Andrés Grasso, asesor técnico de la Asociación Fertilizar, dijo que es imprescindible generar incentivos para que los productores agropecuarios repongan los nutrientes que extraen de los suelos con sus cultivos.
Contra lo que cree la mayoría de observadores, no es cierto que en esta materia haya una ausencia total de regulaciones por parte del Estado. En rigor, Grasso recordó que desde 1983 existe una Ley nacional de uso y conservación de suelo. De todos modos aclaró que la norma solo funcionó durante cinco años y luego quedó desfinanciada.
“La Ley no es mala. Tomaba en cuenta cinco grandes regiones agroecológicas del país y funcionaba con consorcios regionales que abarcaban las demandas regionales, por la heterogeneidad de cada suelo”, detalló Grasso en diálogo con Bichos de Campo.
Pero como en el caso de tantas otras leyes, el texto quedó convertido en letra muerta por la falta efectiva de aplicación y control. “Así llegamos a cómo estamos hoy, en donde el productor no tiene ninguna reglamentación que lo ordene y termina decidiendo en función de lo que le otorgan las variables macro del sistema. Cuando los años son malos, se va para abajo en la reposición de nutrientes”, advirtió.
Aquí la entrevista completa con el técnico de Fertilizar AC:
Grasso contó que en un momento más reciente de la historia, desde la industria de los fertilizantes se había propiciado otros instrumento legislativo para incentivar el uso de ese insumo. El proyecto de ley contemplaba una desgravación impositiva para aquellos que realizaban una buena práctica en materia de reposición de nutrientes. Pero esa herramienta también cayó en desgracia, incluso antes de ser sancionada.
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En este contexto de desamparo para los suelos, entonces, “siguen existiendo algunas reglamentaciones muy puntuales según provincia, cuenca o cultivo, como pasa con el maní en Córdoba pero no va más allá”, informó Grasso.
El experto de Fertilizar, por último, destacó que el único beneficio con el que cuentan hoy los fertilizantes es la exención en la mitad del IVA, ya que pagan 10,5% en vez de 21%. Pero esto se hizo para unificar la alicuota con la de los granos y tampoco parece ser suficiente para incentivar una práctica que siempre -pese a ser necesaria- suele quedar atada a una coyuntura económica y la rentabilidad de los productores, en un país con reglas muy cambiantes.