8 de octubre de 2023. Diana Mondino, por entonces candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, manifiesta en redes sociales que esa agrupación política estaba “completamente en contra de la agenda 2030”.
27 de diciembre de 2023. El gobierno de la Libertad Avanza, con Javier Milei como presidente y Diana Mondino como canciller, envía al Congreso un extenso proyecto legislativo que se encuentra completamente alineado con la denominada “agenda 2030”.
En el extenso texto del proyecto, denominado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, se establece un apartado denominado “transición energética” en el cual se propone que “a los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI) comprometidos por la Republica Argentina en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional en el marco del Acuerdo de París, facúltase al Poder Ejecutivo nacional a asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país para el 2030 y sucesivas”.
El texto en cuestión representa toda una innovación en la materia porque no existe ninguna legislación en el mundo que confiera tales atribuciones a un Estado nacional.
Pero la cosa no termina ahí. También se indica que el gobierno podrá “establecer anualmente límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país y asumiendo que existirá un porcentaje de nueva capacidad/producción/demandantes a los que también se les deberá asignar derechos de emisión sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio”.
Eso implica, por ejemplo, que el agro en general y la ganadería en particular recibirían una suerte de derecho anual de emisión de GEI y que, en caso de ser superado, el sector, a través de algún mecanismo institucionalizado, deberá compensar ese exceso de emisiones.
Por si queda alguna duda al respecto, el proyecto faculta al gobierno “a monitorear el avance en el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y, en caso de incumplimiento, penalizarlo”.
¿Cómo se abonarán las penalizaciones? Para eso se creará un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender bonos de carbono a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización.
Para eso, el gobierno podrá “establecer las reglas del mercado de derechos de emisión de GEI, la plataforma de registro de las transacciones y resguardar que no existan posiciones dominantes u oligopolio” (sic).
Tal normativa, en caso de ser implementada, será particularmente penosa para el sector agropecuario, dado que seguramente tendrá que terminar pagando penalizaciones o bien adquirir “bonos de carbono” para poder desarrollar sus actividades.
El estándar establecido por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) determina que una molécula de metano (CH4) es equivalente a 28 moléculas de dióxido de carbono (CO2).
Sin embargo, existe evidencia científica que indica que el metano generado por bovinos no puede ser considerado como un gas de efecto invernadero en términos equivalentes a dióxido de carbono porque forma parte de un ciclo natural. Eso porque, si bien es más potente que el dióxido de carbono, el metano es un contaminante climático de corta duración que permanece en la atmósfera durante aproximadamente diez a doce años antes de que se descomponga y se elimine.
En contraste, el dióxido de carbono de origen fósil permanece en la atmósfera durante siglos, lo que implica que las emisiones son acumulativas y contribuyen así a ser el principal impulsor del cambio climático.
Por otra parte, el último “Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero” de la Argentina correspondiente al año 2020 contabiliza para el agro emisiones provenientes de incendios naturales a pesar de que el protocolo del IPCC establece que sólo deben contemplarse las actividades humanas. Ese hecho, considerando la exigencia contenida en el proyecto de La Libertad Avanza, implicaría un perjuicio importante que seguramente terminaría provocando la salida de los productores más pequeños del sistema productivo.
El esquema propuesto no tiene pies ni cabeza. Arranca con un inventario de emisiones confeccionado por el gobierno saliente con cuestionables interpretaciones de las directivas del IPCC, que en el nuevo IBA5/2020 -con la imputación del 45% de las emisiones totales- sitúan al sector AGSOUT (Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra) a la par de las emisiones del sector energético, cuando en el promedio mundial estas suelen fluctuar entre 10-15% y 75-85% respectivamente. Además, las emisiones del sector AGSOUT informadas para 2020 aumentan a 170 MtnCO2e muy por encima de las 143,2 MtnCO2e del IBA4/2018, con un importante incremento al parecer atribuido a incendios de bosques, cultivos y pastizales causados por el cambio climático. Esto aleja al país del compromiso de reducir para 2030 sus emisiones totales a 349,9 MtnCO2e (es decir, 16 MtnCO2e menos que las del inventario total correspondiente a 2018). Paradójicamente, -con las nuevas normativas propuestas- se pretendería cargar al sector AGSOUT (que es el principal perjudicado), la remediación de los desastres ambientales causados principalmente por las emisiones fósiles.
Todo esto es control a la sociedad. La libertad carajo !!! Se esta yendo al carajo.