacunas desde Brasil para hacer los ensayos, hubo denuncias cruzadas sobre la validez del procedimiento.
Lo cierto es que, bajo la evidente supervisión política de Sturzenegger, el Senasa luego emitió una serie de Resoluciones para saltar esas altas exigencias, y que no se limitaron solo a las vacunas contra la fiebre aftosa sino al universo de insumos de uso veterinario. La más importante de estas fue la Resolución 222/2025, que habilitó un mecanismo mucho más sencillo y célere para la aprobación de nuevos medicamentos para animales, solo si estos provenían de “países equivalentes”.
Esa lista de países “desarrollados” incluía primero solo a Uruguay, pero excluía a Brasil y Paraguay. Por eso a los pocos días se dictó al Resolución 338/2025, que incorporó a todos los países del Mercosur. Luego, ante las quejas públicas de los laboratorios nacionales, la Resolución 525/2025 de Senasa instrumentó una serie de requisitos para los productos veterinarios elaborados en los países socios en ese tratado.
El 7 de agosto pasado, luego de que Caprove (la Cámara de Productos Veterinarios) hubiera amenazado al Senasa iniciar acciones legales para frenar esta generosa desregulación del mercado de veterinarios, por las suyas la firma Biogénesis Bagó se presentó ante el juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Enrique Lavié Pico, para pedir una medida cautelar contra el Senasa, “con el fin de que se le ordene la suspensión de la vigencia y efectos de las resoluciones 333/25, 338/25 y 525/25”. Son las tres antes mencionadas, que permiten el ingreso de insumos veterinarios con menos carga burocrática y analítica por parte del Estado Nacional.
De este recurso de la principal jugadora en el mercado de la vacuna contra la fiebre aftosa (aunque también es relevante la participación de Biogénesis Bagó en otros insumos veterinarios) nos enteramos todos recién ahora, cuando Lavié Pico ha rechazado el recursos de amparo. El fallo -firmado este viernes- es el siguiente:
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La empresa del grupo Sigman, enfrentada en una guerra comercial a Tecnovax, del empresario Diego La Torre, había pedido la suspensión del proceso desregulatorio argumentando que “las resoluciones impugnadas son nulas de nulidad absoluta, en tanto generan un riesgo y perjuicio para la sanidad animal y la salud pública y para sus derechos y garantías constitucionales, en particular, el de igualdad, propiedad, el de ejercer industria lícita y competir en el mercado sin distorsiones”.
Biogénesis también planteó que esas resoluciones “fueron dictadas en un procedimiento en el cual corroboró varias irregularidades”, ya que derogan leyes nacionales, además de que “no existe equivalencia regulatoria entre Argentina y los socios del Mercosur, cuestión que aumenta el riesgo sanitario”.
En un párrafo de su denuncia, el laboratorio que produce aquí la vacuna sostuvo que se está otorgando “el mismo tratamiento regulatorio (…) a un champú para perros y a la vacuna antiaftosa”, lo cual “puede tener consecuencias catastróficas para la salud, dado que las normas evitan tragedias sanitarias, por lo que una desregulación liviana, infundada, arbitraria e ilegal conlleva riesgos irrazonables y perjuicios irreparables”.
El juez Lavié Pico fue categórico al rechazar el pedido de amparo: “La demandante no probó, en este incidente preliminar, el recaudo de verosimilitud del derecho invocado ni la supuesta ilegitimidad de las resoluciones”, señaló antes de dictar su sentencia. “Tampoco resultan conducentes, en este estadio procesal, el examen de los daños vinculados a la competencia o al ejercicio de la industria, toda vez que la actora no ha aportado elementos relativos a su giro comercial que permitan realizar el estudio que pretende”, añadió el magistrado.
En este escenario, luego del fracaso (en el Congreso o en la justicia) de varias de otras reformas que ha tratado de impulsar, Sturzenegger tuvo un motivo para brindar. Y lo hizo en las redes sociales con una extensa explicación que afirma que, gracias a esta decisión de la justicia, ahora estamos “un paso más cerca de ahorrarle 50 millones de dólares a los argentinos”. Forzar la realidad con ese dudoso argumento apunta a insinuar que el “monopolio” de la vacuna antiaftosa aplica ese millonario recargo en el precio a los productores, y que éstos a su vez lo cargan en el precio final de la carne a los consumidores.
UN PASO MÁS CERCA DE AHORRARLE 50 MILLONES DE DÓLARES A LOS ARGENTINOS. Como he ido comentando en varias ocasiones, Argentina tiene un problema serio de competencia en la provisión de la vacuna aftosa, un insumo importante para la producción ganadera. El mercado está dominado por…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 13, 2025
Sturzenegger no tiene empacho en disimular su porfía contra Biogénesis Bagó. “Hasta hace un año la competencia era casi imposible porque se exigían cuatro cepas, dos de las cuales no existían en el mundo hace décadas (aunque sí parece que estaban en el laboratorio de Biogénesis Bagó). Informado el presidente Milei de esta anomalía, en pocas horas revirtió a una versión de dos cepas, que es la que se usa en todo el mundo”.
“Sin embargo, la normativa era enrevesada no solo por el tema de las cuatro cepas, sino por un conjunto de otras normas (yo lo llamo redundancia regulatoria) que han ido bloqueando, en este año, la entrada de nuevos competidores”, agregó, haciendo referencia a los controles que igualmente el Senasa exigía para certificar la calidad de las nuevas vacunas bivalentes.
“Con el secretario coordinador de Producción Pablo Lavigne y las autoridades del Senasa hemos ido laboriosamente eliminando esas barreras, una por una. Como he dicho en reiteradas oportunidades, cuando la casta se encuentra pronta a perder sus privilegios, recurre a la Justicia como último bastión. Biogénesis Bagó no fue la excepción y presentó un pedido de cautelar sobre las últimas disposiciones de Senasa, presentándose como una suerte de autoridad sanitaria de la República”, explicó el ministro.
“Celebramos que el juez Lavié Pico haya denegado la medida cautelar, argumentando lo obvio: que corresponde a Senasa la gestión, evaluación y autorización de las medidas de sanidad animal del país. Es imperativo que el sector empresario entienda que el presidente Milei vino a cambiar de raíz los privilegios que anidaban en nuestro sector productivo y que imponían costos innecesarios a los 47 millones de argentinos”, añadió.
Sturzenegger insistió en que en el caso de la vacuna contra la aftosa existe un sobrecosto que favorece a los fabricantes locales y estimó que si se corrige esta situación habría “un ahorro de 60 centavos por dosis para 84 millones de dosis, da unos 50 millones de dólares anuales que ahorraríamos los argentinos en el costo de la carne”.
