La semana pasada el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto oficial que reduce el uso de biocombustibles para cortar las naftas y gasoil. El corte de esos hidrocarburos con etanol de maíz y biodiésel de soja se reduce de 10 a 5% y hasta podría llegar hasta un magro 3% en caso de que haya situaciones excepcionales.
Con esta nueva normativa, que le da marco legal al sector por los próximos 10 años, al achicarse el negocio se pone en riesgo el funcionamiento de muchas empresas pymes nacidas en los últimos 15 años. La producción de biocombustibles fue quizás la última industria que se creó en la Argentina. Surgió en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner al calor de la ley 26.093 y se tradujo en el desembolso de inversiones millonarias.
Alejandro Abad, presidente de Cepreb, la Cámara de Empresas Elaboradoras de Biocombustibles, dijo que “el lado positivo” de contar con una nueva ley es “que da marco regulatorio para que exista el sector por 10 años”. Pero de inmediato aclaró que “la parte negativa es que hay un retroceso importante en los volúmenes (de producción) y eso hará que la plantas produzcan al 50% o lo que es peor, que gran cantidad de ellas cierren”.
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El empresario explicó que en el país se instalaron 26 pymes productoras de biodiésel, algunas cerca de los puertos pero otras -por el incentivo fiscal que dio la ley- en provincias periféricas con la intención de mejorar su desarrollo industrial. Hay fábricas en las provincias de San Luis o La Pampa que “son mucho más vulnerables y no pueden tener el mismo nivel de eficiencia por los costos logísticos”.
Abad no pierde las esperanzas de una corrección en este camino de achicamiento. “Ojalá haya un camino por el cual a través de reglamentaciones se puede subir el corte, que no solo es un tema es un desarrollo de estas 26 empresas sino por el cumplimiento de compromisos (asumidos por el país) en cambio climático, energías renovables. Cuando el mundo hace pasos hacia adelante nosotros hacemos pasos atrás”, explicó.
El titular de Cepreb destacó que la política con esta ley terminó favoreciendo a las empresas petroleras, que ahora tendrán una porción mayor del mercado de combustibles en perjuicio también de otras industrias que se desarrollaron de la mano de las de biocombustibles.
“Con la ley anterior se desarrollaron 26 empresas y las que proveían materias primas para esas industrias, como el metilato de sodio; se dio salida al metanol que produce YPF; se establecieron empresas que procesan subproductos como la glicerina. Era un mercado virtuoso de industrialización y cuesta creer que se desande ese camino”, lamentó el empresario.