Entre Ríos es epicentro de una fuerte polémica en torno a las aplicaciones de fitosanitarios cerca de escuelas y centros poblados. Primero la justicia falló imponiendo severas restricciones, pero luego un decreto del gobernador Gustavo Bordet flexibilizó las reglas permitiendo el uso de agroquímicos desde los 100 metros de distancia. Esta semana la justicia volvió a ratificar su fallo e impuso distancias preventivas de 1.000 metros. El presidente Mauricio Macri terminó de armar la tormenta perfecta al declarar que este fallo era “irresponsable” pues podía dejar fuera de producción hasta 20% de la superficie agrícola de la provincia.
“Desde el año pasado que se viene judicializando este tema en Entre Ríos. La ONG Foro Ecologista de Paraná presentó un recurso de amparo en 2018 y la Justicia falló a su favor, poniendo un límite de prohibición para usar cualquier agroquímico, estableciendo límites de 1.000 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas. Pero cuando Bordet sacó su decreto en enero de este año, la ONG volvió a presentar un recurso de amparo y la Justicia se lo aceptó, debido a que el gobierno no hizo las pruebas científicas suficientes para demostrar que están asegurando la salud de quienes asisten a las escuelas rurales”, explicó en Bichos de Campo Andrés Domínguez, el director de RED Consultora.
Escuchá la primera parte de la entrevista a Andrés Domínguez:
Domínguez, que es abogado y docente de derecho en la Universidad de Belgrano, explicó que “durante el primer fallo de 2018, la Justicia aplicó el Principio Preventivo Ambiental, el cual sostiene que si el medio ambiente puede ser afectado hay que tomar medidas antes, porque luego puede ser tarde. Este principio cruza todos los fallos de estas características. Ante esta normativa judicial es que el gobierno de Entre Ríos hizo un nuevo decreto achicando los metros de permiso de aplicación de agroquímicos en áreas terrestres y aéreas. Y por eso la ONG Foro Ecologista de Paraná volvió a quejarse”.
El presidente de RED Consultora agregó que “el gobierno provincial se justifica mencionando un informe de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que realizó Agroindustria en conjunto con el INTA y Conicet. Pero si lo analizamos no deja de ser un documento colgado en una página web, debido a que no es disposición ni resolución”.
En este sentido, Domínguez recomendó: “No podemos justificar el uso del glifosato solo porque se respetan las BPA y de este modo decir que se aseguran la salud, inocuidad y medio ambiente. Es necesario dar un debate social por fuera del sector agro. Es necesario que se presenten pruebas y argumentos que convenzan a la sociedad, porque así un producto como el glifosato, que no tiene consenso social, nunca será aprobado”.
Escuchá la segunda parte de la entrevista a Andrés Domínguez:
“Quizás las BPA son la solución tecnica, pero ni para la Justicia ni para la sociedad es suficiente. Hay fallos en Colombia, y también en Brasil. Incluso en Estados Unidos la Justicia falló en contra de Monsanto, estableciendo que el glifosato había causado cáncer, y con indemnizaciones millonarias”, remarcó Domínguez.
Para el abogado, el fallo reciente de la Justicia en Entre Ríos “amerita para que la provincia tenga una ley provincial, al tiempo que Nación tampoco debe demorar el debate de una ley nacional de aplicación de agroquímicos”.
Escuchá la tercera parte de la entrevista a Andrés Domínguez:
¿Cómo se resuelve esto? “El consenso social se plasma en las leyes. Hay que dejar de mirarse el ombligo y explicarle a la sociedad, con fundamentos. Hay que dar el debate. Los que están convencidos de que esto puede hacerse bien tienen que dar sus argumentos, y además hay que hacer un mejor esfuerzo jurídico del realizado hasta ahora. Faltan instituciones, y dejar de hablar entre nosotros que somos todos amigos y nos conocemos, y hablarle al que le teme al glifosato, que no es el agrónomo”.
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