En una jornada en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA) cinco profesionales se refirieron a los pros y contras de cambiar la legislación actual, algo que reclaman muchos actores de la cadena agrícola. En Bichos de Campo iremos publicando cada una de las presentaciones que fueron resumidas por el sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
“Considero que el debate debe abarcar mucho más allá que un mero cambio legal. No estamos discutiendo cuestiones vinculadas con la agronomía y con el derecho, sino con nuestro modelo agrario, nuestro modelo alimentario y, por lo tanto, el proyecto de país”, enfatizó Tamara Perelmuter, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Añadió que la discusión debe incluir a todas las voces, desde agricultores familiares hasta campesinos e indígenas, incluso a quienes viven en las ciudades y consumen alimentos.
Perelmuter comentó que las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria y la base de la biodiversidad del planeta. La diversidad genética de los cultivos conocidos proviene de un trabajo milenario de los pueblos, y el avance de los derechos de propiedad intelectual sobre las plantas no contribuyó al aumento de la biodiversidad, sino todo lo contrario. La lógica de la apropiación privada del trabajo colectivo histórico de los pueblos promovió una pérdida mayor de diversidad genética y agrícola. “Lo que se está debatiendo es la propiedad intelectual sobre la vida”.
“¿Qué dice este proyecto del oficialismo que hoy discutimos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un dictamen que no modifica la Ley entera, sino algunos puntos. En primer lugar, se refuerza el poder de policía del INASE (Instituto Nacional de Semillas). Lo que se desprende de este artículo es que el Estado será quien ejecute los intereses de las empresas ante una eventual vulnerabilidad de sus derechos de propiedad intelectual”, aclaró Perelmuter.
Asimismo, la docente destacó que el segundo punto en debate, y probablemente el más importante, se refiere al uso propio de las semillas. “El uso propio dejaría de ser libre y gratuito, como contempla nuestra Ley actual en su artículo 27, que lo considera un derecho de los agricultores, para pasar a ser una mera excepción de un derecho que tendrán otros, los obtentores. Este es un cambio radical en la concepción de esta práctica histórica de los productores agrícolas”.
La analista social agregó que “la limitación del uso propio violaría muchos tratados y acuerdos internacionales como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, conocido como el tratado de semillas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992, e incluso el Convenio de la UPOV, en su versión 78, de la cual la Argentina es parte”.
“La restricción del uso propio aumentaría la dependencia de los productores con las grandes empresas y los sacaría del lugar que históricamente tuvieron como productores y reproductores de semillas, colocándolos como arrendatarios del germoplasma que se produce en otros lugares”, añadió.
Según la docente, el tercer punto a ser modificado es el relacionado con el carácter de orden público de la normativa. “La actual Ley de Semillas no es de orden público, lo que significa que no puede haber disposiciones por fuera de la Ley. Este hecho permitió la existencia de los contratos bilaterales que le habilitan a las empresas multinacionales a cobrar regalías extendidas por la soja intacta. Por eso, numerosas organizaciones de productores, incluso sojeros, están pidiendo que la futura Ley sea de orden público para que no haya contratos leoninos por fuera”.
“Sin embargo, el dictamen aprobado en Diputados sólo logró que algunos artículos sean de orden público, y no es el caso del artículo 27, justamente el del uso propio. Esto significa que aun con todas las limitaciones que tienen las excepciones vinculadas a los indígenas, a los productores familiares y a las micropymes, podría haber disposiciones que contradigan a esas mismas excepciones”, concluyó Perelmuter.
