Antes de abandonar sus cargos el 10 de diciembre, con el cambio de gobierno, los funcionarios del Ministerio de Agricultura buscarán jugar sus últimas cartas para generar otro contexto en materia de controles al comercio ilegal de semillas y asegurar el pago de regalías a los obtentores de nuevas variedades. La reforma de la legislación actual que se propiciaba con la discusión de una nueva Ley de Semillas ya fracasó, pues el proyecto no será tratado y de seguro perderá estado parlamentario. Por eso ahora la gestión de Luis Miguel Etchevehere busca consenso con el sector privado para dar el siguiente paso.
En concreto, el INASE convocó a una reunión especial de la Conase (Comisión Nacional de Semillas) para este jueves 28, buscando que los representantes de las entidades del sector agrícola aprueben dos propuestas que apuntan a establecer un nuevo ordenamiento en el mercado local de semillas. El aval de los privados sería “no vinculante”. Pero en el macrismo en retirada creen que sería respaldo suficiente como para modificar tanto el régimen vigente en materia de “uso propio” y el controvertido sistema BolsaTech, que administra hasta ahora el cobro de regalías por la tecnología Intacta, que pertenecía antes a MOnsanto y ahora es propiedad de Bayer.
Los dos puntos en discusión que propuso Raimundo Lavignolle, el titular del INASE, a los miembros de su consejo asesor son, en lenguaje críptico, “el proyecto de implementación de la Resolución 338/06 y la renovación de la Resolución 207/16”. Veamos de qué se trata cada cosa:
En el primer caso, la Resolución 338/06 fue firmada en su momento por el ex secretario MIguel Campos, una docena de años atrás, pero nunca fue reglamantada por el INASE. Su breve articulado dispone que “no se requerirá la autorización del obtentor de una variedad vegetal protegida conforme lo establece el Artículo 27 de la Ley 20.247 (la ley de Semillas vigente), cuando un agricultor reserve y use como simiente en su explotación, cualquiera sea el régimen de tenencia de la misma, el producto cosechado siempre que la nueva siembra no supere la cantidad de hectáreas sembradas en el período anterior, ni requiera mayor cantidad de semillas que la adquirida originariamente en forma legal”.
¿Qué quiere decir? Que el derecho al Uso Propio de los agricultores está garantizado siempre y cuando siembren todos los años la misma cantidad de superficie con las semillas compradas originalmente y sus sucesivos vástagos. Es decir que si Pirulo compró semilla certificada de una determinada variedad para sembrar 100 hectáreas, al año siguiente podrá guardarse semilla de ese mismo lote, pero para sembrar solamente 100 hectáreas y no 500 hectáreas.
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En otras palabras, el equipo de Etchevehere quiere poner límite a que, al amparo del derecho al Uso Propio, algunas empresas agrícolas cometan abusos y multipliquen semillas certificada sin límites, sin pagar regalías a sus obtentores. La creencia de los funcionarios salientes es que allí se esconde buena parte del activo negocio de la “bolsa blanca”, que es la semilla no certificada que se vende cada año en el mercado sin pagar regalías.
La segunda reforma que propone Agricultura tiene que ver con el sistema BolsaTech. Cerca de Etchevehere afirman que ese sistema, que fue creado por la ex Monsanto para asegurarse el cobro de regalías por su soja Intacta y ante el rechazo oficial se transformó en un mecanismo administrado por las Bolsas de Cereales, podría ser reemplazado por otro régimen de control más “inteligente” sobre el mercado de semillas, que no sea solo limitado a esa variedad sino que abarque a todos los germoplasmas de soja y a sus tecnologías transgénicas asociadas. y también a otros cultivos.
El Bolsatech, en rigor, durante todo este tiempo continuó siendo costeado desde las sombras por la ex Monsanto (que enviaba gratuitamente los reactivos necesarios para testear toda la cosecha de soja a los laboratorios de las bolsas y otros centros habilitados). Los resultados eran enviados al INASE, que luego informaba a la dueña de la tecnología, que eventualmente así terminaba intimando judicialmente a los productores que no habían pagado por la tecnología Intacta.
¿Y qué cambio desde entonces? En el Ministerio se muestran sorprendidos por la eficiencia del SISA (el sistema unificado de Información Agrícola), que administra la AFIP a partir de los datos recabados de los productores, y que se alimenta también de las declaraciones sobre la compra de semillas certificadas. En base a esa información, Agricultura afirma que se pueden detectar situaciones sospechosas, sobre todo en el rango de empresas de mayor tamaño, y a partir de allí hacer controles dirigidos para detectar el uso de semilla ilegal. Este sistema, además, podría ser pagado con recursos propios del INASE, según se estima.
Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) rechazan la posibilidad de avanzar en esta reforma del Bolsatech, de seguro por temor a que esos nuevos controles terminen malográndose y queden solo en promesas. Si así fuera el Bolsatech se caería y quienes buscan cobrar regalías se quedarían sin el pan y son la torta.
De todas estas opciones se debatirá el jueves.
