La presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, pidió que las retenciones tengan un final establecido por una ley del Congreso y que “no vuelvan nunca más”. Lo planteó al abrir el Congreso Anual Ordinario de la entidad que comenzó hoy en Rosario, frente a los delegados de las federadas y el Secretario de Agricultura Sergio Iraeta, después de reconocer que la medida que tomó el gobierno de reducir las alícuotas a partir de 2027 “alivió un poco” pero no resulta suficiente.
Sarnari dijo que la entidad viene planteando, y seguirá haciéndolo, “la necesidad de reducir la carga fiscal que pesa sobre quienes producimos”. Y fue directa con las medidas transitorias: “Las medidas transitorias sin poner fin a las retenciones no alcanzan, lo hemos dicho desde siempre”. La dirigente se adjudicó parte del camino recorrido, al señalar que lograron “que una parte se entienda y se tome una medida que alivió un poco”, pero insistió en que “es necesario que tengan un fin, que ese fin sea por ley del Congreso y que no vuelvan nunca más”.
Después llegó la definición más dura del discurso sobre el tema. “Las retenciones son el peor de los impuestos, regresivo, distorsivo y de uso discrecional”, sentenció.
Sarnari aclaró que el reclamo de la Federación Agraria no termina en los derechos de exportación. “No alcanza con discutir solamente las retenciones, que son una parte del problema, grande, pero solo una parte. Tenemos que discutir toda la estructura tributaria que pesa sobre la producción”, afirmó.
Según explicó, los “impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales forman, en muchos casos, una carga que nos termina afectando especialmente a quienes producimos a menor escala”. Por eso pidió avanzar hacia “una reforma tributaria integral, que contemple la redistribución de los recursos para atender las necesidades esenciales de una Argentina que debe consolidar una agenda para el desarrollo que incluya a los pequeños y medianos productores”.
En ese capítulo tributario, la titular de la FAA se detuvo en las cooperativas, un sector que la entidad considera propio. Advirtió: “Vamos a defender el tratamiento diferencial que corresponde al cooperativismo y vamos a rechazar cualquier modificación tributaria que termine trasladando nuevas cargas sobre ellas y, en definitiva, sobre los productores que las integramos”. Y resumió la postura con una consigna: “Queremos más cooperativismo, no menos. Más productores asociados no menos”.
El reclamo impositivo se apoya en un diagnóstico sobre la rentabilidad. Sarnari sostuvo que “producir hoy es cada vez más complejo” y que en todo el país hay productores que “muchas veces terminan la campaña sin una rentabilidad que justifique semejante esfuerzo”. La lista de causas que dio incluye que “los costos de los insumos han aumentado, los arrendamientos pesan, la presión fiscal asfixia y el financiamiento es insuficiente o demasiado caro”.
Para cerrar el planteo, la dirigente aseguró que la Federación Agraria no busca ventajas. “No pedimos privilegios. Necesitamos condiciones para producir, con reglas claras y previsibles. Queremos planificar y necesitamos rentabilidad”, planteó.
En materia de semillas, la titular de la FAA ratificó la postura de la entidad frente al debate por una nueva legislación. Contó que constituyeron “una mesa de trabajo permanente con todas las entidades” y que hicieron una propuesta concreta: “No a Upov 91, sí a la modificación de la Ley de Semillas en el marco de Upov 78 con respeto indiscutido al uso propio”.
Sarnari aclaró que los productores quieren tecnología “y las mejores”, pero que “no podemos aceptar que la incorporación de tecnología termine convirtiéndose en una nueva carga que haga más difícil producir”.
Con el financiamiento como otro punto crítico, señaló que hubo algunos avances para el sector ganadero, “pero aún falta mucho para que todos contemos con posibilidades reales”. Y sumó un caso que la preocupó este año: “Vimos este año con preocupación cómo los arroceros, necesitando de esa inyección crediticia, no la pudieron conseguir y, como ellos, tantas otras economías regionales”. También vinculó el crédito con el recambio generacional, al advertir que los jóvenes no se van a quedar en el campo si no existen “herramientas para que puedan acceder a la tierra”.
La infraestructura ocupó un tramo extenso. “Hay productores que no pueden sacar su producción cuando llueve”, describió, y pidió que las tasas municipales se destinen “para lo que fueron recaudadas, y no tomar caminos diferentes (si me permiten la metáfora)”.
Sobre las rutas, apuntó contra el Gobierno nacional: “Años de desidia en materia de infraestructura y abandono de la obra pública por parte del Estado Nacional nos ponen en situación de emergencia y alerta”. Y advirtió que “queremos tener cosechas récord, pero para eso hay que preparar al país con puertos, con rutas, con trenes, con caminos rurales y con acopios con capacidad adecuada”. En la misma línea reclamó por la seguridad rural, con la exigencia de que “los delitos en los ámbitos rurales deben ser punibles con contundencia”.
Sobre las economías regionales, Sarnari enumeró sus problemas con frases cortas: “Costos altos. Distancias. Infraestructura. Y, en algunos casos, dificultades generadas por la apertura de importaciones”. Y remarcó que “cuando desaparece un productor regional no lo hace solo una explotación. Se debilita toda una cadena económica local”. Ante un año en el que “se avecinan tiempos climáticos difíciles”, planteó la necesidad de un seguro multirriesgo y anunció que trabajarán “para tener una norma a nivel nacional que nos brinde esa posibilidad de contar con seguros para todos los eventos climáticos”.
Cerca del final, el discurso se volvió más político. “Creemos en un Estado eficiente. Austero pero organizado, inteligente”, dijo Sarnari, y desde ahí planteó lo que llamó una “seria preocupación por el próximo presupuesto nacional”.
Sobre el INTA, fue puntual: “El proyecto del Ejecutivo, una vez más, deja al INTA en situación de incertidumbre de recursos para poder desarrollar investigación y ciencia aplicada en el territorio”. Y detalló: “Se le quita al INTA el mayor ingreso para su funcionamiento, pero el Estado lo seguirá recaudando, solo que será de las partidas generales y no destinados directamente al INTA”.
Para la dirigente, sería mejor que “el propio Instituto conserve su autonomía no solo funcional sino económica para definir sus estrategias en el marco de una política agropecuaria de investigación, desarrollo y extensión”. Y marcó el límite del reclamo: “No se trata de destruir herramientas, se trata de fortalecerlas”.
También pidió cuidar al SENASA, “indispensable para tener sanidad y calidad en nuestros productos, tanto los que consumimos los argentinos como los que exportamos al mundo”, y que cualquier simplificación se haga “con conocimiento de lo que sucede en el territorio, de la realidad del productor que trabaja en el monte o en la montaña, en la pampa húmeda o en regiones alejadas”.
Sobre el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, cuyo rol está en debate este año, Sarnari también fue tajante. “El IPCVA es un instituto donde se articula lo público y lo privado, buscando la apertura y consolidación de mercados internacionales, que mejoran los precios de nuestras vacas”, dijo, y recordó que “se abrieron mercados impensables como el chino en su momento, porque un pedacito de lo que vale nuestra carne hoy le corresponde al mercado europeo, otro al estadounidense y una gran parte al chino”.
Agregó que “el consumo interno está deprimido, por los costos, sí, pero también porque la conducta alimentaria de los consumidores cambió”, y que el Instituto colabora con sus promociones internas. Su conclusión fue clara: “Todo eso y mucho más cuesta dinero, sin recursos el IPCVA desaparece”. Y sobre el rumbo general de las reformas, sostuvo que “los cambios no son malos por sí mismos, pero cuando pensamos en modificar, desregular, transformar, necesariamente hay que pensar en los efectos”.
