El proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas que impulsa la gestión del gobernador neuquino Rolando Figueroa dio sus primeros pasos en la legislatura provincial desde su presentación formal. Fue en la Comisión de Producción, Industria y Comercio, donde miembros del gabinete explicaron su alcance y beneficios para el sector agropecuario local.
Tal como había adelantado Bichos de Campo semanas atrás, la propuesta busca frenar el avance de loteos y proyectos urbanísticos sobre las chacras irrigadas de los valles del Neuquén y el Limay, lo que resolvería una de las principales demandas de los productores: el resguardo de la superficie productiva, considerada estratégica para el desarrollo provincial.
Datos oficiales de Neuquén muestran que existe una pérdida sostenida de tierras y una creciente fragmentación de la superficie frutícola. Solo en 2025 se contabilizaron 663 hectáreas menos, al tiempo que la expansión de bases petroleras, talleres y servicios logísticos suma nuevas presiones sobre las chacras. Entre 2010 y 2020, la población provincial creció 15% y la huella urbana un 45%, pasando de 12.460 a 18.083 hectáreas.
“Esas tierras cuentan con los suelos más productivos de nuestra provincia. Suelos que no se generan de un día parta el otro, sino que son parte un proceso agropecuario y biológico que hizo posible que hoy tengan un alto valor para nosotros, pero también para el país”, indicó el secretario de Producción e Industria de Neuquén, Diego García Rambeau, durante la reunión de comisión.
“La idea es que esta ley nos dé garantías, a los neuquinos, sobre lo que viene después de Vaca Muerta, que es continuar con una matriz que tendrá al turismo y a la producción como principales ejes de desarrollo”, marcó luego.
El proyecto propone, entonces, ordenar el territorio sin plantear una elección entre producción, vivienda e industria, sino establecer condiciones para garantizar la convivencia de las tres actividades. Para ello se establece como objeto proteger, conservar, recuperar y utilizar de manera sustentable las tierras productivas, declarando su protección de interés público provincial.
El ámbito de aplicación comprende las tierras con aptitud productiva y bajo riego, tanto de dominio público como privado, estén o no actualmente en producción. También alcanza a aquellas superficies que cuenten con sistemas de riego y drenaje existentes.
Un punto clave de la iniciativa está en la zonificación. Se establecerá una Zona de Protección Prioritaria (ZP1) para producción agropecuaria estricta, mientras que la Zona de Uso Condicionado (ZP2) permitirá determinados usos sujetos a evaluación, eficiencia hídrica y criterios de sustentabilidad. En ambos casos se fijarán reglas específicas para la subdivisión de las unidades productivas y para la protección de la infraestructura hídrica.
En cuanto a la infraestructura de riego, la misma pasará a tener carácter intangible, incluyendo canales, acequias, compuertas, sifones y drenes. Quedará prohibida cualquier acción que altere, obstruya o comprometa su funcionalidad, independientemente de que se trate de obras públicas o privadas. La excepción será para obras que, debidamente autorizadas, incorporen medidas compensatorias equivalentes.
La propuesta también restringe el cambio de uso del suelo hacia usos residenciales, industriales, turísticos o de servicios, con excepción de viviendas familiares y de situaciones de interés público debidamente fundamentadas y respaldadas por dictámenes técnicos y ambientales.
Se prevén inspecciones mediante monitoreo remoto y controles presenciales, sanciones frente a acciones que afecten canales y drenes, alteren el suelo o el escurrimiento del agua, o impliquen loteos, fraccionamientos u obras sin autorización. Al mismo tiempo, se promueve el reconocimiento de buenas prácticas de conservación de suelos y eficiencia hídrica, con acceso prioritario a líneas de crédito específicas.
El proyecto incluye la creación de un Consejo Provincial para la Protección de Suelos Irrigados; de un Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados; incentivos fiscales y acceso prioritario a financiamiento para productores en zonas protegidas; y multas por incumplimiento.
“La propuesta busca, de este modo, anticiparse a transformaciones territoriales que puedan generar efectos irreversibles y establecer una política provincial de protección del suelo productivo, entendiendo que la conservación de las tierras irrigadas es también una condición para fortalecer la producción local y la seguridad alimentaria”, destacaron desde la provincia.
Una vez aprobada, la ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial. La reglamentación de los procedimientos técnicos y mecanismos de fiscalización, por otro lado, tendrá un plazo máximo de 180 días.
