Esta semana el gobierno argentino publicó el “Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero” correspondiente al año 2020 con una estimación de emisiones totales a nivel nacional de 376 Mt CO2e versus 366 en el año 2018 (la medición inmediata anterior publicada en 2021).
La estimación, realizada en función de los criterios establecidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones unidas (IPCC por sus siglas en inglés), muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los sectores energéticos e industriales disminuyó en 2020 respecto de 2018, lo que no representa una sorpresa, porque debido al encerramiento, producto de la pandemia, el nivel de actividad económica se derrumbó ese año.
Sin embargo, el crecimiento de las emisiones de GEI se explica por el rubro denominado “Agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra”, es decir, el “agro” en términos generales.
Al poner la lupa en cada sector, puede verse que –de acuerdo al documento– la ganadería mantuvo su nivel de emisiones, al tiempo que la agricultura los incrementó levemente. La gran diferencia reside en el rubro “cambio de uso de suelo”.
El informe indica que en 2020 se deforestaron 332.000 hectáreas, según datos provistos por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Pero al revisar el informe sobre “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de la República Argentina”, de donde surge el dato de las 332.000 hectáreas deforestadas, puede verse que el 53,7% del área “deforestada” en realidad corresponde a sectores que sufrieron incendios durante 2020, los cuales, a pesar de no poder identificar el origen de mismos, se clasifican todos como actividades “antropogénicas”.
En tanto, el 27,8% del área relevada satelitalmente como deforestada se pudo identificar con destino a uso agropecuario, mientras que otro 6,9% se relacionó con uso silvopastoril; en el resto del área no pudo ser determinado el uso de cambio de la cobertura forestal.
El propio documento elaborado por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal menciona que “los datos presentados en este informe fueron oportunamente comunicados a las autoridades locales de aplicación de las distintas jurisdicciones para que puedan revisar y confirmar la información generada, como así también realizar las intervenciones administrativas, de control o judiciales que correspondieren”.
Y especifica que, ante la consulta realizada, se obtuvieron respuestas por parte de las autoridades de las provincias de La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego.
“Por su parte La Pampa, indica que la mayoría (81%) de la superficie reportada se corresponde con áreas afectadas por incendios, fuegos o áreas con quemas prescriptas autorizadas por las Dirección General de Defensa Civil, un 18% se trata de áreas con intervenciones mecánicas autorizadas y el 1% restante sin autorización sobre las cuales la provincia procederá a realizar las inspecciones pertinentes”, comenta el documento.
“San Luis centró su análisis en las zonas informadas en categoría I (alto valor de conservación), indicando que el 98% de las mismas corresponden a incendios naturales cuyo impacto se encuentra siendo monitoreado”, añade.
“Asimismo, Tierra del Fuego informó que de la superficie reportada casi la totalidad de los casos se corresponde con intervenciones antrópicas o fenómenos naturales donde no se produce una pérdida total de la superficie boscosa y donde se espera que el bosque se recupere mediante regeneración natural, teniendo en cuenta que existe un riesgo de falla en este proceso por factores tales como la herbivoría o el aprovechamiento inadecuado que favorecen procesos de regresión”, reporta el documento.
En síntesis: es muy probable que el incremento de las emisiones de GEI informadas el “Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero” correspondiente al año 2020 se deba en gran medida a la contabilización de emisiones provenientes de incendios naturales a pesar de que el protocolo del IPCC establece que sólo deben contemplarse las actividades humanas.
