La enfermedad de Aujeszky encendió nuevamente señales de alarma en la producción porcina argentina. El año pasado, su irrupción en la mayor empresa productora de genética y de carne de cerdos puso al sector privado en alerta e impulsó el reclamo por un plan de control de la enfermedad, pero por ahora se sigue expandiendo.
Los nuevos casos detectados en establecimientos de gran escala muestran que el problema sanitario ya no está limitado a pequeñas explotaciones familiares y que las fallas de bioseguridad pueden comprometer a una porción importante del stock nacional.
Así lo advirtió el consultor Juan Luis Uccelli, que en su último informe elaborado señala que 104 unidades productivas porcinas tienen la enfermedad activa, y que en total el riesgo alcanza a unos 503.246 animales.
El dato representa el 13,1% de los 3,83 millones de cabezas comprendidas en el registro analizado. De todos modos, Uccelli aclaró que la información no representa la totalidad de los establecimientos porcinos del país, sino aquellos que ingresaron al sistema de certificación, vigilancia o saneamiento de Aujeszky.
El informe contabilizó 1.108 unidades productivas: 587 figuran como libres, 391 están bajo vigilancia, 74 realizan saneamiento con vacunación, 19 lo hacen sin vacunación y 11 aparecen como infectadas. Además, hay otras 26 granjas en prórroga, una categoría que no se refleja en el gráfico de estatus del tablero oficial.
La preocupación no pasa solamente por la cantidad de establecimientos afectados, sino también por su tamaño. Las 74 granjas que realizan saneamiento con vacunación tienen un promedio de 5.782 cabezas cada una y concentran 427.884 animales. Eso significa que el problema se instaló también en unidades productivas comerciales de escala considerable, donde las consecuencias pueden tener una dimensión mucho mayor.
“En vez de avanzar, estamos retrocediendo”, planteó Uccelli. Según su análisis, desde fines de 2023, cuando comenzaron los rebrotes en establecimientos grandes, la enfermedad fue ganando terreno en sistemas productivos en los que antes no tenía esa presencia.
La situación tiene un epicentro en Córdoba. La provincia concentra 232.931 animales en establecimientos con problemas activos, el 46% del total nacional registrado en esa condición. Sobre un stock relevado de 1,1 millones de cabezas, alrededor del 21% se encuentra en saneamiento o en establecimientos infectados.
Buenos Aires y Santa Fe completan el mapa más comprometido. Entre las tres provincias reúnen el 97% de las cabezas en establecimientos con problemas activos. En contraste, Entre Ríos, cuarta provincia en cantidad de animales relevados, no registra unidades productivas en saneamiento ni infectadas dentro de este universo.
El consultor también puso la lupa sobre las posibles vías de ingreso del virus. Entre las hipótesis que analizan profesionales del ámbito público y privado aparece el transporte de animales y, en particular, las deficiencias en el lavado de camiones.
“Ese eslabón sigue demostrando debilidad, por no decir negligencia”, señaló Uccelli, que considera que deben reforzarse de inmediato las medidas de prevención. La enfermedad obliga a implementar planes de saneamiento y puede generar serios problemas en los establecimientos afectados, por lo que la inversión preventiva resulta clave para proteger la producción.
“No sirve de nada señalar culpables, es necesario que los dueños de los animales entiendan que cualquier inversión en bioseguridad es infinitamente más barata que dejar que ingrese la enfermedad”, remarcó.
