En la provincia de Buenos Aires se está buscando replicar la experiencia uruguaya en lo relativo a la implementación de los planes de uso y manejo de suelos, que son obligatorios para aquellos que siembren más de 100 hectáreas y buscan promover las rotaciones de cultivos o pasturas para conservar la salud del recurso edáfico.
Sin embargo, cuestiones que funcionan bien en Uruguay no necesariamente son replicables en la Argentina, nación que, de alguna u otra manera, tiene un talento especial para terminar desvirtuando el espíritu de las políticas públicas.
La primera jornada de “A Todo Trigo”, evento organizado por la Federación de Acopiadores que se está realzando hasta mañana en Mar del Plata, fue escenario de un debate que despertó opiniones encontradas.
De acuerdo a lo postulado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), la erosión del recurso suelo –tanto hídrica como eólica– en esa provincia alcanza niveles más que preocupantes. Esto fue lo que motivó la presentación de un anteproyecto de ley, cuyo objetivo es mitigar aquel fenómeno.
“Los suelos de la provincia sufren degradación intensa a pasos agigantados. Hay mucha evidencia, no solo de los procesos de degradación más serios como la hídrica y eólica, sino también de la pérdida de su salud a lo largo de estos años, alcanzando serios problemas de sodificación por riego con aguas no aptas. Tenemos también compactación superficial como sub-superficial, no sólo por acción directa sino por esa misma sodificación”, expuso Guillermo Studdert, miembro de la Comisión de Conservación de Suelos de CIAFBA.
“Sabíamos que algo teníamos que hacer para recuperar los suelos o reducir la incidencia de esos procesos de degradación. Hoy existe una legislación general en la provincia que incluye al suelo de manera lateral o complementaria, pero no de forma específica. Por eso avanzamos con esta iniciativa, convencidos de que si queremos tener al suelo como aliado tenemos que preservar su salud”, añadió.
Aquel anteproyecto, según detalló, incluye puntos como la definición de distritos de conservación, la identificación de áreas críticas, la caracterización de sujetos responsables –tanto los tenedores de la tierra como quienes la producen-, la realización de planes de uso con dirección técnica profesionales, la aplicación de estímulos y sanciones, y la puesta en marcha de acciones de divulgación, promoción y capacitación sobre el cuidado del suelo.
Y para abordar un caso de éxito, el encuentro contó con la participación de Sebastián Mazzilli, miembro del INIA, en Uruguay. Según relató, aquel país cuenta con una ley de cuidado del suelo desde la década de 1980, que luego pasó por distintas adaptaciones en función de los cambios que se dieron en el negocio.
“El proceso fue exitoso por ser gradual, comunicado e institucionalizado, con controles efectivos”, remarcó el oriental. Además, dijo que “incorporó al propietario de la tierra a la discusión del uso del suelo, tuvo impacto en la valorización de tierras y rentas, y permitió avanzar en balances de carbono, nutrientes y otros indicadores”.
Sin embargo, otras voces aportaron un contrapunto al debate. Gabriel Vázquez Amábile aportó una mirada de preocupación sobre el posible abordaje que podría tener una ley de este estilo.
“En la intención estamos súper alineados. El suelo es el primer recurso que tenemos”, señaló el administrador de una empresa agrícola ganadera en el sudeste bonaerense e integrante del equipo compilador de la Tercera Comunicación Nacional y el Primer y Segundo Informe Bianual de Actualización de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina.
“La preocupación es la direccionalidad, que esto no se convierta en un impuesto. Buenos Aires no debe ser ajena a una política nacional. Tememos que esto se convierta en una VTV. Nos parece que se puede convertir en un impuesto al no partir de diagnósticos claros, porque una vez que empiece a correr la ley se requiere que eso se monitoree”, sostuvo el agrónomo”.
“Nos parece que estamos simplificando que la problemática es por falta de planificación o ignorancia del productor, y que sin aval de un profesional no podrá producir. Eso es un poco injusto. Sacar al productor es meterlo en una grieta que no tiene pies ni cabeza”, añadió.
Para ejemplificar, mencionó el impacto que tuvieron las medidas tomadas por los últimos gobiernos, que llevaron a un creciente abandono de la rotación con pasturas.
“Desde los 60 no hubo gobierno que no interviniera en el precio de la carne. Dejamos sin margen a la ganadería y es importante rotar con pasturas. Las intervenciones generaron costos crecientes, bajos márgenes, migración de la ganadería a la agricultura y reducción del área con pasturas en rotación. Abandonamos la rotación no por convencimiento sino por necesidad”, reflexionó.
En esta línea, concluyó que “el productor no mira otro canal, conoce la importancia del suelo, pero tiene que estar adentro (del debate), no lo podemos criminalizar”.
En esta línea, el asesor agrícola y ex ministro de Agroindustria de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, dijo que “nadie duda de que hay que tener un control. Hay leyes que funcionan en distintas provincias. Buenos Aires tiene esa burocracia, esa desconfianza, y el análisis del productor es genuino, no quiere que alguien venga y le haga un mapa de suelo o le ponga más exigencias”.
“Para que yo adhiera, lo primero es ‘marketinearla’ bien a la ley, mostrar que no es una invasión, que esa obligatoriedad no es una consecuencia del rigor. Hay que cuidar el suelo pero debe haber un equilibrio. De lo contrario habrá resistencia”.
Aún con estos intercambios, las palabras finales estuvieron a cargo de Studdert, quien resumió la preocupación de los especialistas: “Estamos en un momento crítico y si no hacemos algo vamos a perder a la gallina de los huevos de oro. Empecemos a cambiar, sea con ley o sin ley, La erosión sigue estando, más allá de lo que motivó la creación de CREA y Aapresid. Hagamos algo porque si no vamos a perder la posibilidad de trabajar”.
